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El desafío de elegir mejor a los jueces
En 2010, las metas del Consejo son transparentar los concursos y optimizar la relación con la Corte
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Con o sin reforma legal, el Consejo de la Magistratura deberá enfrentar un gran desafío durante 2010: recuperar la credibilidad en el sistema de selección de jueces, dañada como nunca después de dos casos de fraude constatados, que confirmaron la sospecha de que en los concursos había corrupción.
Como pocas veces, consejeros kirchneristas y opositores coinciden en el diagnóstico y son conscientes de que, pase lo que pase con la ley, éste es un problema que requiere de ellos una respuesta urgente. "Vamos a poner en funcionamiento el nuevo reglamento de selección [aprobado a fin del año pasado] y sabemos que Consejo está bajo la lupa: va a tener que demostrar ser capaz de garantizar concursos transparentes y un sistema ecuánime", dijo el senador radical y consejero Ernesto Sanz.
"Lo de los concursos es una falencia atroz -coincidió la diputada oficialista Diana Conti-. Siempre hay rumores de que hay candidatos que tienen el tema de examen o de que los jurados saben qué prueba es de qué candidato. Los concursos tienen que ser incuestionables o cuestionables en lo mínimo y hoy no es así."
Una de las reformas que introduce el nuevo reglamento es una instancia de examen oral, que será filmada. También modifica la forma de valorar los antecedentes y de elegir a los jurados, que son jueces y académicos convocados por el Consejo para evaluar a los candidatos.
Además de más confiable, el sistema tendrá que ser más eficiente. Hoy hay 192 tribunales vacantes -más del 20 por ciento de la justicia nacional y federal-, 119 de ellos a la espera de que el Consejo termine el concurso. Y gran parte de esos trámites tienen todos los plazos legales vencidos.
Una fuente del Gobierno que conoce bien el Consejo dijo a LA NACION que el oficialismo intentará terminar con toda celeridad los concursos abiertos. Eso le va a dar a Cristina Kirchner la posibilidad de nombrar cuanto antes a sus candidatos a jueces y va a ser una buena señal hacia la Justicia, complicada por las vacantes. "Este va a ser para nosotros un año de buena letra. Nos conviene bajar el nivel de confrontación y sacar designaciones sin conflicto", dijo el funcionario.
Todos saben, no obstante, que en el Consejo hay un caso que hoy está congelado pero que puede ser una bomba de tiempo. Es el asunto de mayor relevancia política por resolver: el polémico concurso para designar a cuatro jueces federales porteños, un tercio del fuero que investiga las principales causas de corrupción.
En este trámite, que tiene más de cuatro años, LA NACION dio cuenta de graves sospechas de connivencia entre concursantes y jurados (la jueza María Servini de Cubría abrió luego una causa que lo investiga) y en diciembre una medida cautelar dispuso que el concurso no podía seguir adelante.
Basado en que las sospechas de trampas no se habían demostrado, el kirchnerismo había logrado cerrar una auditoría interna del Consejo. La idea del oficialismo era apurar el concurso y enviar las ternas al Poder Ejecutivo antes de la feria. Pero no consiguió los votos para eso y, en forma simultánea, llegó la medida cautelar que dejó el problema paralizado .
Otra cuestión que será clave este año es cómo evolucionará la siempre tensa relación entre el Consejo y la Corte Suprema, y eso estará muy ligado a lo que pase en el Congreso si se aprueba la reforma. La idea de varios legisladores es devolverle la presidencia del Consejo al máximo tribunal. Lo que le interesa sobre todo a la Corte es el control del manejo de los fondos del Poder Judicial. "Seguramente con Cabral como presidente las fricciones que complicaban la toma de decisiones se van a terminar", dijo Conti. El juez Luis Cabral, flamante presidente del Consejo, tiene una excelente relación con la Corte.
Además de seleccionar magistrados, la otra gran función del Consejo es investigar a los jueces acusados de mal desempeño. En este aspecto, lo que pase irá muy ligado a los niveles de confrontación que el poder político mantenga con la Justicia.
Así fue siempre. Cuando la Presidenta cuestionó públicamente a los jueces de la Casación por demoras en casos de derechos humanos, el oficialismo abrió causas en el Consejo contra la mitad de los integrantes de esa cámara. Varios terminaron renunciando. Y lo mismo pasó con la pelea entre el Gobierno y el campo. En pleno conflicto, se abrió un expediente a instancias del gremialista Julio Piumato "contra todos los jueces del país" por no haber impedido los cortes de rutas. Ese caso jamás se cerró.
