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Del fraude patriótico al apriete
Frente a una demanda judicial absurda, pueden derivarse dos opciones: el rechazo de plano por parte del juez interviniente o requerimientos judiciales tan absurdos como la posición del demandante. Es esto último lo que se ha evidenciado con el oficio enviado por el juez Alejandro Catania a varios diarios, para que suministraran los datos de todos los periodistas que hayan publicado noticias vinculadas a índices inflacionarios de la Argentina desde 2006 hasta hoy.
Tal vez no sea intención del magistrado amedrentar al periodismo con el fin de que el único índice de inflación que se difunda sea el oficial, el del Indec. Pero, probablemente sin quererlo, el juez les esté haciendo un nuevo daño a las instituciones de la República y a la libertad de expresión.
Pocos actos, sin embargo, pueden ser más dañinos que los promovidos por Guillermo Moreno , quien ha buscado generar un estado de intimidación entre las consultoras e institutos privados que realizan estudios sobre la evolución de los precios, en todos los casos más creíbles que los difundidos por el Indec.
Moreno alega que las consultoras agrandan con malicia el aumento del costo de vida con el fin de favorecer a los poseedores de títulos públicos que se indexan por la inflación. Se trata de un argumento absurdo por el hecho de que el índice por el cual se ajustan esos bonos se basa en las estadísticas oficiales del Indec y no en las de consultoras privadas.
El secretario de Comercio, para demandar penalmente a las consultoras, recurrió un artículo de la ley de lealtad comercial, que prohíbe "la realización de cualquier clase de presentación, de publicidad o propaganda que mediante inexactitudes u ocultamientos pueda inducir a error, engaño o confusión respecto de las características o propiedades, naturaleza, origen, calidad, pureza, mezcla, cantidad, uso, precio, condiciones de comercialización o técnicas de producción de bienes muebles, inmuebles o servicios".
Curiosamente, el mismo argumento podría usarse en contra del Indec, en tanto más de un dirigente kirchnerista se ha jactado de que el falseamiento de las estadísticas de inflación por el Gobierno le ha permitido al país ahorrarse el pago de miles de millones de dólares en intereses variables de la deuda pública. En otras palabras, lo que hace el Indec es una suerte de fraude patriótico, cuyas víctimas son los propios argentinos, dado que los bonos en pesos ajustables por inflación están mayoritariamente en manos locales.
La estrategia del fraude va de la mano del apriete. Ya han caído los economistas privados. ¿Será ahora el turno de los periodistas?
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