El desconocimiento de la libertad de prensa

Quienes aspiran a presenciar la consolidación del Estado de Derecho en el país quedaron inmersos en una sugestiva perplejidad cuando tomaron conocimiento de la orden impartida por un joven juez del fuero penal económico. Dispuso que, en el plazo de 5 días, seis diarios nacionales debían informar sobre la facturación de espacios para la publicidad contratados por ciertas empresas y personas desde 2006, así como también el nombre, la dirección y los contactos de los periodistas involucrados en la publicación de noticias referentes a los índices inflacionarios registrados desde ese año .

La orden fue impartida en una causa penal en la que, con motivo de la denuncia formulada por un funcionario gubernamental, se indaga si constituye un delito investigar e informar públicamente sobre el presunto deterioro del valor adquisitivo de la moneda local cuando sus conclusiones no coinciden con las emanadas oficialmente. La causa penal se inscribe en el absurdo jurídico de aceptar que en la Argentina existe el delito de opinión; que resulta ilícito emitir una opinión sobre temas institucionales que difiera o sea crítica de la que elabora una repartición del Poder Ejecutivo.

Si semejante criterio llegara a ser aceptado por los jueces, estaremos en la antesala de los regímenes autocráticos, que desconocen la libertad de expresión consagrada por 6 artículos de nuestra Constitución y varios tratados internacionales sobre derechos humanos, comenzando con el artículo 13 del Pacto de San José de Costa Rica que prohíbe toda intromisión estatal en el proceso informativo .

Pero, al margen del contenido absurdo de la causa, se añade el requerimiento formulado a los medios de prensa para que desarrollen tareas propias de la instrucción sumarial que conforman la esencia de la labor que la ley asigna a los jueces. Mal puede un juez exigir que los medios le informen sobre las notas periodísticas referentes a la inflación publicadas desde hace cinco años, cuando ellas son públicas. Si no las recuerda, debería revisar las páginas de los diarios requeridos y determinar cuáles noticias están avaladas por algún periodista en particular y cuáles son responsabilidad del director.

Pero en modo alguno puede interferir en la labor periodística pretendiendo que el personal de un diario dedique horas de su trabajo para satisfacer la curiosidad de un magistrado judicial o la ignorancia de un funcionario del gobierno. La información es pública y, para acceder a ella, basta que el juez o su personal lean los diarios. Es tan insólita la orden judicial que su emisión justifica serias dudas sobre la razón determinante de ella. Con cierta suspicacia, podemos presumir que ella se enrola en el pueril enfrentamiento gestado por ciertos sectores del gobierno con la prensa libre. Se estaría tratando de atemorizar a periodistas y medios de prensa con su eventual sujeción a una causa penal para que, en lo sucesivo, se abstengan de criticar la gestión oficial.

Sin embargo, tanto la ignorancia de la ley como la amenaza ilícita no se compadecen con el Estado de Derecho democrático ni con la seguridad jurídica que acarrea.

Si tras una lectura de los diarios el juez individualiza a los periodistas que elaboraron las notas referentes a la "sensación" inflacionaria que padecen los argentinos, y decide que se den a conocer sus "contactos" , fácilmente se advierte que estará desconociendo el secreto de las fuentes informativas tan bien resguardadas por la Suprema Corte de Estados Unidos en los célebres casos de los Papeles del Pentágono y Watergate, y reconocido por nuestra Corte Suprema.

Las circunstancias complejas de nuestra convivencia social han alterado la esencia de ciertos valores del ideal democrático. Pero también es cierto que la firme y muchas veces irreflexiva defensa de la libertad de expresión ha sido el factor fundamental en el desarrollo material y moral de los pueblos, con su secuela de progreso y dignidad. En algún momento, aquella indiferencia o alteración se disipan y vuelve a cobrar vida la reflexión de Mariano Moreno: es preferible una libertad peligrosa que una servidumbre tranquila. Así lo impone la sensatez republicana.