De presa en Devoto a jueza de la Corte

Eran las 3 de la madrugada del 24 de marzo de 1976 y un comando del Ejército derribó la puerta de su casa. Los siguientes nueve meses marcaron para siempre la carrera y la personalidad de Carmen María Argibay.

La ahora candidata oficial para cubrir una vacante en la Corte tenía 36 años cuando se sumó a la lista de "desaparecidos", pero después de un tiempo y de un susto cardíaco la dictadura la blanqueó en la cárcel del Devoto.

"Dijeron que me venían a buscar por orden de la Junta Militar. Todavía no me dejaron ver el expediente ni sé cuáles fueron los motivos", repite Argibay cada vez que rememora aquellos meses. Su madre, Ana, que aún vive y toca el piano a los 93 años, fue testigo de aquella noche oscura.

Argibay era secretaria general de la Cámara del Crimen y conocía desde el otro lado del mostrador a varios de los presos de Devoto, a los que debía visitar. Inquieta, terminó por dar clases de francés en la cárcel.

Su visión de las rejas, pero desde adentro, reforzó su postura más cercana a lo que algunos llaman, con simpleza, "el garantismo".

"Cuando retornó la democracia, le ofrecieron un cargo judicial y ella no sabía si debía aceptar. Pero luego decidió asumir porque comprendió que tras su paso por Devoto pensaría más y mejor antes de enviar a alguien a prisión", afirma un familiar.

El 8 de junio de 1984, siete días antes de cumplir 45 años, juró como titular del Juzgado "Q" en lo Criminal de Sentencia de la Capital. Allí revalidó su fama de mujer tenaz, laboriosa y honesta que había forjado desde su primer ingreso en la Justicia, en 1959. Empezó como "pinche" mientras estudiaba Derecho en la UBA y al graduarse recibió su primer cachetazo profesional por una cuestión de género.

La secretaría del juzgado en el que trabajaba estaba vacante. Ella era una fija según los que la rodeaban, pero el juez se negó. "Porque era mujer. Entonces pedí el traslado", rememoró luego Argibay.

Pronto, y ante las puertas que se cerraban, se volcó por unos años a la profesión privada, donde uno de sus primos comenzaba a descollar: Pablo Argibay Molina, que patrocinó en los 90 a uno de los empresarios más polémicos del país, Alfredo Yabrán.

"Los dos se respetan y se quieren mucho, aunque Pablo es cuatro años menor y no interactuaban demasiado entre ellos. De chico, él jugaba más con un hermano menor de Carmen. Pero tampoco jamás se metieron el uno con el otro. ¿Yabrán? Ella respeta el derecho de defensa de todos", confió un segundo familiar de ambos, que trabaja con Argibay Molina.

"Personalidad constante"

"Además, es muy difícil que ella tenga problemas con alguien. Tiene una personalidad muy constante. No es necesariamente parca, pero sí muy estable, con don de gentes", afirma.

Argibay es conocida por algunos rasgos de su vida. Jamás se casó por decisión; es una lectora voraz y una fumadora empedernida; de memoria prodigiosa, habla inglés, francés y algo de alemán; disfruta de la música clásica, toca el violín y ama los desafíos que deparan los rompecabezas.

"Sólo considero superior a quien me supera intelectualmente", dijo Argibay hace un par de años, al criticar a los entonces integrantes de la Corte, aunque la frase denota mucho más.

Su padre, fallecido en 1975, tuvo mucho que ver con su forma de ser. Médico, ministro de Salud tras la revolución de 1955, vetó el ingreso de la televisión en su hogar y promovió que sus hijas fueran a la Universidad.

Su vocación fluctuaba entre el Derecho y otras opciones humanísticas. "Decidió estudiar abogacía porque sentía que era la forma de cambiar algunas cosas que no le gustaban", comentó un allegado. Eso la llevó a retornar dos veces a la Justicia y abandonar la actividad privada.

Se reintegró a principios de los 70 como secretaria interina en la justicia de instrucción, luego ejerció como secretaria tutelar en Instrucción de Menores, y en 1974 asumió como secretaria de Superintendencia en la Cámara. Pero su primer hito profesional llegaría un año después.

En 1975 se convirtió en la primera mujer a cargo de una secretaría de la Cámara del Crimen. Ascendió a secretaria general y allí estaba cuando irrumpieron los militares en su departamento de siempre en Recoleta.

En 1984, tras su paso por Devoto y otro período en la profesión privada, asumió como jueza. Y el 30 de diciembre de 1988 juró en la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional, donde departió con quien este año podría ser, otra vez, su colega: Eugenio Raúl Zaffaroni.

En 1992, cuando cambió el procedimiento penal, pidió el pase y un año después integró el Tribunal Oral en lo Criminal N° 2 de la Capital Federal, junto a José Massoni, luego titular de la Oficina Anticorrupción.

Con Massoni y otros 31 jueces de distintos fueros, solicitó a la Corte Suprema en 1997 que sus declaraciones juradas de bienes se hicieran públicas y se pusieran a disposición de quienes desearan consultarlas, con objeto de ayudar a "transparentar la Justicia".

Ni radical ni peronista, su causa es el feminismo, por lo que fue presidenta de la Asociación Internacional de Mujeres Jueces, fundada en 1993.

Se define como "atea militante" y considera que el aborto no debe reprimirse, lo que le deparará las críticas de sectores jurídicos y eclesiales. "Creo que la mujer tiene la necesidad y el derecho de decidir sobre su propio cuerpo. En esta materia hay una posición mental totalmente retrógrada", dijo hace poco a la prensa.

Aboga por los derechos humanos y decidió pelear por ello en la arena internacional. En junio de 2001 fue elegida por la Asamblea General de las Naciones Unidas jueza ad litem del Tribunal Penal Internacional, con sede en La Haya, uno de los cargos judiciales más importantes y deseados del mundo, con una meta fija: juzgar los crímenes de guerra cometidos en la ex Yugoslavia.

Experiencia en ese campo tampoco le faltaba. En diciembre de 2000 había integrado el Tribunal Internacional sobre Crímenes de Guerra de Tokio, que por primera vez en 50 años juzgó y condenó, sin fuerza coercitiva, a los soldados japoneses que violaron mujeres en forma sistemática durante la Segunda Guerra Mundial.

Después de ese fallo, Japón reconoció su responsabilidad jurídica por aquellos crímenes y la propia Argibay comentó a LA NACION un fundamento que parece anticipar su posición sobre la eventual anulación en la Corte Suprema de las leyes de obediencia debida y punto final: "Al haberse ocultado estos hechos sin juzgarlos (por las violaciones cometidas por soldados), se propicia la idea de que son consecuencia inevitable de la guerra, porque en ella todo está permitido".

Por Hugo Alconada Mon

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