
Denuncian a dirigentes piqueteros del MTR
Mathov los acusó de extorsión
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El Gobierno pidió al juez federal Jorge Ballestero que investigue si el Movimiento Teresa Rodríguez (MTR), uno de los sectores más combativos de los piqueteros, extorsionan a los trabajadores para que concurran a los piquetes, bajo amenaza de privarlos de los planes Trabajar.
La presentación, que lleva la firma del secretario de Seguridad, Enrique Mathov, fue efectuada al juez en la mayor de las reservas, a las 18.
Con ella, el Gobierno pretende dar una vuelta de tuerca a la estrategia que inició la semana última, cuando formuló otra denuncia, mucho más amplia, acusando a los piqueteros de desplegar una operación para alterar el orden público, cometer numerosos delitos e impedir que las autoridades ejerzan sus funciones de gobierno.
Les toman el presente
Ayer, Mathov se comunicó con Ballestero y le anticipó acerca de la nueva presentación, en la que se transcribe una desgrabación del programa "Después de hora", que conduce Daniel Haddad, donde varias personas acusaron al MTR de coaccionarlas para que concurrieran a los piquetes.
Esas personas dijeron que se les tomó el presente al llegar al piquete y que no faltaron porque, si no, perderían el beneficio asistencial. Además, un integrante del movimiento -que es un desprendimiento de la Corriente Clasista y Combativa- reconoció ante las cámaras de televisión que parte de las denuncias era cierta.
La presentación está en la línea de las últimas acusaciones públicas que formuló la ministra de Trabajo, Patricia Bullrich, que anunció el envío de 500 auditores a los lugares donde se realizan los cortes para que averigüen si los beneficiarios de esos planes fueron objeto de coerción.
Juan Carlos Alderete, dirigente de los desocupados, en respuesta a los controles anunciados, sostuvo que "es el Gobierno y no los piqueteros" quien reparte los planes sociales. Pero Bullrich, en una conferencia de prensa que brindó en Trabajo, ratificó que enviará inspectores a distintos puntos del país.
Ayer, en el Gobierno evaluaban que la presentación de la semana última y la realizada ayer eran suficientes para que se mantuviera en alerta la justicia federal.
De esa manera, el Gobierno quiere contar con un elemento de disuasión, al que las fuerzas de seguridad planean darle intervención en caso de que se cometa algún delito.
De todos modos, el juez interviniente quizá no sea Ballestero, sino Gabriel Cavallo.




