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Desaparecidos: hasta ahora hay 15.000 casos comprobados
Hubo 30.000, dijo la subsecretaria Conti
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Las investigaciones sobre el destino de las víctimas de la última dictadura militar permitieron comprobar oficialmente hasta ahora que hubo, al menos, 15 mil casos de detenidos-desaparecidos del total de 30 mil que estiman las entidades de derechos humanos y organismos oficiales, anunció ayer la subsecretaria de Derechos Humanos de la Nación, Diana Conti.
La cifra es el resultado de la recolección de información para el nuevo informe sobre los desaparecidos -Conadep II- que intenta ampliar la información presentada en 1984 en el informe Conadep, conocido como Nunca Más. Hasta septiembre del 84, la comisión logró identificar 8961 nombres de personas desaparecidas, 2510 nombres de personas vistas en lugares de cautiverio y 361 centros clandestinos de detención.
A posteriori, se denunciaron otros 621 casos y se comprobó el destino de muchas víctimas.
Durante la gestión de la anterior subsecretaria de Derechos Humanos, la peronista Alicia Pierini, se estableció que los centros clandestinos fueron más de 600.
El nuevo informe fue un proyecto del gobierno delarruista para dar una versión actualizada. Es una síntesis corregida y digitalizada de la información sobre la represión ilegal que existe desde 1984 a la fecha.
"Ya hay 15 mil desaparecidos oficiales -dijo Conti-. Los números que se agregaron fueron en función de los familiares que se atrevieron a contar lo que les pasó mucho después del cierre del primer informe, de los casos que se acercaron a presentar datos ciertos para cobrar las indemnizaciones y de los datos que surgieron en los juicios por la verdad que se están llevando adelante en distintos puntos del país".
Afirmó que tanto el Gobierno como los organismos de derechos humanos están convencidos de que la cifra real es de 30.000 desaparecidos.
"Los datos del resto de esas víctimas los seguimos buscando, pero los efectos psicológicos que tuvo lo que pasó en la Argentina durante la dictadura fueron distintos y hay muchos familiares que no quieren conocer qué pasó y por eso nunca se han acercado a denunciar esas desapariciones como tales", explicó.
Comisión israelí
Conti hizo estos anuncios luego de reunirse con los integrantes de la comisión israelí que investiga el destino de los desaparecidos judíos durante la dictadura.
En el encuentro se hizo entrega a la comisión de 1500 fichas con los datos de los detenidos-desaparecidos de origen judío que fueron reunidos por la Conadep II, dijo Conti a LA NACION.
La cifra eleva el porcentaje de desaparecidos de origen judío al 10 por ciento del total. Se cree que hubo 2000 judíos entre los 30.000 detenidos-desaparecidos, confirmó Pinjas Avivi, encargado para América latina de la cancillería israelí y titular de la comisión.
Conti también entregó a la comisión la información resultante de los juicios por la verdad actualmente en marcha, relativa a casos de desaparecidos judíos, y un documento que reseña la historia de la gestión en derechos humanos de los gobiernos de Raúl Alfonsín, Carlos Menem y Fernando de la Rúa.
La información había sido requerida al Gobierno por la cancillería israelí. A cambio, la comisión ofreció acceso a los testimonios de víctimas de la dictadura y de familiares de desaparecidos que tomó en Israel y que recibe en estos días en Buenos Aires.
También les permitirá acceder a los documentos secretos del gobierno israelí sobre la última dictadura argentina, si es que la comisión logra su declarado objetivo de hacerlos públicos antes de los 30 años establecidos por ley.
El paso de la comisión por Buenos Aires, para tomar testimonio a 50 familiares de desaparecidos judíos o víctimas de la represión clandestina, despertó controversias.
Un periodista judío, Herman Schiller, se negó a testimoniar ante la comisión. "No queremos ser cómplices de la autoamnistía que el gobierno israelí ha desatado para blanquear su complicidad con la dictadura, especialmente a raíz de la venta ilegal de armas", argumentó.
Declaración de Massera
- El ex almirante Eduardo Massera llegó ayer en ambulancia al juzgado federal de Claudio Bonadío -para evitar "cualquier descompensación", según sus defensores- y en los 40 minutos de la audiencia se negó a declarar. Sólo entregó una nota en la que se negó a responder a la acusación de haberse apropiado de bienes de desaparecidos porque, dijo, ya fue juzgado por ese delito. Negó haber encabezado una asociación ilícita y pidió al juez que investigue al periodista Juan Gasparini, que figura en la causa como víctima, por su pasado en Montoneros.
