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El Consejo de la Magistratura avanza en la causa contra el juez federal de Rosario Marcelo Bailaque
Lo investigan por supuestos vínculos con narcos y el armado de expedientes judiciales para extorsionar a empresarios
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LA NACIONHernán Cappiello
El Consejo de la Magistratura avanzó con la investigación al juez federal de Rosario Marcelo Bailaque: le pidió a la justicia que le envíe los tres expedientes en los que el magistrado está investigado por sus nexos con narcotraficantes y por inventar causas para obtener beneficios económicos de los falsos imputados.
En la reunión de hoy de la Comisión de Acusación del organismo encargado de designar jueces y promover su remoción se aprobó la ejecución de las medidas de prueba propuestas por el consejero y diputado nacional Álvaro González, del larretismo.
González es el consejero instructor de la investigación y había pedido incorporar al caso del Consejo de la Magistratura los tres expedientes judiciales que se encuentra instruyendo el Ministerio Público Fiscal de la Nación.
En esos tres expedientes se investigan distintas conductas ilícitas del juez Bailaque, que habrían tenido lugar en el marco de su desempeño como magistrado.
En uno de esos expedientes se investiga el vínculo entre el juez Bailaque con los contadores Gabriel Mizzau y Eduardo Semino, en supuestas maniobras de lavado de activos de la organización narcocriminal dirigida por Esteban Lindor Alvarado, actualmente preso. El juez tenía el mismo contador que el narco condenado.
Los fiscales Luis Schiappa Pietra y Matías Edery advirtieron en los alegatos del juicio contra Alvarado que este jefe narco construyó su poder no sólo a partir de la violencia extrema, sino también a partir de la “complicidad del Estado”.
Los dos fiscales, que lograron en 2022 que Alvarado fuera condenado a prisión perpetua, fueron los primeros que dejaron expuesto a Bailaque.
En el segundo de esos expedientes se investiga la relación del magistrado Bailaque y el empresario Fernando Whpei -quien sería su amigo-, debido a que el juez habría dispuesto el desbloqueo de fondos judicialmente inmovilizados, en favor de una entidad financiera que pertenecía a este allegado.
En el último de esos expedientes se investiga al juez Bailaque, por el “armado” de causas contra los empresarios Claudio Iglesias y Jorge Oneto.
En este expediente se presentó como “arrepentido” el extitular de la AFIP de Santa Fe Carlos Vaudagna, quien dio detalles de su relación con Bailaque y como había armado expedientes con el magistrado para obtener beneficios de los empresarios.
Se investiga que el exjefe de la AFIP y Bailaque no actuaron solos, sino que en el fondo de esta trama aparece un engranaje de corrupción en el que participaron operadores judiciales de alto nivel en el país y empresarios que monetizaban “favores”.
La “extorsión” tuvo dos objetivos: cobrar una coima en dólares, aunque la misión principal, según interpretan varias fuentes ligadas al caso, era arruinar la reputación de Iglesias, que en ese momento aspiraba a convertirse en presidente del Grupo San Cristóbal Seguros, una compañía que está entre las cuatro que más facturan en el rubro, y era un hombre fuerte en el Mercado de Valores de Rosario. Después de la extorsión, Iglesias renunció a los dos cargos.
Vaudagna se hizo rico con estas prácticas y ahora confesó todo. Negoció una pena reducida y pagará una multa de un millón de dólares, además de la entrega de una casa en un country.
Ahora, su declaración judicial se incorporará al expediente disciplinario contra el juez federal de Rosario, que pese al escándalo sigue en funciones y dicta sentencias a diario.
Recabar toda esa información resulta vital para el avance de la investigación instruida por el consejero González, que se encuentra en plena etapa de recolección de pruebas.
Si se confirman los hechos denunciados, el juez Bailaque podría terminar sentado frente al Jurado de Enjuiciamiento de la Nación, lugar donde se evalúa el mérito para la destitución de los jueces federales.
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