Dura queja a Macri por cambiar el sistema de selección de jueces

Urgido por la necesidad de completar distintas vacantes en la justicia porteña, y el mismo día en el que criticó los embates del kirchnerismo contra la Corte Suprema de Justicia, Mauricio Macri abrió ayer otro foco de conflicto, esta vez con las ONG orientadas a velar por la transparencia en la designación de los magistrados.

El motivo de la disputa es que Macri derogó el decreto que establecía la necesidad de publicar los antecedentes de los candidatos a jueces y someterlos a la consideración de la ciudadanía a través de audiencias públicas. Estos pasos previos eran ineludibles para que el jefe de gobierno elevara la Legislatura el pliego del candidato.

Macri derogó esta norma mediante otro decreto, el 713/10, criticado por organizaciones de la sociedad civil, que consideraron que el nuevo mecanismo es menos transparente. Esta norma regula el procedimiento para seleccionar a los jueces del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), al Fiscal General, el Defensor General y Asesor General Tutelar de la ciudad.

Según el macrismo, el nuevo decreto elimina la injerencia del Poder Ejecutivo en la selección de los jueces y la circunscribe a la Legislatura, con el argumento de "evitar superposición de acciones" entre los poderes ejecutivo y legislativo a la hora de seleccionar a los jueces, sobre todo a los de Superior Tribunal de la ciudad. Así lo afirmó ayer el número dos del Ministerio de Justicia porteño, Daniel Presti, para quien "la transparencia en la designación de Jueces del Tribunal Superior de Justicia está garantizada".

Las ONG (Poder Ciudadano, Cippec, Asociación por los Derechos Civiles, CELS, entre otras) mostraron una posición contraria al decreto y así se lo hicieron saber al propio Presti, con quien se reunieron ayer. Afirmaron que la nueva reglamentación "no contiene la necesidad de evaluar el compromiso con la democracia y los derechos humanos de los candidatos; dar a publicidad sus antecedentes, declaraciones juradas de bienes y la situación impositiva de los postulantes", lo que daría pie a una mayor información y participación ciudadana en la selección de los magistrados de la ciudad.

Según las ONG, la norma derogada "ha dado saludables muestras de permitir discusiones sustantivas sobre el perfil de los candidatos y su compromiso con el sistema democrático (...) Su derogación constituye un fuerte retroceso sobre consensos sociales y políticos alcanzados, y abre aún más la brecha entre gobernantes y gobernados".

En el macrismo intentaron relativizar la gravedad de la decisión. "Lo que intentamos fue resolver la demora en la selección de los jueces. Por eso se eliminó una de las instancias de participación, pero sin afectar la transparencia del proceso", afirmó Marcos Peña, secretario de gobierno porteño.

En la oposición porteña sospechan que la movida tiene como objetivo la designación de un juez afín en el TSJ, actualmente vacante por la renuncia de Julio Maier, el año pasado. El macrismo fracasó en su intento de proponer para ese cargo a Daniela Ugolini, que renunció su postulación luego de los cuestionamientos recibidos por parte de cuatro integrantes actuales del TSJ y de referentes de la oposición porteña.

"No vamos a poder hacer nada sin los 40 votos (dos tercios) de los legisladores. Eso significa que el nombramiento va a salir por consenso", abundó Peña.

El decreto

• El jefe de gobierno porteño derogó el decreto 1620 de 2003, que establecía un completo mecanismo para seleccionar a los jueces del Superior Tribunal porteño y a otros funcionarios judiciales.

• Según distintas ONG, la resolución de Macri "reducirá el nivel de legitimidad de los seleccionados" porque elimina mecanismo de publicidad y análisis de los antecedentes de los candidatos. El macrismo negó las acusaciones.

• En la oposición evalúan que el reemplazo del decreto por otra norma tiene como objetivo facilitar el nombramiento de un juez afín en el TSJ, hoy con cuatro miembros y una vacante.

Por Jaime Rosemberg

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