El déficit habitacional: los contrastes de un drama siempre a punto de estallar

Vista desde la calle, la casa de Salguero 989 es una casa más. Puerta bien alta de dos hojas en el centro, una persiana metálica a cada lado. Pero lo primero que se ve al entrar en este caserón de Almagro es un policía de consigna. Está sentado en un hall en penumbras, al pie de una escalera que lleva al primer piso. Desde el fondo, un perro ladra sin parar a los recién llegados. Está tan alterado, como el ánimo de las 21 familias, unas 80 personas que se apretujan en una veintena de habitaciones. Podría pensarse que están en el peor de los mundos. Pero les falta caer un escalón más: el martes 16, a las 8 de la mañana, la policía va a desalojar el lugar, en una causa penal por usurpación.

En la casa, no hay valijas armadas ni clima de mudanza. Las familias saben que el lugar no les pertenece, pero esperan que la Justicia postergue el desalojo, por cuestiones humanitarias. La mayoría no tiene a dónde ir. Como Janina Haro, una peruana de 31 años, que llegó a la Argentina en 2009 y vive hace un año en un cuarto de 10 metros cuadrados, junto con su esposo y sus cuatros hijos.

"Lo pagamos 10.000 pesos. Entramos en el juego, nos estafaron", cuenta, resignada, en el patio central. Una decena de chicos revolotean bajo tres sogas con ropa que se seca al último sol de la tarde. "En los hoteles no nos aceptan con hijos. Los chicos no pueden estar en la calle en Nochebuena", dice, casi en un ruego.

Uno de cada cuatro habitantes de la Argentina, a los que no se les respeta el derecho constitucional de una vivienda adecuada. Es un estado de emergencia que resiste y se afianza, pese a la política pública del gobierno kirchnerista, el que más invirtió en vivienda en las últimas décadas.

Es una crisis que año tras año estalla en episodios de violencia y muerte, como los del parque Indoamericano, en 2010; Libertador San Martín (Jujuy), en 2011, y la villa Papa Francisco, en agosto pasado. Es un tema ausente en la agenda de campaña de los principales candidatos.

Para entender la complejidad del problema se pueden contrastar dos conjuntos de cifras. Lo hecho por el gobierno nacional y la variación estadística registrada entre los últimos dos censos. Entre junio de 2003 y julio de 2014, se concretaron 881.685 soluciones habitacionales, en beneficio de más de 4 millones de personas.

El número incluye 449.837 viviendas nuevas y 431.848 refacciones y ampliaciones. Es la misma cantidad que la realizada en los 25 años anteriores, según cifras del Consejo Nacional de Vivienda. Eso sin contar el Procrear, el plan lanzado en 2012 por la Anses, que otorgó créditos a tasa subsidiada con los que se comenzó la construcción de 140.000 casas en todo el país, 62.000 ya terminadas.

Como resultado de esas políticas (y de la construcción privada) se redujo la cantidad de viviendas precarias (de 6,2 a 4,3%) y el hacinamiento en los hogares (de 4,8 a 4%). Pero entre 2001 y 2010, el déficit habitacional disminuyó menos de 5 puntos porcentuales, se mantiene por encima del 25% y afecta a 3 millones de hogares. Esto incluye a los que habitan en una vivienda precaria y a los que comparten la casa con otro hogar (o unidad familiar). Sólo un tercio del déficit requiere de nuevas viviendas; el resto se soluciona con refacciones.

En el mismo período, los propietarios bajaron del 70,6 al 67,7% y los inquilinos subieron del 11 al 16% de los hogares, con cifras del 25 al 30% en grandes ciudades. Además, según un estudio de 2013 de la ONG Techo, hay 1834 villas en el área metropolitana, el interior de la provincia de Buenos Aires, Córdoba, Rosario, el Alto Valle de Río Negro, Neuquén, Misiones y Salta, en las que viven 532.800 familias. La mitad de los asentamientos se radicó en los últimos 25 años; un cuarto, durante la última década.

Mariana Lencina, 39 años, siete hijos, un nieto, es una de las caras del drama de la vivienda. Es la cara de los excluidos, los últimos de la fila. Nacida en Cildáñez, una villa de Parque Avellaneda, es parte de las 700 familias que el 23 de agosto fueron desalojadas de la villa Papa Francisco, en Lugano. Sin plata para un alquiler (en las villas de la Capital ronda los 2000 pesos), recaló en la casa de la madre, en la Villa 20, pegada al predio desalojado. La vivienda está justo al lado de un muro de dos metros, levantado para evitar una nueva ocupación.

Mariana está mucho peor que los que van a ser desalojados de Salguero 989. Vive en un primer piso que no califica como casa, ni siquiera en la villa. Tiene techo y medianeras, pero le faltan las paredes del frente y del fondo. En el rincón trasero donde armó una piecita, colocó chapas y cartones sostenidos con un fierro, para no dormir a la intemperie. En el frente, con vista a la villa Papa Francisco, directamente quedó el hueco. "El problema es cuando llueve, porque como el piso está inclinado se me viene toda el agua para el cuarto", cuenta, con naturalidad, como si hablara de una mancha de humedad en el cielorraso.

En la falda tiene a Milagros, su hija de 2 años, que chupa una mamadera vacía. Facundo, de 10, camina de un lado a otro y emite sonidos raros. "Cuando era chiquito, hablaba, pero después no habló más. Es como autista, pero todavía no nos dijeron bien qué tiene", dice, sin rasgos de autocompasión. Después fija la mirada en los montículos de tierra de la extinta Papa Francisco y recuerda la mañana del desalojo. "Los chicos se despertaron llorando. Afuera se oían gritos. Cuando salí, vi un montón de policías y uno me dijo que tenía cinco minutos para irme. Alcancé a sacar la tele y la heladera, pero el colchón se me quedó adentro."

¿Es propietario o alquila? Ése era el primer filtro al que sometía Roberto Galán a los participantes de Yo me quiero casar? ¿y usted? En la Argentina, ser propietario es mucho más que ser dueño de una vivienda.

"El propietario es un buen partido. La propiedad es un valor social muy importante, un símbolo de estatus. Es el resultado de una trayectoria personal exitosa y un logro que se puede dejar como herencia a los hijos", explica la antropóloga María Cristina Cravino, investigadora del Conicet y directora de la maestría de estudios urbanos de la Universidad Nacional de General Sarmiento (UNGS). En la villa la propiedad tiene un significado adicional, señala. "Es un elemento de certidumbre para gente que vive en una constante incertidumbre económica y laboral. La casa propia se asocia a tener una identidad, es como un DNI."

A quince minutos de la villa 20, en Morón, se encuentra otra de las caras de la problemática de la vivienda. En realidad, es una contratara. Con fondos nacionales, entre 2005 y 2010 el municipio urbanizó la villa Carlos Gardel, un asentamiento con más de 40 años de antigüedad, donde habitaban casi 500 familias. Hoy es un barrio, con calles pavimentadas, servicios públicos, luminarias y transporte. La experiencia es destacada por los urbanistas porque se llevó adelante con un proceso participativo. Los vecinos opinaron sobre los nombres de las calles, la modalidad de las cuotas y la distribución de las viviendas.

Mariela Isa, ama de casa de 30 años, con dos hijos, le puso un toque personal a la suya, una casa de dos plantas, con cocina, comedor, dos cuartos, dos baños y terreno en el fondo. Debajo de la barra de la cocina colocó una pecera. Hasta hace 8 años, vivía en la casa de sus padres, en la villa, con sus dos hermanos, su esposo y su hijo mayor.

"Esto es otra cosa. Cambió un montón. Acá no hay junta, no hay perros, no hay chicos en la calle", dice, con una sonrisa de alivio. Después corre la cortina de la cocina para mostrar el jardín del fondo. "La idea es construir un garaje y un quincho."

Ahora bien, si en la última década se construyó más que en las anteriores, ¿por qué persiste el déficit? "El acceso a la vivienda es parte del acceso al hábitat y depende de dos factores: políticas públicas y mercado inmobiliario. Después de una década con aumento de la inversión pública queda claro que lo que expulsa a los sectores populares es el comportamiento del mercado inmobiliario", sostiene el urbanista Eduardo Reese, director del Área de Derechos Económicos, Sociales y Culturales del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).

El CELS es integrante (junto con Techo, Madre Tierra, la UNGS y la Defensoría General de la Nación, entre otros) de Habitar Argentina, un espacio multisectorial conformado por organizaciones civiles, instituciones académicas, movimientos sociales y legisladores del oficialismo y de la oposición.

Ese colectivo elaboró el "Consenso nacional para un hábitat digno", un documento que reclama la regulación de los mercados de suelo y de alquileres, como soluciones complementarias a la construcción de viviendas.

"El desarrollo de los countries en el Gran Buenos Aires torna imposible el acceso a lotes para los sectores populares -afirma Reese-. En los países desarrollados, eso está regulado: en Alemania, los proyectos inmobiliarios entregan el 30%, y en Francia, el 20."

A la misma conclusión llegó Raquel Rolnik, la relatora especial de las Naciones Unidas sobre una vivienda adecuada, tras su misión en la Argentina, en 2011. En su informe destacó la "reactivación" de las políticas nacionales de vivienda desde 2003, pero señaló que no había sido acompañada por una política de suelo apropiada: "En este momento de gran especulación inmobiliaria, la débil intervención del Estado en los mercados del suelo ha afectado negativamente su política de vivienda, volviéndola fragmentada y paliativa". En ese entonces, todavía no existía la Secretaría de Acceso al Hábitat, un organismo creado en septiembre y destacado por los especialistas.

Las críticas más reiteradas de la oposición apuntan a otra cosa. "A diferencia de lo que pasaba con los planes del Fonavi, el Gobierno distribuye los recursos según la fidelidad del intendente. Hay una lógica de falta de transparencia, que tiene como emblema el caso de Sueños Compartidos, con el desvío de 1300 millones de pesos", dice el diputado radical José Cano, presidente de la Comisión de Vivienda de la Cámara baja.

La escalada del precio de los terrenos es una de las dificultades que encontró el plan Procrear, destinado a la clase media. "Con el plan hubo un boom y nadie quería perder un centavo", cuenta Federico Ávalos, un técnico mecánico de 37 años, al cruzar la reja de entrada de su nueva casa, en Ezeiza.

Es una vivienda de 110 metros cuadrados, en dos plantas. Abajo tiene un living, una cocina comedor y un baño. Arriba, tres cuartos y otro baño. La construyó con un préstamo de 300.000 pesos, a pagar en 20 años. Tuvo suerte porque había comprado el terreno, de 10 por 30 metros, en 2011. Lo pagó 70.000 pesos. Uno de sus compañeros de trabajo en el Centro Atómico de Ezeiza compró el terreno de al lado después de lanzado el Procrear y tuvo que poner 250.000 pesos.

La de Federico es una historia de progreso. Casado con Marcela, una técnica en medicina nuclear a la que conoció en la escuela primaria, hoy viven con sus dos hijos en la casa de los padres de ella. "Había ido antes a pedir un crédito al Banco Provincia y no me daban más de 150 lucas. Nos anotamos en el Procrear y al mes salimos sorteados." Todas las mañanas, antes de ir a trabajar, se encarga en persona de las terminaciones de la casa: la instalación eléctrica, el durloc del cielorraso, las cerámicas, los muebles de la cocina.

"La plata me alcanzó para lo grueso, el resto lo tengo que hacer yo", dice, y cuenta que consiguió un trabajo extra en una heladería para hacer frente a los gastos. Paga una cuota de 3000 pesos. "Calculo que en un mes y medio ya me voy a poder mudar. Es mi rancho, estoy orgulloso", dice, antes de ponerse a cortar el pasto del jardín.

Cuando se mude a su nueva casa, Federico habrá dejado de engrosar la estadística del déficit. Habrá escapado del drama en el que siguen atrapados Janina y el resto de los ocupantes de la casona de Salguero 989. Para esas familias, y para los desalojados de la villa Papa Francisco, el sueño de la casa propia es un sueño muy lejano, un lujo al que no pueden dedicarle tiempo. Mirando directo a los ojos, Janina dice que no está para sueños porque tiene una preocupación que la desvela: dónde va a dormir el martes, la noche después del desalojo.

Por Gabriel Sued

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