Denuncian un nexo entre el juez Farah y Cristóbal López

Eduardo Farah, el camarista que sentenció con su voto la liberación de Cristóbal López , quedó bajo sospecha por una relación personal con un exempleado de Casino Buenos Aires, una firma del empresario kirchnerista para la explotación de juegos del azar. Así lo denunció ayer la diputada Elisa Carrió ante el Consejo de la Magistratura.

El abogado Jorge Mazzaglia fue director de Casino Buenos Aires -sociedad que explota el casino flotante de Puerto Madero- hasta 2003, según los registros societarios que revisó LA NACION. La relación culminó formalmente hace 15 años, pero desde el entorno de Carrió sostienen que los vínculos personales persisten hasta la actualidad.

Según pudo comprobar LA NACION, dos hijos de Jorge Mazzaglia trabajan en la Sala II de la Cámara Federal de Apelaciones, el mismo tribunal que benefició a Cristóbal López. Ambos fueron nombrados en la Sala II, donde se desempeña el camarista Farah desde 2008. Matías Mazzaglia (32 años) y su hermano Marcelo (30) fueron contratados como secretario de la Cámara Federal y como secretario de juzgado, respectivamente.

"Los chicos están haciendo carrera judicial. Ni ellos ni su padre vieron nunca en su vida a Cristóbal López", se defendieron desde el entorno de Mazzaglia. Y explicaron que el abogado trabajó para la empresa española Cirsa, que fue socio de Cristóbal López en Casino Buenos Aires. "Nunca trabajó para él. Era un hombre de Cirsa. ¡Pero eso fue hace 15 años!", lo defendieron.

Sin embargo, Carrió sostiene que Mazzaglia fue parte de una maniobra para asegurar el voto de Farah en el fallo que culminó con la liberación de López. ¿Qué relación tienen Farah y Mazzaglia? "Es un abogado que trabaja hace décadas en Comodoro Py", respondieron desde el entorno del abogado.

Como también ocurre con el juez Farah, este abogado es asociado casi inmediatamente en los tribunales porteños con el operador judicial kirchnerista Javier Fernández. Mazzaglia se desempeñó en la Auditoría General de la Nación (AGN) entre 2014 y 2017, el organismo donde se desempeña Fernández. También trabajó allí uno de sus hijos antes de desembarcar en la Justicia.

Desde la AGN, Fernández también supo emplear a la hijastra de Jorge Ballestero, el otro camarista que votó a favor de la liberación de Cristóbal López, según el propio Fernández reconoció en una entrevista con LA NACION.

Carrió incluyó en su presentación una acusación más detallada sobre Ballestero. La diputada entregó información sobre la compra de un departamento de 190 m2 sobre la avenida Figueroa Alcorta realizada en 1995. La propiedad fue declarada por el juez con un valor fiscal de $900.000, una cifra por debajo de los números de mercado.

Ballestero

"Pese a que el Dr. Jorge Ballestero fue sobreseído, las actuaciones pusieron entonces en evidencia que el magistrado logró adquirir el costoso departamento dúplex ubicado en Avda. Figueroa Alcorta mediante un 'generoso' préstamo hipotecario que le otorgó el Banco Macro", escribió Carrió en la denuncia.

Ballestero, camarista federal desde 2008, es el juez con mayor patrimonio declarado en Comodoro Py. Informó bienes por $12 millones, un crecimiento del 183% con respecto al año anterior. Lo que multiplicó su patrimonio fue una operación comercial vinculada a otra propiedad. Desde su entorno explicaron que Ballestero vendió una casa en el Club Mayling de Pilar.

La mansión de 230 m2, que había sido declarada en 2015 con un valor fiscal de $1.669.000, fue vendida por medio millón de dólares. El juez declaró esa cifra entre sus depósitos bancarios. "Fue una operación totalmente lícita. Está todo en el banco y declarado", remarcaron cerca del magistrado.

Traslados

El Consejo dio ayer el primer paso para investigar si existieron irregularidades en la composición de la Sala I de la Cámara Federal que benefició a Cristóbal López, tal como lo ordenó la semana pasada la Corte Suprema.

A pesar de la resistencia del peronismo, el oficialismo aprobó darle impulso a la investigación en la Comisión de Acusación y Disciplina. El juez Leónidas Moldes instruirá el expediente en el Consejo.

Pero mientras procesa la información que recibe por el caso de Cristóbal López, el Consejo avanza con otro tema que generó polémica: la acordada de la Corte Suprema que dispuso anular la composición del Tribunal Oral Federal N° 9.

El oficialismo convocó a un plenario extraordinario para tratar el tema, que podría generar una catarata de repercusiones en distintos tribunales orales que fueron compuestos por jueces nacionales subrogantes.