Detuvieron en Ezeiza a una empresaria venezolana que quiso ingresar al país con 90 mil euros
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LA NACION
Una empresaria contratista del Estado de Venezuela fue detenida en el aeropuerto Internacional de Ezeiza cuando quiso ingresar al país con 90 euros en efectivo sin declararlos.
Según publicó la periodista venezolana Lisseth Boon, la persona detenida es Isabel Rangel Baron, copropietaria de un grupo de empresas que durante más de una década fueron beneficiadas con por la administración del general Carlos Rotondaro en el Instituto Venezolano Seguro Social (IVSS) para la importación de insumos médicos.
Rotondaro, quien fue destituido de la presidencia del IVSS en noviembre de 2017 luego de una década en el cargo, ha sido sancionado dos veces este año tanto por el gobierno de Estados Unidos (19 de marzo) como por el de Panamá (30 de marzo). En el primer caso, por sus manejos en el Seguro Social ante la crisis sanitaria de Venezuela y, en el segundo, fue incluido en una lista junto con otros 54 funcionarios venezolanos por el riesgo de blanqueo de capitales.
Rangel Baron aterrizó el 24 de marzo de 2018 en Ezeiza en un vuelo de Caracas con 90 mil euros en billetes, monto que supera los 10 mil dólares en efectivo que toda persona puede ingresar al país sin declarar. Fuentes judiciales dijeron que la viajera afirmó que planeaba hacer escala en Buenos Aires para "visitar a un hijo antes de continuar su trayecto a España".
Tras encontrar el dinero, a Rangel Baron le dictaron prohibición de salida del país y el dinero retenido fue puesto en custodia del Banco Central mientras el Ministerio Público decide si se cometió un delito penal cambiario o hubo indicios de lavado de dinero.
La causa quedó a cargo del fiscal, Leonel Gómez Barbella, quien consideró que el caso no ameritaba abrir una investigación por legitimación de capitales y decidió que hubo infracción fiscal, lo que implicaría una sanción administrativa.
Al cabo de tres meses de investigaciones en el Banco Central, le corresponderá a Federico Villena, juez federal de Lomas de Zamora dictar conclusiones y sentencia, consistente en la posible confiscación de los 90 mil euros y pago de una multa.
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