Demanda a la Corte por el ingreso por concurso a la Justicia

Fuente: Archivo
Es por la demora en la reglamentación de la ley que define el mecanismo de acceso
María Belén Álvarez Echazú
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28 de mayo de 2018  

Un abogado presentó una acción de amparo colectivo contra la Corte Suprema para que "se la condene, en su carácter de autoridad de aplicación, a reglamentar la ley 26.861, de manera que permita su puesta en funcionamiento". En otras palabras, un abogado se presentó ante la Justicia para que un juez le ordene al tribunal que preside Ricardo Lorenzetti que regule la ley que estipula el ingreso de nuevo personal al Poder Judicial a través de concursos y criterios objetivos, vigente desde hace casi cinco años.

"Que vengo por el presente a iniciar demanda por vía de amparo contra la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en calidad de afectado individual e invocando la representación de todo el colectivo de abogados interesados a ingresar legítimamente al Poder Judicial de la Nación y Federal, por verse afectado nuestro derecho a un ingreso igualitario a tales estamentos públicos en razón de la omisión inconstitucional de casi cinco años de reglamentación necesaria de la ley 26.861", reza el escrito presentado por Iván Verdún.

Con fecha 31 de mayo de 2013 fue promulgada la ley de ingreso democrático e igualitario de personal al Poder Judicial de la Nación y Ministerio Público (ley 26.861), como parte de la reforma judicial, promovida en ese entonces por la presidenta Cristina Kirchner. Los ministerios públicos, de la mano de la exprocuradora Alejandra Gils Carbó y la defensora Stella Maris Martínez, reglamentaron y pusieron en marcha la ley para sus dependencias en cuestión de meses. Pero la Corte Suprema, no.

En ese sentido, el abogado que presentó su escrito ante la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo -que ya quedó radicado en el Juzgado N° 9, cuyo titular es el juez Pablo Cayssials- sostuvo: "La citada normativa [ley 26.861] vino a llenar un vacío existente en el ámbito judicial federal, tendiente, ni más ni menos, a promover al cumplimiento de la manda dispuesta por el artículo 16 de la Constitución nacional, en cuanto al ingreso a los cargos públicos por idoneidad". A lo que agregó: "En contraposición con la celeridad que demostraron tales entes [ministerios públicos] en cumplir con la voluntad del Congreso, al día de la presentación de esta demanda, y habiendo transcurrido casi cinco años, el máximo tribunal aún no ha procedido a dictar la reglamentación que permita la puesta en efectivo funcionamiento de la ley".

El mecanismo de ingreso de los empleados al Poder Judicial no se diferencia del mecanismo de ingreso del resto de los empleados públicos en los otros poderes del Estado: contratación directa. La diferencia radica en que, además de la orden constitucional que establece un ingreso sobre la base de la idoneidad, el Poder Judicial cuenta con una ley sancionada hace cinco años que lo obliga a poner en marcha un mecanismo de ingreso por concurso.

Una de las mayores críticas que suele enfrentar la Justicia son las designaciones de familiares. Un caso testigo, a modo de ejemplo, es la polémica designación de la hija de la única jueza ante la Corte Suprema, Elena Highton de Nolasco. Elenita Nolasco primero fue secretaria letrada de la vocalía de Lorenzetti, para a fines de 2015 pasar a ser designada secretaria de Relaciones de Consumo del mismo tribunal.

El reglamento para la Justicia nacional, del año 1952, solo prohíbe la designación de "los cónyuges y parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o afinidad de los magistrados o funcionarios titulares bajo cuya dependencia inmediata deban prestar servicios". En el caso de Elenita Nolasco, se argumentó que la Secretaría de Consumo no depende "estrictamente" de su madre.

"[La Corte Suprema] sí tuvo tiempo necesario y dedicación para crear más comisiones y secretarías en su ámbito, aumentar las planta de juzgados nacionales, organizar eventos corporativos a nivel inaudito -como se publica diariamente en la web oficial- e incluso llamar a concurso público para peritos en materia de corrupción, así como dictar reglamentaciones de todo tipo", apuntó el abogado.

Asimismo, y según pudo verificar este diario, no es la primera demanda que el abogado presenta para poner en marcha un ingreso sobre la base de concursos dentro Poder Judicial. En diciembre del año pasado, también interpuso un amparo colectivo para que se condene al Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires a que aplique el "reglamento para concursos, promoción e ingreso del personal en el ámbito de las dependencias judiciales", que ese organismo dictó en 2005, pero nunca aplicó.

Ricardo Lorenzetti

Presidente de la CSJN

La CSJN omite desde hace cinco años reglamentar la ley de ingreso democrático al Poder Judicial de la Nación, que establece el ingreso de personal mediante concursos y criterios objetivos

Eduardo Casal

Procurador interino

Tanto la Procuración General como la Defensoría, que lidera Stella Maris Martínez, reglamentaron y pusieron en marcha en cuestión de meses la ley de ingreso democrático para el personal

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