
Diferencias por la ley de “inocencia fiscal” y la falta de aliados, las razones de la salida de Starc
El extitular de la UIF ocuparía un lugar en el directorio del Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE); la incidencia de su viaje a Estados Unidos por la causa AFA
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“Se negaba a ser flexible con la reglamentación de la ley de inocencia fiscal”, aseguran en los pasillos de la UIF para explicar la renuncia de su titular, Paul Starc. El exfiscal aguantó apenas nueve meses en el cargo y ahora recalaría en el directorio del Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE). Sus principales detractores no estaban en el Ministerio de Justicia, que terminó anunciado su salida, sino en Economía.
La ley de inocencia fiscal fue sancionada por el Senado en diciembre. Durante el debate, se escucharon fuertes cuestionamientos de algunos senadores peronistas, que plantearon que la norma favorece el lavado de activos. El debate se trasladó al Gobierno y comenzaron los tironeos por la reglamentación.
La norma aprobada modifica la ley 24.769, de Régimen Penal Tributario, elevando de 1,5 millón a 100 millones de pesos el monto para configurar el delito de evasión simple y de 15 millones a 1000 millones de pesos la evasión agravada.
Con el mismo criterio, se elevaron las cifras para otros delitos. Así, el piso para configurar el delito de falsificación de facturas pasa a ser de 100 millones de pesos. Para los agentes de retención, el número pasará de 100 mil pesos a 10 millones de pesos y se extiende a 30 los días de plazo para depositar los fondos retenidos.
“Se resistió a bajar las defensas del sistema anti-lavado para que ingresen los dólares del exterior sin que nadie te moleste, como pretenden los que promueven la ley”, asegura un funcionario que sobrevive a distintas gestiones en la UIF, ante una consulta de LA NACION.
En los pasillos del organismo, también hablan de diferencias personales con otros funcionarios y de un estilo personal que le impidió tejer alianzas: “No se supo integrar y se terminó aislando”. Por esos motivos, en el organismo antilavado la noticia de su renuncia no sorprendió. Desde noviembre, de hecho, había rumores de una posible salida.
La oficialización de la renuncia estuvo a cargo del Ministerio de Justicia porque la UIF pasó hace un tiempo a depender de esa cartera. En tiempo récord, encontraron un reemplazante, que contaba con el aval de Santiago Caputo y del ministro Mariano Cúneo Libarona. Se trata de Ernesto Gaspari, cercano al flamante titular de la SIDE, Cristian Auguadra, flamante titular de la SIDE.

En el Gobierno buscan minimizar por estas horas el impacto de la renuncia. El comunicado oficial asegura que Starc “desempeñó sus funciones con profesionalismo y compromiso”, y contribuyó a que el sistema de prevención del lavado de activos y de la financiación del terrorismo “se adecue a los estándares nacionales e internacionales vigentes”. “Fue algo consensuado, fue un tema de funcionamiento interno", agregó una fuente de la Casa Rosada.
Starc estuvo hace una semana en Washington para reunirse con funcionarios de la FinCEN (Financial Crime Enforcement Network) e intercambiar información sobre el “capítulo internacional” del escándalo en torno a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). La participación del UIF la habían reclamado los fiscales Cecilia Incardona y Diego Velasco, titular de la PROCELAC, en la causa que lleva adelante el juez Luis Armella. La FinCEN tiene la potestad de pedirle a los bancos la misma información que se obtuvo a través de los discoveries judiciales sobre la empresa TourProdEnter, propiedad de Javier Faroni y su mujer Erica Gillette.
“El viaje a Estados Unidos no tuvo nada que ver con el desenlace, es una coincidencia”, dijo un alto funcionario del Gobierno que dialogó con Starc en las últimas horas. La misma fuente agregó: “No trajo nada relevante”.
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