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Detuvieron al ex jefe de Policía de Santa Fe por una causa de corrupción
Rafael Grau fue apresado por efectivos de la PSA. Se investiga una defraudación en la reparación de patrulleros
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PARA LA NACIONGermán de los Santos
Rosario.-El ex jefe de la Policía de Santa Fe Rafael Grau fue detenido, junto con otros dos efectivos de la Unidad Regional I, en una causa por supuesta asociación ilícita y defraudaciones contra la administración pública, en un hecho vinculado con la reparación de patrulleros.
Los delitos que investiga el fiscal Roberto Apullán son maniobras defraudatorias en perjuicio de la administración pública, relacionadas con el arreglo y cambio de repuestos de móviles policiales de la Jefatura de la Policía de Santa Fe, en la que estarían involucrados funcionarios policiales y civiles.
Esta causa se inició en mayo pasado cuando el ministro de Seguridad de la provincia, Maximiliano Pullaro, presentó una denuncia tras recibir un anónimo en un sobre cerrado que detallaba una supuesta defraudación en la Policía de Santa Fe.
En el marco de esta investigación, el año pasado se realizaron seis allanamientos y fueron secuestrados cinco automóviles, cuatro camionetas y un colectivo, todos vehículos oficiales de la fuerza. Dos peritos mecánicos de Gendarmería Nacional realizaron pericias en los diez móviles para determinar las irregularidades.
Grau estuvo al frente de las fuerzas de seguridad durante el último tramo del gobierno de Antonio Bonfatti y algunos meses del de Miguel Lifschitz. Este oficial tomó notoriedad pública fuera de Santa Fe cuando en enero de 2016 encabezó la polémica detención de Martín Lanata en Cayastá, y dos días después se entregaron los otros dos prófugos Cristian Lanata y Víctor Schilacci. El escándalo se originó cuando las propias autoridades anunciaron que estaban los tres presos, pero en el calabozo de la comisaría 5° de Cayastá sólo estaba Martín Lanata.
La detención de Grau se produjo en medio de un contexto atravesado por varias causas que tienen como protagonistas a integrantes de la fuerza de seguridad provincial. El 4 de setiembre pasado fueron apresados 16 efectivos por una persecución en la zona sur de Rosario donde fueron acribillados David Ezequiel Campos y Alejandro Emanuel Medina el 23 de junio pasado. A los jóvenes les habrían plantado armas para justificar un enfrentamiento que nunca existió.
El caso Casco
Unos días antes el juez federal Carlos Vera Barros libró 32 órdenes de detención contra efectivos de la policía de Santa Fe por la desaparición forzada y muerte del joven Franco Casco que ocurrió el 6 de octubre de 2014.
Este es uno de los casos más graves desde el retorno de la democracia en Santa Fe. Se sospecha que a Casco, oriundo de Florencio Varela, lo mataron en la comisaría 7° de Rosario y luego fue arrojado al río Paraná por los propios policías. La Prefectura Naval encontró el cadáver flotando en el río Paraná 22 días después. Luego, según la causa, se habría adulterado la autopsia del cuerpo del muchacho. El juez investiga una cadena de encubrimientos en la fuerza para tapar el crimen y desaparición de Casco.
Hay otra causa en Santa Fe que involucra a otros 40 policías. La fiscal María Laura Martí decidió suspender ayer las indagatorias a unos cuarenta policías en el marco de la investigación por irregularidades en la utilización de las llamadas Horas Ospe (Orden de Servicio de Policía Extraordinaria), que lleva adelante junto al fiscal Roberto Apullán.
Los motivos de la suspensión no estaban claros, pero la propia fiscal habló de "superposiciones" con otras causas como la de los tres policías presos por vender un auto secuestrado.
La única respuesta desde el gobierno fue la del ministro de Gobierno provincial, Pablo Farías, quien pidió "cautela" a la Justicia a la hora de ordenar detenciones de policías. Si bien ratificó la postura de "separar" a los efectivos que "no han actuado bien", el funcionario abogó por evitar que la fuerza sea "estigmatizada en su conjunto".
Ayer a la mañana en Rosario marcharon familiares de policías involucrados en causas de violencia institucional. "Las familias decidieron marchar para pedir justicia y la libertad de los policías. Hay mucho malestar porque no hay evidencias suficientes para imponer presión preventiva”, expresó Evelyn Andriozzi, vocera del estudio que defiende a los policías.
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