El caso D´Alessio se convirtió en un campo de batalla de viejos espías

El Gobierno y fuentes judiciales distinguen operadores de los servicios de inteligencia detrás del expediente que está a cargo de Ramos Padilla, en Dolores
El Gobierno y fuentes judiciales distinguen operadores de los servicios de inteligencia detrás del expediente que está a cargo de Ramos Padilla, en Dolores Fuente: Archivo
Maia Jastreblansky
Candela Ini
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18 de abril de 2019  • 15:37

Un campo de batalla para una guerra de viejos espías. En eso devino el caso de Marcelo D'Alessio según coinciden en el Gobierno y en los tribunales. El expediente que tramita el juez Alejo Ramos Padilla tuvo en las últimas semanas derivaciones inesperadas. A la causa se sumaron acusaciones cruzadas en torno al rol de Leonardo Fariña , el primer arrepentido del kirchnerismo. En el Poder Ejecutivo y en la Justicia distinguen en un grupo de abogados que litigan en la causa de Dolores vínculos con viejos personajes de los servicios de inteligencia, que podrían estar operando desde las sombras.

El expediente contra Marcelo D'Alessio investiga una presunta asociación ilícita que se dedicó al espionaje ilegal y a la extorsión. En los últimos días la causa se engrosó con declaraciones que apuntan a deslegitimar la causa de la ruta del dinero K , cuyo tramo inicial ya está en la etapa de juicio oral.

En la ruta del dinero K declaró Fariña como arrepentido ante el juez Sebastián Casanello en abril de 2016, y con sus dichos complicó a Lázaro Báez y a los Kirchner. Los defensores de Báez plantearon en los tribunales de Comodoro Py que a Fariña el Gobierno le pagó para incriminar a su cliente con un relato montado. Ahora, en la causa de Dolores, la misma abogada que defendía a Fariña en 2016 declaró que los dichos del arrepentido fueron direccionados por funcionarios de la gestión de Mauricio Macri .

En el Gobierno rechazan de plano haber influido en la declaración de Fariña. Y apuntan en cambio a un grupo de abogados que ya participaron en distintas causas de corrupción kirchnerista y que ahora reaparecieron con la causa D'Alessio.

"Se utiliza una red operativa de abogados, vinculada con el espionaje, porque el Gobierno le quitó poder a los viejos servicios de inteligencia de Comodoro Py", dijo a LA NACION un funcionario que se encargó de monitorear el caso D'Alessio.

Esa misma fuente agregó: "No sorprende, esta banda ya operó antes en el caso de la ruta del dinero K y cuando quedó en libertad Cristóbal López . Todo lo que hace esta banda es funcional al kirchnerismo".

Abogados bajo sospecha

En los despachos oficiales tienen apuntados a Giselle Robles y a Franco Bindi, defensores de Fariña cuando declaró ante Casanello.

Fariña rompió con esa defensa después de algunos cortocircuitos y luego radicó una denuncia por amenazas, que recayó por sorteo -en septiembre de 2016- en el juzgado de Luis Rodríguez. "Yo sé que Franco [Bindi] está defendiendo más los intereses de Báez que los míos", dijo Fariña en esa causa y vinculó a ese abogado con Elizabeth Gasaro, abogada de Lázaro Báez.

Según pudo reconstruir LA NACION de fuentes judiciales, Fariña también declaró que "Bindi siempre se jactó de trabajar de manera inorgánica en la Secretaría de Inteligencia como Allan Bogado". Definido a sí mismo como agente inorgánico de la ex SIDE, Bogado fue señalado por Alberto Nisman como un hombre que respondía al ex director de Reunión Interior de la AFI, Fernando Pocino, hombre fuerte en el organismo de inteligencia en el último tramo de la gestión de Cristina Kirchner , cuando el jefe de la "casa" era Oscar Parrilli .

La red de abogados que hoy figura en el expediente de Ramos Padilla ya coincidió en viejas causas. Bindi defendió Pedro Etchebest (el empresario que dijo ser extorsionado por D'Alessio) en una causa de Mar del Plata por explotación laboral. Y defendió a Báez en la causa de Bahía Blanca por facturas apócrifas. El abogado Víctor Hortel, defensor de Báez, también es querellante en la causa de Dolores. Gasaro, en tanto, patrocinó a Martín Lanatta en la causa por el triple crimen de General Rodríguez. El fiscal de ese caso, Juan Ignacio Bidone, está imputado en la causa de Dolores por haber intercambiado información del triple crimen con D'Alessio.

En tanto, el exespía Rolando Barreiro -investigado por Ramos Padilla- designó como su abogada defensora a Tatiana Terzano, que antes había defendido a Daniel Pérez Gadín, el contador de Lázaro Báez. Además de designar a Terzano, Barreiro fue asesorado por el abogado Guillermo Alberdi, que lo acompañó a declarar a Dolores. Barreiro declaró ante Ramos Padilla que lo mandaron a seguir a Giselle Robles, laex abogada de Fariña. Enseguida, Robles pidió ser querellante: dijo que fue perseguida y espiada, y aseguró que el Gobierno direccionó la declaración de Fariña como arrepentido.

Robles se presentó el lunes pasado ante Ramos Padilla y se espera que el juez decida en estos días si la acepta como querellante. En tanto, no se descarta que Fariña, que hasta ahora se mantuvo en silencio, haga un contraataque en los tribunales.

En el Gobierno reconocen que Fariña tuvo más de una reunión con funcionarios nacionales. Pero aseguran que fue en el marco del Programa de Protección de Testigos y que no se pudo direccionar el contenido de la declaración del arrepentido ya que las reuniones fueron posteriores a que compareciera en la causa de la ruta del dinero K. Fariña declaró en el juzgado de Casanello el 8 de abril de 2016, quedó en libertad cinco días después y se reunió en una primera oportunidad con los funcionarios del Ministerio de Justicia el 28 de junio de ese año.

"Acá todos juegan a dos o tres puntas. Hay una gran operación que se diseñó a fines del año pasado y estalló cuando la viuda de Daniel Muñoz declaró que se le había pagado una coima al juez Luis Rodríguez", dijo a este medio una fuente oficial.

El barro que se generó en la causa de Dolores genera desconcierto. El propio Ramos Padilla advirtió, en una resolución que emitió el viernes pasado, la posibilidad de que haya pistas falsas para entorpecer la investigación. En esa resolución, el magistrado sostuvo: "En esa labor de valoración probatoria debía otorgarse mayor preponderancia y peso a los elementos de prueba no contaminados".

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