Diputados: para preservar su unidad, Juntos por el Cambio decidió no votar una ley clave para prevenir el lavado de dinero

En Juntos por el Cambio primó la unidad del interbloque antes que votar, en la Cámara de Diputados, una reforma a la ley para prevenir y reprimir el lavado de activos que reclama el Fondo Monetario Internacional (FMI). El principal espacio opositor se encaminaba hacia una fractura expuesta: un sector del bloque de Pro suscribía la iniciativa oficialista pero sus socios (la UCR, la Coalición Cívica y Evolución Radical) no. Sobre el final se impuso la decisión de la mayoría y el macrismo acató.

Pese al rechazo de Juntos por el Cambio, posición que compartió con el interbloque Federal y la izquierda, el oficialismo logró dar media sanción al proyecto: 111 votos positivos, 96 negativos y 5 abstenciones. Lo ayudaron no solo sus tradicionales aliados sino también las numerosas ausencias entre los diputados de la oposición: con un calendario cargado de elecciones provinciales, varios de ellos decidieron permanecer en sus territorios, mientras que otros están de viaje. Otro hubiese sido el final de la historia si todos los diputados opositores se sentaban en sus bancas.

Las dinámicas parlamentarias deben entenderse a partir de estos gestos. En rigor, la cúpula de Juntos por el Cambio no quería que se cayera la media sanción del proyecto; es más, hasta último momento monitoreó los votos de su bancada y le garantizó sotto voce al oficialismo que si peligraba la aprobación, cambiaría el rechazo por la abstención. Estos vericuetos no tienen otra explicación que la disputa electoral y la posición de algunos legisladores opositores de exhibir intransigencia frente al oficialismo.

Sin embargo, en el principal espacio opositor también reconocían la importancia de la ley, una reforma a la actual legislación sobre prevención y represión del lavado de activos para adaptarla a los estándares internacionales fijados por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) . El principal espacio opositor, que se cree ganador de las próximas elecciones, no quiere desairar al FMI como tampoco al GAFI, que en setiembre próximo realizará una revisión técnica sobre el cumplimiento de la Argentina de las normas contra el lavado de dinero. El peligro de no aprobar esa revisión es que nuestro país vuelva a caer en la llamada “lista gris” del GAFI que incluye a jurisdicciones “bajo monitoreo intensificado”.

De hecho, el diputado Pablo Tonelli (Pro), interlocutor del oficialismo para negociar los cambios al proyecto original, suscribió ayer el dictamen acordado con el Frente de Todos. Sin embargo, se topó con la resistencia de la Coalición Cívica, de buena parte de la UCR y de Evolución Radical; la cúpula de Pro decidió unificar posturas y votar en contra como sus socios. Tonelli decidió ausentarse del recinto en la votación.

También se retiraron los diputados Javier Milei y sus compañeras de bloque, Carolina Píparo y Victoria Villarruel. Por la abstención, en tanto, votaron los tres legisladores del Frente de Todos que responden a Juan Grabois: Natalia Zaracho, Federico Fagioli e Itaí Hagman.

Puntos de discordia

Con el propósito de asegurar su aprobación, el oficialismo aceptó varias de las modificaciones sugeridas por los opositores. Sin embargo, no accedió a modificar dos puntos nodales: la cuestión de la autonomía de la Unidad de Información Financiera (UIF). Tampoco aceptó incluir de manera explícita en la ley la facultad de la UIF para querellar en denuncias sobre lavado de dinero.

El proyecto oficialista propone que esta unidad sea un organismo descentralizado de la administración pública nacional, en jurisdicción del Ministerio de Economía, con personería jurídica propia, además de autonomía y autarquía funcional, administrativa, económica y financiera. Los opositores al proyecto advirtieron que la autonomía de la UIF tal como está planteada en el proyecto no es suficiente, pues se mantendría bajo la órbita del Poder Ejecutivo.

“A los empujones nos quieren llevar a una ley sin tocar la autonomía e independencia que hoy la UIF no tiene. Es el Poder Ejecutivo que pone y saca a funcionarios. Es pasible de influencias políticas. Queremos que esto sea una política pública que eleve el nivel de institucionalidad de este país y no caigamos en la lista gris”, enfatizó Mónica Frade, de la Coalición Cívica.

“La UIF no puede ser como cualquier organismo -planteó Graciela Camaño, del interbloque Federal- sino que debe tener una responsabilidad reforzada a la hora de participar en las cuestiones de los delitos de los poderosos. Ese es el motivo por el cual el texto que propicia el oficialismo no es el que nosotros queremos”.

Los opositores propusieron incorporar dos artículos: en uno de ellos plantearon que el presidente de la UIF sea seleccionado mediante concurso público de oposición y antecedentes por una comisión ad hoc, integrada por miembros de la Corte Suprema, del Consejo de la Magistratura, del Ministerio Público, entre otros. Fue rechazado, al igual que un artículo que exigía a la UIF a que sea parte querellante en las causas judiciales en las que intervenga.

Desde el oficialismo, el jefe del bloque Germán Martínez les reprochó a los opositores que rechacen la ley pese a la “generosidad” del Frente de Todos de aceptar casi todos los cambios sugeridos. “Llegamos a un texto superador que recoge las recomendaciones del GAFI como también las miradas de aquellos legisladores que de buena fe hicieron sus aportes. Esta ley mejora la actual legislación”, enfatizó.

Asimismo, el jefe oficialista refutó las críticas opositores sobre la capacidad de querellar de la UIF. “Hoy la UIF participa como querellante 220 causas; en una de cada siete causas de lavado, la UIF esta querellando. Esto es posible por un decreto de Cristina Kirchner de 2008″.

Desde el radicalismo, el jefe de bloque, Mario Negri, explicó la posición del interbloque. “Vamos a rechazar en general el proyecto porque el oficialismo no quiere la autonomía e independencia total del poder político de la Unidad de Investigación Financiera -sostuvo-. Es imperativo que la UIF pueda combatir delitos complejos sin interferencias políticas”.

Como miembro informante, el presidente de la Comisión de Legislación General, el oficialista Lucas Godoy, propició la aprobación del proyecto para cumplir con los compromisos internacionales contraídos por nuestro país. El legislador advirtió sobre la necesidad de actualizar la norma, ya que la última reforma -que data de 2011- no se adecúa a los actuales estándares del GAFI.

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