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Dos exministros de Alberto Rodríguez Saa irán presos por presionar a jueces para que firmen su renuncia antes de asumir
La Corte Suprema dejó firme sus condenas a 6 años de prisión; el caso comenzó hace 20 años
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LA NACIONHernán Cappiello
La Corte Suprema de Justicia dejó firme la condena a seis años de prisión del exministro de Legalidad de San Luis Sergio Freixes y de su viceministro, Mario Zabala, integrantes del gobierno de Alberto Rodríguez Saa, por presionar a jueces para que firmen de manera anticipada sus renuncias antes de asumir en el cargo.
El caso ocurrió hace 20 años y ahora, con el fallo firme de la Corte, llega a su fin.
Con la sentencia firme, los exfuncionarios deberán ser detenidos y cumplir su condena en prisión. Fueron condenados por los delitos de amenazas coactivas y amenazas agravadas por tener como propósito la obtención de alguna medida o concesión por parte de cualquier miembro de los poderes públicos.
El escándalo se extendió entre 2004 y 2005, y se llegó incluso a pensar en la intervención del Poder Judicial de San Luis.
La denuncia la formuló la entonces fiscal Gretel Diamante, ante la justicia federal de San Luis, y el entonces procurador Esteban Righi para preservar su seguridad. La patrocinó Poder Cuidadano con Hugo Wortman Jofré. Actualmente, Gretel Diamante es jueza de un tribunal oral federal en San Luis.
Se sumó luego la declaración de Marina Ziliotto, que era jueza y ella fue quien dijo que le hicieron firmar la renuncia anticipada. Una vez designada para el cargo de jueza de cámara para el que había concursado, se le exigió que participara de un pedido de jury contra sus dos colegas de la Cámara de Apelaciones que integraba.
Todo esto ocurrió bajo amenaza de hacer efectiva la nota, firmada sin fecha por ella, por medio de la cual ponía a disposición del gobernador de San Luis, Alberto Rodríguez Saá su renuncia al ejercicio de esa magistratura. La mujer se negó y lo denunció.
El 1° de noviembre de 2018, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de San Luis dictó la condena a cinco años de prisión contra los exfuncionarios, como coautores. Sin embargo, fueron absueltos por uno de los dos hechos que se les imputaban. La fiscalía reclamó la condena por el delito cometido el 28 de octubre de 2004, cuando el entonces ministro y el entonces viceministro de Legalidad convocaron a la víctima, al igual que al resto de los aspirantes que integraban las ternas para cubrir los cargos vacantes, para exigirles -so pena de no remitir el pliego a la instancia del Senado- que dejaran firmada su renuncia al cargo para el que habían concursado.
“La maniobra ilícita efectuada consistió en el sometimiento de los magistrados del Poder Judicial de esa provincia a los designios del Poder Ejecutivo de esa región”, sostuvo la fiscalía.
En 2019, la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal condenó por mayoría a los exfuncionarios del Zavala y Freixes también por el segundo hecho y les subió la pena a seis años de prisión.
Las defensas apelaron. Como se había agregado un nuevo hecho, otra sala de Casación revisó el caso y los jueces Daniel Petrone, Juan Carlos Gemignani y Carlos Maquiques (en disidencia parcial) confirmaron la condena para Freixes y Zabala.
Las defensas llegaron “en queja” a la Corte Suprema. En su argumentación, cuestionaron la revisión de la sentencia, la calificación legal y la pena impuesta. Dijeron que se había violado el principio de ne bis in ídem y la garantía de plazo razonable.
Rosatti, Rosenkrantz y Lorenzetti rechazaron los planteos por considerarlos inadmisibles, bajo la figura del artículo 280 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación.
En el caso, la organización Poder Ciudadano presentó un amicus curiae. Alegó que debían protegerse las formas republicanas de gobierno, haciendo énfasis en la independencia del Poder Judicial y el derecho humano de acceso a la Justicia.
Cómo operaban
A través de una modificación en la Ley Orgánica de Administración Judicial, en 2004, el proceso de selección de jueces estaba a cargo del Ministerio de la Legalidad a cargo de Freixes y Zavala, quienes desde su posición condicionaban la designación de los jueces.
De esta manera, se creó un claro sometimiento del Poder Judicial frente al Poder Ejecutivo en la provincia de San Luis, ya que cada vez que un juez actuaba de forma contraria a los intereses del Poder Ejecutivo o las órdenes que le imponía a los magistrados, contaban con la facultad de removerlo a través de una “renuncia” y seleccionar a otro que responda a sus necesidades.
Debido a la gravedad de los hechos y la vulneración a la independencia entre los poderes, Poder Ciudadano resaltó que la resolución de este caso trasciende a las partes involucradas.
Por Hernán Cappiello
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