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Diseñan un mapa de delito del país
El Ministerio del Interior impulsa un programa para advertir los principales focos delictivos; involucrará a las fuerzas de seguridad y costará 200 millones de pesos
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Desde este año, a los tradicionales mapas de relieve, clima y población del país habrá que agregar un nuevo tipo de cartografía, quizás algo macabro: los mapas del delito.
Antes de mudarse a un barrio o irse de vacaciones, cualquier persona podrá enterarse de cuáles son las áreas geográficas más afectadas por el crimen. Para el Gobierno será un mapa para la prevención y erradicación de la actividad delictiva.
Y como en una tomografía computada, también podrá informarse sobre qué tipo de enfermedad -en este caso, de delito- azota cada zona.
El "mapa del delito" forma parte del Programa de Seguridad Ciudadana y Protección Civil del Territorio Nacional, que desde el Ministerio del Interior están impulsando las secretarías de Provincias, timoneada por Walter Ceballos, y de Seguridad Interior, a cargo de Enrique Mathov.
Aunque la iniciativa nació en plena gestión menemista, el ministro del Interior, Federico Storani, está dispuesto a continuarla. "El ministro está muy interesado en preservar la seguridad en el interior, y para eso busca revitalizar el programa", explicó ayer a La Nación Eduardo Estévez, responsable de la formulación del proyecto.
Estévez ya participó de una iniciativa similar en la provincia de Buenos Aires, bajo las órdenes del ex ministro de Justicia y Seguridad bonaerense León Arslanian.
Como ya se está haciendo en esa provincia, el mapa o Sistema de Información Geográfica (SIG) se armará sobre la base de los "catastros" provinciales, es decir, de los planos usados para organizar el cobro de las rentas.
Los catastros permiten ver con gran detalle cómo se distribuye el territorio en cada provincia, con sus barrios, manzanas y hasta edificios incluidos.
Los catastros se completarán con los datos informatizados de los crímenes y delitos que los vecinos denuncien en las comisarías y fiscalías de la municipalidad donde viven.
Prevención
Otra de las novedades, que en principio se realizará como una prueba piloto en las ciudades más grandes del país, será la participación de los vecinos en la prevención del delito.
La idea es que la gente común y corriente colabore con la policía brindándole datos, algo que en los Estados Unidos se conoce como "neighborhood watch", y que ya se está probando en el barrio porteño de Saavedra.
Desde su experiencia cotidiana, la gente también podrá hacer sugerencias arquitectónicas, que permitan construir escuelas, bancos, negocios y casas más seguros.
Las municipalidades también deberán estar listas para recibir las sugerencias preventivas de sus contribuyentes, como la colocación de semáforos o de iluminación en las zonas de mayor riesgo.
Claro que para eso también habrá que mejorar la imagen, la capacitación y los recursos de muchos efectivos policiales. De eso se encargará Mathov, quien ya impulsa una reforma policial desde su área específica.
El programa, que requerirá para su instrumentación de un mínimo de 200 millones de pesos y que comprenderá a la Policía Federal, a la Gendarmería Nacional, a la Prefectura Naval y a las policías provinciales, no es una idea de la administración de Fernando de la Rúa.
Nació el año último, en plena gestión menemista, cuando Rodolfo Vacchiano estaba al frente de la Secretaría de Asistencia Financiera a las Provincias.
El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco Mundial expresaron por ese entonces su interés en colaborar para realizar en el Cono Sur "reformas de segunda generación".
Luego de los grandes cambios económicos, los organismos internacionales se muestran ahora interesados en las reformas sociales, con la lucha contra el delito a la cabeza.
En los Estados Unidos, Colombia y Uruguay el programa ya es un hecho. En la Argentina, el recorte presupuestario del año último desbarató el plan.
Ahora el Gobierno buscará resucitarlo en dos frentes: el interno, cuando a fines del mes próximo se reúna el Consejo Nacional de Seguridad, que congrega a todos los gobernadores y ministros de cada provincia.
En esa oportunidad, la Capital Federal debutará con un representante, ya que tan sólo ayer decidió adherir a la ley nacional de seguridad, por lo cual creó un consejo metropolitano para atender esa problemática. Encabezado por el secretario de Gobierno, Guillermo Moreno Hueyo, el nuevo organismo estará integrado por las máximas autoridades porteñas de las fuerzas de seguridad.
Y en el externo, cuando a principios de marzo la administración de De la Rúa vuelva a negociar con el BID y el Banco Mundial un crédito por 200 millones de pesos.
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