El caso de los seguros | El fiscal Carlos Rívolo investiga si hubo lavado de dinero y convocó a una unidad especializada

La causa de los seguros avanza con foco en el análisis del patrimonio de los imputados, tanto de los brokers como de los exfuncionarios de la gestión de Alberto Fernández.

El fiscal Carlos Rívolo solicitó la intervención de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) para que colabore con la investigación en curso sobre los movimientos de fondos de los acusados. La decisión, tomada ayer, se dió luego de una serie de medidas cautelares dispuestas por el juez Julián Ercolini, entre las que estuvo la inhibición general de bienes de 33 personas físicas y jurídicas.

El fiscal solicitó que la Procelac intervenga y colabore para hacer una indagación exhaustiva de los patrimonios a fin de determinar posibles maniobras de lavado de activos. Se trata de una unidad especial, dependiente de la Procuración General de la Nación, experta en crímenes económicos: además del lavado, la evasión tributaria, el fraude bancario, el financiamiento del terrorismo y el contrabando, entre otros. Sin embargo, se la requirió específicamente por un potencial lavado de dinero.

Esta semana, el juzgado dispuso el levantamiento del secreto bancario, fiscal y bursátil sobre los imputados, en la causa que investiga presuntos hechos de abuso de autoridad, violación de los deberes de funcionario público y malversación de caudales públicos.

Ahora, los imputados avanzan en la designación de abogados y definen sus estrategias judiciales. Héctor Martínez Sosa eligió al estudio Vergara, aunque fuentes que conocen no aclararon si también defenderá a su mujer, María Cantero, exsecretaria privada de Alberto Fernández. Martínez Sosa es empresario, amigo y acreedor del expresidente, además de marido de su secretaria.

Alberto Fernández aún no informó quién ejercerá su defensa. Alberto Carlos Pagliano, expresidente de Nación Seguros, contrató a Fernando Enrique Pinto, defensor de Martín Insaurralde, y Brian Kelly, presidente de la compañía San Ignacio, una de las empresas más favorecidas con los negocios que se investigan en esta causa, deberá buscar un abogado nuevo debido a que Rafael Cúneo Libarona, hermano del ministro de Justicia, renunció por “honorabilidad y respeto”, luego de que LA NACION diera a conocer el rol que había asumido en este expediente.

La lista de los 33 acusados cuyos bienes fueron inhibidos incluye también a otros brokers y sus compañías, como Pablo Andrés Torres García, empresario asociado con Pro y el Frente Renovador; Osvaldo Alfredo Tortora, presidente de Bachellier SA; Héctor Basilio Villaverde, presidente de San German Seguros SA, y Castello Mercuri, broker y aportante a la campaña de 2019 de Alberto Fernández.

También, a Mauro Damián Tanos, ascendido a gerente general de Nación Seguros durante el gobierno de Javier Milei y desplazado de ese cargo la semana pasada, a su pareja y a otro exfuncionario removido junto con Tanos: Marcos Federico Eufemio, exgerente de Compras de Nación Seguros.