DNU 941: el Gobierno dice que trabaja en un protocolo que regule las aprehensiones hechas por agentes de inteligencia
La Casa Rosada intenta defender la reforma que instrumentó por decreto, mientras la oposición quiere dar de baja la medida y denuncia un “Estado policial”
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LA NACIONPaula Rossi
El primer escándalo del año para la gestión libertaria se desató tras la publicación por decreto y sin trámite legislativo de una reforma en el sistema de inteligencia, que cosechó una catarata de críticas de parte de la oposición, que no solo cuestiona la modalidad de aplicación sino también el texto, con voces que denuncian que esto devendrá en persecución política a los detractores del Gobierno.
Uno de los puntos que más rechazo genera por estas horas es la parte del articulado que autoriza a agentes de inteligencia a realizar aprehensiones de personas. Entonces, en medio de la polémica, en el Gobierno aseguraron a LA NACION que la SIDE -comandada por Santiago Caputo a través de Cristian Auguarda- está terminando de confeccionar un protocolo que regule esta cuestión en particular.
El decreto les reconoce a los agentes de inteligencia la posibilidad de aprehender personas “en el marco del desarrollo de actividades de inteligencia, auxilio o requerimiento judicial y/o comisión de delitos en flagrancia”, con la condición de dar “aviso inmediato a las fuerzas policiales y de seguridad competentes”.
Desde la oposición rápidamente denunciaron un “Estado policial” que tendrá como fin la persecución, mientras que distintos partidos políticos, organismos de derechos humanos y constitucionalistas evalúan hacer presentaciones judiciales contra la normativa.
Fuentes de la Casa Rosada que trabajan en la aplicación de esta reforma dicen que se va a delimitar la posibilidad de que los agentes hagan aprehensiones en tres situaciones: en flagrancia; en caso de una operación conjunta con la Justicia en la que el Poder Judicial pida la aprehensión de un supuesto delincuente que puede ocasionar un riesgo; o en el marco de una operación de inteligencia, con posibilidad de aprehender a un civil que no esté sospechado ”con el único objetivo de proteger al personal o la operación".
Ante la consulta de LA NACION sobre cómo se evitarán los posibles excesos, cuando todavía quedan una serie de puntos grises sobre la nueva normativa, desde el Ejecutivo aseguraron que el texto del protocolo precisará que todas las actividades de inteligencia deberán estar “expresamente aprobadas” por la SIDE y que parte de esa aprobación deberá incluir qué tipo de acción se llevará a cabo y qué personal va a estar afectado, para que solo esos agentes puedan aprehender en esa situación puntual, bajo el control de la nueva Inspectoría General de Inteligencia (IGI), que reemplaza desde la publicación del DNU a la División de Asuntos Internos.
Otro aspecto que encendió las alertas sobre el texto del DNU es que ante la “fuga de información clasificada” se habilite la ejecución de tareas de inteligencia sobre el periodismo. Al respecto, en Casa Rosada alegaron que el texto busca “evitar cualquier sospecha de ese tipo” y que el artículo 4 en su inciso 3 prohíbe “producir inteligencia nacional o contrainteligencia sobre personas por el solo hecho de su raza, fe religiosa, acciones privadas, u opinión política, o de adhesión o pertenencia a organizaciones partidarias, sociales, sindicales, comunitarias, cooperativas, asistenciales, culturales o laborales, así como por la actividad lícita que desarrollen en cualquier esfera de acción”.
El organismo de Adorni
Por otro lado, fuentes al tanto de la reforma dijeron que la parte que ahora quedará bajo la órbita de la Jefatura de Gabinete que comanda Manuel Adorni, que se llamará Centro Nacional de Ciberseguridad y será un organismo descentralizado de la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación, no estará dentro del sistema nacional de inteligencia y será un organismo civil. Según el texto del decreto, actuará como autoridad nacional en materia de ciberseguridad.
Como justificativo para redireccionar esta área a Adorni, un ladero de la secretaria general, Karina Milei, fuentes de la Casa Rosada dijeron que pretendieron “aumentar la transparencia”, ya que los activos digitales estratégicos del Estado nacional y los sistemas tecnológicos empleados en la prestación de servicios públicos esenciales y actividades del sector público nacional ahora serán controlados por la Jefatura de Gabinete, que es además la que comanda la actividad diaria de los ministerios, y no por la SIDE.
Por su parte, la oposición del kirchnerismo, la izquierda y el interbloque Unidos -que nuclea a Provincias Unidas, la Coalición Cívica y Encuentro Federal- ya evalúa cómo avanzar a nivel legislativo contra el decreto. Distintos sectores políticos y sindicales coincidieron con que este texto es ilegal. La CGT expresó su rechazo.
“Imaginate un policía que no precisa ir de uniforme y que puede aprehender personas por presumir que atentan contra el orden constitucional. El riesgo es el espionaje interior, la persecución política de los disidentes y la impunidad del poder", advirtió la diputada nacional kirchnerista Teresa García, cercana a Cristina Kirchner.
El diputado nacional Esteban Paulón, del socialismo, dijo que este texto implica “chau transparencia y control” de los fondos reservados.
A las críticas se sumaron el diputado nacional Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica), Myriam Bregman (izquierda), Jorge Taiana (kirchnerismo), entre otros dirigentes.
Ante el revuelo, el Gobierno publicó un comunicado en el que justificó los cambios y dijo que están “alineados con los más altos estándares democráticos”.
Por Paula Rossi
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