Detectan anomalías en la campaña 2003

A casi dieciocho meses de las últimas elecciones presidenciales, las rendiciones de cuentas de los gastos de campaña de los principales candidatos siguen sin cerrar. No cierra la del presidente Néstor Kirchner, no cierra la del ex presidente Carlos Menem ni tampoco la del diputado nacional Adolfo Rodríguez Saá.

Así lo hizo saber el fiscal federal con competencia electoral Jorge Di Lello, que pidió anteayer a la jueza María Servini de Cubría que solicitara a esos dirigentes una serie de explicaciones sobre los incumplimientos encontrados. En la mayoría de los casos, se trata de diferencias entre el monto de gastos de publicidad acreditados y lo declarado por los candidatos.

El fiscal confeccionó su pedido tras analizar las conclusiones del cuerpo de auditores de la Cámara Nacional Electoral sobre las alianzas transitorias que participaron de los comicios del 27 de abril del año pasado. Los informes fueron presentados 60 días después de esas elecciones y son analizados desde entonces.

Sobre la rendición del Frente para la Victoria, que impulsó la candidatura de Kirchner, los peritos contadores precisaron que hay acreditadas contrataciones de servicios y medios publicitarios "por montos que exceden lo declarado".

Los auditores descartaron el argumento de las autoridades partidarias -el jefe de Gabinete, Alberto Fernández, y el secretario de Descentralización del gobierno porteño, Héctor Capaccioli-, que habían afirmado que esas contrataciones habían sido efectuadas por terceros y que "no eran del conocimiento de la alianza, ni autorizadas por la misma".

Respecto del informe de la alianza que encabezaba Menem, el Frente por la Lealtad, se detalló que "existe una diferencia de 4.912.546 pesos" entre los servicios de publicidad admitidos y los concertados por la Fundación Argentino Solidaria, vinculada -según un funcionario judicial que interviene en la causa- con el gobernador de Salta, Juan Carlos Romero. Se precisó, además, que las donaciones de esa fundación superan el tope establecido por la ley de financiamiento de los partidos políticos, que ronda los 250.000 pesos.

El informe del Frente Movimiento Popular, de Rodríguez Saá, tampoco cumple con todos los requisitos legales: según el cuerpo de auditores, falta consignar la identidad de 233 aportantes y "hay una diferencia de 46.027 pesos entre los aportantes privados declarados y los acreditados".

Tras enumerar las rendiciones de esas tres alianzas transitorias, Di Lello solicitó a Servini de Cubría que dispusiera, "con carácter de urgente", las siguientes medidas de prueba:

• "Se requiera a las agrupaciones que integran el frente de Kirchner que acompañen la rendición de cuentas y los comprobantes válidos a los fines de corroborar si los gastos realizados por terceros no ingresados por la alianza fueron recibidos por dichas agrupaciones en forma individual". Es decir, si los partidos que participaron del frente contrataron publicidad sin el consentimiento de Fernández y de Capaccioli.

• "Se intime al frente de Rodríguez Saá a cumplir con las observaciones realizadas por el perito, relativas a la falta de identificación de los aportantes privados y la falta de inclusión en la rendición de cuentas de los gastos de publicidad realizados por terceros. La información deberá acreditarse fehacientemente."

• "Se intime al frente de Rodríguez Saá a que proceda a informar e individualizar los aportes y aportantes que corresponden a la diferencia entre los ingresos declarados por la Fundación Argentina Solidaria y los egresos efectivamente realizados, y acompañar los estatutos, integrantes y aportantes de la misma, con la respectiva documentación que lo avale."

El fiscal planteó también la necesidad de autorizar al cuerpo de peritos a realizar la compulsa de la documentación existente en medios de comunicación, agencias publicitarias e instituciones bancarias.

El escrito incluye, en cambio, un análisis favorable sobre la rendición de Afirmación para una República Igualitaria, de Elisa Carrió.

El planteo de Di Lello está desde anteayer en poder de Servini de Cubría. Luego de la resolución de la jueza corresponderá un nuevo informe del cuerpo de auditores, que deberán confeccionar sus conclusiones finales.

Finalizado ese paso, el fiscal realizará su dictamen, que quedará a consideración de la magistrada. Entonces sí, Servini de Cubría deberá decidir si sanciona alguno de los responsables legales de las campañas electorales. La ley prevé sanciones como la suspensión de aportes estatales para las agrupaciones incumplidoras y, en el peor de los casos, la prohibición a los responsables de las campañas para ocupar cargos públicos.

Según señaló un funcionario que trabaja en el expediente, el objetivo es que ese paso esté cumplido antes de las próximas elecciones legislativas, planeadas para octubre del año que viene. Esa decisión podrá, sin embargo, ser apelada ante la Cámara Nacional Electoral.

Si bien el fiscal sugirió pedir explicaciones por los incumplimientos, ponderó que la ley "se aplicó por primera vez como consecuencia de la crisis institucional de diciembre de 2001".

Por Gabriel Sued

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