Difundirán el presupuesto para espionaje y reasignarán fondos reservados a Salud

Los colaboradores de Cristina Caamaño trabajan ahora en los números finos para determinar a cuánto ascenderá la partida que, por razones de inteligencia, deberán permanecer en las sombras
Los colaboradores de Cristina Caamaño trabajan ahora en los números finos para determinar a cuánto ascenderá la partida que, por razones de inteligencia, deberán permanecer en las sombras
Hugo Alconada Mon
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11 de mayo de 2020  • 23:29

La interventora de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) , Cristina Caamaño , anunció este lunes la difusión pública de casi todo el presupuesto del organismo, de unos $2600 millones, y la reasignación de fondos reservados excedentes a distintas políticas públicas, en particular del área de la Salud.

Funcionarios del Gobierno trabajan ahora en los números finos de la medida para determinar a cuánto ascenderá la partida que, por razones de inteligencia, deberán permanecer en las sombras, en tanto que el resto podrá cotejarse en el portal del Ministerio de Economía en Internet.

Los cálculos preliminares arrojan que del presupuesto total de $2600 millones cerca de $1500 millones se destinan al pago de salarios, en tanto que los $ 1100 millones restantes corresponderían a "fondos reservados".

Pero la cuenta es más compleja, según argumentan junto a Caamaño. De esos $ 1100 millones , explican, ahora se blanqueó que $ 210 millones se destinan al funcionamiento de la AFI -gastos corrientes, bienes de consumo, alimentos, papelería y otros rubros-, en tanto que entre enero y abril se requirieron fondos reservados por solo $ 83 millones. ¿Y el resto? Se determinará cuánto realmente se necesita para tareas de inteligencia a medida que transcurran los meses, surjan las necesidades y, por tanto, se ejecuten las partidas.

Según Caamaño, se trata de la "primera vez en la historia de la Agencia" que el Estado difundirá los números de la AFI con el objetivo de "transparentar lo más posible" cómo funciona uno de los organismos más sospechados de prácticas delictivas desde hace décadas, incluido el desvío de fondos millonarios para financiar campañas electorales y comprar políticos, fiscales y periodistas.

Los fondos reservados

La reformulación de las partidas de la AFI también alcanza a los fondos reservados que no se ejecuten y que serán girados a Jefatura de Gabinete para su reasignación a otros fines. Solo durante el primer trimestre de este año, esa readecuación presupuestaria ascendió a $ 88 millones, según colaboradores de Caamaño.

La decisión de transparentar los gastos de la AFI, remarcó Caamaño, no alcanzará a toda su operatoria. "Las partidas que han quedado confidenciales son las mínimas indispensables para el funcionamiento de la inteligencia", explicó. "El resto de las partidas se han hecho públicas dentro del presupuesto nacional".

La decisión de transparentar el presupuesto de la ex Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) avanza sobre una de las promesas de Alberto Fernández cuando asumió la Presidencia, el 10 de diciembre. Ante la Asamblea Legislativa, anticipó que intervendría el organismo y que sus fondos reservados se destinarían al plan contra el hambre.

En su discurso inaugural, Fernández también anticipó que derogaría el decreto 656 que su antecesor, Mauricio Macri, había firmado en junio de 2016 para restablecer el secreto sobre todas las partidas de la Agencia Federal de Inteligencia, que por entonces ascendían a $1450 millones.

Las idas y vueltas sobre esos fondos se retrotraen aún más. Porque con su decreto 656/16 Macri había dado marcha marcha atrás con una decisión de 2015 de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner , quien había impulsado la reconversión de la ex SIDE en la AFI en plena crisis política tras la muerte del fiscal Alberto Nisman , más el blanqueo de su presupuesto, lo que en la práctica jamás se concretó durante su mandato.

Este 1 de marzo, en tanto, y en su discurso de apertura del período legislativo, Alberto Fernández dio otro paso al anunciar la intervención de la AFI con el fin de "terminar con los sótanos de la democracia" y comunicar que la Sindicatura General de la Nación (Sigen) asumiría el rol de controlador público de su administración.

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