El Gobierno logró media sanción del Presupuesto, pero no pudo derogar la ley de discapacidad y el financiamiento universitario
El oficialismo reunió 132 apoyos, 97 rechazos y 19 abstenciones en la votación en general; pese a las negociaciones frenéticas, la oposición rechazó un capítulo clave
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Por Laura Serra y Delfina Celichini
En el debut de las sesiones extraordinarias en la Cámara de Diputados, el oficialismo consiguió aprobar en general el proyecto de Presupuesto 2026, pero sufrió una derrota considerable: la oposición le volteó un capítulo entero -el XI- con el que Javier Milei pretendía, principalmente, derogar la ley de discapacidad y el financiamiento universitario.
La media sanción, amputada en una de sus partes fundamentales, será girada al Senado para su sanción definitiva. El rechazo al capítulo XI fue una catástrofe, admitieron los libertarios. El impacto fue tal que, en las horas posteriores, comenzó a circular incluso la hipótesis de un veto presidencial al Presupuesto.
El revés se dio después de la aprobación en general del texto, que se consiguió con el apoyo del interbloque Pro-UCR y los gobernadores peronistas alineados con la Casa Rosada: Raúl Jalil (Catamarca), Gustavo Sáenz (Salta), Osvaldo Jaldo (Tucumán), Hugo Passalacqua (Misiones) y Marcelo Orrego (San Juan). Reunieron 132 votos afirmativos, 97 rechazos y 19 abstenciones, en su mayoría del bloque Provincias Unidas.
Para garantizar esta mayoría, el oficialismo negoció de manera frenética, y hasta la medianoche, con gobernadores y bloques aliados, a los que buscó retribuir con distintas concesiones a cambio de su apoyo.
Pero el mayor escollo estuvo en la votación en particular de todos los artículos del proyecto oficial, cuya salvaguarda el Gobierno no tuvo nunca garantizada. El más polémico, el 75, proponía derogar las leyes de financiamiento universitario y de emergencia en Discapacidad. El Gobierno ya había suspendido la vigencia de ambas normas pese a que ambas cámaras del Congreso rechazaron el veto que les impuso el Presidente.
A sabiendas de que el artículo podía ser rechazado, el jefe del bloque oficialista Gabriel Bornoroni propuso que la votación en particular del proyecto se realice por capítulo -y no por artículo- para intentar diluir la ofensiva. Ganó la pulseada con los aliados, pero al caer la tarde volvieron a sonar las alarmas: algunos aliados, decididos a hacer valer su voto a un oficialismo urgido, anticiparon que no votarían el capítulo XI, donde estaba el artículo en disputa.
Los libertarios intensificaron las negociaciones durante la madrugada y terminaron de delinear una estrategia contrarreloj. Para asegurar voluntades, a último momento Alberto “Bertie” Benegas Lynch anunció cambios en el texto: comunicó que se incorporaría un artículo para facultar al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, a girar a la Ciudad de Buenos Aires los fondos de coparticipación reclamados por el alcalde porteño, Jorge Macri, y avalados por un fallo de la Corte Suprema. Se trataba de un reclamo central de Pro.
Esa cláusula fue ubicada deliberadamente en el capítulo XI, con el objetivo de preservar el resto del articulado sin modificaciones. En ese mismo apartado, el oficialismo relocalizó además el financiamiento por $21.300 millones destinado al Poder Judicial, que quedaría bajo la órbita del Consejo de la Magistratura. Con esa maniobra buscó, según admiten, evitar una eventual judicialización posterior.
La lectura opositora fue inmediata y áspera. “Le ponen un condicionamiento al Poder Judicial para que ni se le ocurra judicializar el capítulo XI, porque se les cae el financiamiento. Son unos chantas y eso es lo que están haciendo ahora”, vociferó Germán Martínez, jefe del bloque de Unión por la Patria.
Sin embargo, al momento de la votación en particular, la jugada resultó insuficiente. Se aprobaron todos los capítulos, excepto el XI, que fue rechazado por 123 votos contra 117, con dos abstenciones.
El Gobierno no logró contener a los catamarqueños alineados con Raúl Jalil, a los tucumanos de Osvaldo Jaldo ni a un puñado de radicales que se negaron a convalidar las maniobras oficialistas.
El capítulo XI no solo concentraba la cláusula vinculada a la coparticipación porteña y al financiamiento del Poder Judicial, sino que además avanzaba sobre una batería de derogaciones sensibles: eliminaba la ampliación del régimen de zonas frías, dejaba sin efecto la movilidad del régimen de asignaciones familiares y prorrogaba la emergencia en salud pediátrica. Todo esto quedó sin efecto.
Las negociaciones
Con el ministro del Interior Diego Santilli instalado en el despacho del presidente de la Cámara Martín Menem, las conversaciones se estiraron hasta último minuto. “Se están cotizando caro los aliados”, se lamentaban anoche en el entorno del jefe de la cartera política.
Es que los bloques provinciales se mostraron duros en las últimas conversaciones. El espacio Elijo Catamarca, comandado por el gobernador Raúl Jalil, negoció hasta el final. Uno de sus diputados, Sebastián Nóblega, describió al Presupuesto como una “herramienta central de planificación”, pero dijo estar “decepcionado” por la insistencia del Gobierno en derogar normas “por la ventana” ya aprobadas por el Congreso. Reclamó más obras para Catamarca y cuestionó la falta de definiciones sobre la restitución del control del YMAD, el organismo minero que opera en territorio catamarqueño.
En la misma línea se pronunciaron los salteños alineados con el gobernador Gustavo Sáenz. El diputado Pablo Outes advirtió que los $1700 millones previstos para obras son insuficientes. Señaló que las rutas nacionales en zonas fronterizas son estratégicas y que están “detonadas”, lo que puede generar “situaciones de debilidad con los países que nos rodean”. También criticó la falta de definiciones en educación y discapacidad.
El debate
Contrario a lo que preveía, el oficialismo sufrió desde el inicio de la sesión. Por poco no alcanzó el quorum para arrancar el debate y, a lo largo de la jornada, los aliados condicionaron su apoyo a los artículos más polémicos del texto a cambio de más concesiones -obras públicas, Aportes del Tesoro Nacional y espacios de poder- para sus provincias.
Pese a que el debate público transcurrió sin mayores contratiempos, en canales subterráneos transcurrían las negociaciones de los lugartenientes del oficialismo para asegurarse el voto de los aliados que, hasta el final, hacían llegar más reclamos al ministro Santilli.
El radical Pablo Juliano (Provincias Unidas) expuso estas maniobras a viva voz. Acusó al Gobierno de jugar “a la casta más rancia” y denunció el reparto discrecional de ATN para conseguir apoyos al Presupuesto: “Premian a los que mandaron al arco y castigan a las provincias con las cuentas ordenadas”.
Las concesiones del Gobierno fueron de lo más variadas: desde ATN hasta obras públicas y avales de la Nación para autorizar endeudamiento en las provincias.
El proyecto de presupuesto 2026 enviado por el Poder Ejecutivo prevé un crecimiento de la economía del 5% del PBI, una inflación anual del 10,1% y un tipo de cambio de $1423 para diciembre de 2026, más bajo que el valor actual. Además, proyecta un aumento del 10,6% en las exportaciones y del 11% en las importaciones. En materia fiscal, el Gobierno estima un superávit primario del 1,5% del PBI y un superávit financiero −una vez pagados los intereses de la deuda− del 0,2% del PBI.
El presidente de la Comisión de Presupuesto, Bertie Benegas Lynch, dio inicio al debate con un discurso en el que exaltó al presidente Javier Milei “por la batalla cultural” para que impere el equilibrio fiscal en las cuentas públicas y embistió contra el kirchnerismo por “degradar al Congreso e impulsar leyes bochornosas”.
Desde Unión por la Patria, Julia Strada, le enrostró al oficialismo que, contrario a lo que predica, impulsó políticas y leyes sin su correspondiente fuente de financiamiento.
“Eliminaron el único impuesto a la riqueza en la Argentina, bienes personales; impulsaron beneficios fiscales en el RIGI (Régimen de Incentivo para las Grandes Inversiones) sin detallar su costo fiscal; redujeron en dos oportunidades las retenciones al campo y la minería. Está claro que se busca atacar a los sectores populares“, acicateó.
“Este presupuesto ratifica el rumbo impuesto por Milei de más ajuste, más recesión, pérdida de salario y de consumo”, cuestionó, por su parte, Victoria Tolosa Paz quien, junto a Agustín Rossi, objetó el nuevo intento del Gobierno de echar por tierra las leyes de financiamiento universitario y de discapacidad. “Buscan derogarlas por la ventana violando la ley de administración financiera”, planteó.
El kirchnerismo anticipó, al igual que la izquierda, que no acompañará el presupuesto. Tampoco lo hará Provincias Unidas, aunque, a diferencia de Unión por la Patria, contribuyó a dar quorum a último minuto.
“Anoten: estuvieron a punto de que se caiga la sesión, pero este bloque se sentó para que haya debate”, enfatizó Nicolás Massot, quien planteó que la disyuntiva, en esta discusión presupuestaria, es cómo conciliar la libertad con la igualdad.
“Lo que estamos discutiendo es si hay libertad con igualdad desfinanciando la salud pediátrica y el sistema universitario. ¿Dónde está la igualdad cuando el Gobierno, que dice que no hay dinero, sí apareció el dinero para bajar Bienes Personales, alentar un blanqueo e impulsar un dólar barato, para bajarle el impuesto a los autos importados y la electrónica? No hay libertad posible en medio de tanta inequidad“, reprochó.
A su turno, Miguel Pichetto puso en duda las proyecciones macroeconómicas previstas para el año próximo, entre ellas la de la inflación -advirtió que está subestimada, al igual que el crecimiento- como el tipo de cambio. Asimismo, defenestró la política de importación, en especial de China. “A ustedes les gusta jugar cerca de los Estados Unidos, pero la política económica argentina es más pro China que americana”, enfatizó.
Desde el radicalismo, el mendocino Lisandro Nieri -aliado al oficialismo- instó a no olvidar que, hace dos años, la Argentina tenía un nivel de gasto “intolerable”, cepo cambiario, deuda comercial y hasta 15 tipos de dólar. “Ahora toca trabajar con bisturí sobre el gasto ineficiente y avanzar en la baja de impuestos. Se pulverizó el más dañino, que es la inflación. Por suerte se puso de moda una batalla cultural que se instaló, la del equilibrio presupuestario”, exaltó.
Más crítico, Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica) advirtió que el presupuesto oficialista es “injusto, ilusorio y ficticio”. “Es imprescindible e imperioso que la nación cuente con una ley de presupuesto para el 2026, que garantice esa previsibilidad y transparencia en el uso de los recursos. Pero no necesitamos cualquier presupuesto, ni mucho menos uno que parece haber alcanzado una mayoría circunstancial de los votos necesarios a través de, vaya a saber, qué tipo de transacciones”, asestó.
En la sesión −que se extendería por al menos doce horas− se debatirán otros dos dictámenes también prioritarios para el Poder Ejecutivo. Uno de ellos es el que propone incentivar el uso de los dólares atesorados sin declarar −conocido como ley de “inocencia fiscal”− y el que castiga con penas de prisión a los funcionarios que aprueben y ejecuten presupuestos con déficit fiscal. Este último recibió duras críticas opositoras por inconstitucional.
Desde la izquierda, Romina Del Plá advirtió que el Gobierno pretende apurar este paquete de leyes “porque sabe que tiene tiempo contado antes de que se termine de descalabrar absolutamente todo”. “El tan mentado equilibrio fiscal es falso como también el regreso de la Argentina al mercado”, sostuvo.
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