Desestiman una denuncia contra Vilma Ibarra
Diputados opositores la habían acusado de coaccionar a magistrados cuando la secretaria de Legal y Técnica dijo que Fernández no iba a usar “carpetazos” de la AFI
LA NACION
La Justicia desestimó por inexistencia de delito una denuncia contra la secretaria Legal y Técnica de la presidencia Vilma Ibarra que había sido acusada por diputados de la oposición de amenazar a magistrados por unas declaraciones públicas en las que dijo que el presidente Alberto Fernández “podría usar información de la AFI “para apretar jueces y no lo hace”.
El juez Marcelo Martínez de Giorgi, tras un dictamen en ese sentido de la fiscal Alejandra Mángano, desestimó la denuncia que habían realizado los legisladores diputados Waldo Wolff, Fernando Adolfo Iglesias, Jorge Ricardo Enríquez, Omar De Marchi, Pablo Torello y Alvaro de Lamadrid.
Dijeron que Vilma Ibarra pudo haber realizado una velada amenaza a los jueces, sobre quienes se podría ejercer una presión para que fallen de acuerdo con los deseos e intereses de los funcionarios del Poder Ejecutivo.
En rigor, lo que dijo Vilma Ibarra en televisión fue: “Si la idea de que los Poderes Ejecutivos presionan a los jueces, este era el momento para que el Presidente hiciera lo mismo; Alberto Fernández podría usar carpetazos de la AFI y no lo hace, no es el camino en el que cree, no es la política de nuestro gobierno”.
La fiscal Mángano propuso desestimar la denuncia por inexistencia de delito, al entender que la afirmaciones de Ibarra eran “meras expresiones personales y políticas, características del debate público democrático que, como tales, no logran configurar delito previsto”. Y recordó que la figura de coacción requiere un análisis delicado para no tropezar con el derecho a la libertad de expresión.
“Las eventuales amenazas proferidas deberían tener entidad para lograr amedrentar y obtener una determinada concesión por parte de algún miembro de un poder público -en este caso los jueces nacionales”, dijo el juez y las expresiones de Ibarra deben estar señalo “protegidas por el derecho a la libertad de expresión” y no alcanzan para configurar un delito.
“Corresponde proceder a la inmediata finalización de este proceso, que carece del impulso necesario”, concluyó Martínez de Giorgi y desestimó la denuncia.
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