El desvío de armas afecta al Ejército

Una alta fuente judicial informó a La Nación que la situación del Ejército es muy comprometida en la causa por los envíos ilegales de cañones y municiones a Croacia, efectuados entre 1991 y 1995, y que, a partir del arribo de nueva documentación requerida a la fuerza, se evaluará la posibilidad de indagar a algunos jefes.

La fuente agregó que del expediente que llevan adelante el fiscal federal Carlos Stornelli y el juez federal Jorge Urso surge que, por lo menos, 18 cañones Citer de 155 milímetros, 8 obuses Otto Melara de 105 y los proyectiles que se contrabandearon a Croacia pertenecían al Ejército y no a Fabricaciones Militares (FM), cuyo ex titular Luis Sarlenga está procesado.

El jefe del Ejército, teniente general Martín Balza, ha declarado que el material vendido por FM no salió de su fuerza, que sí entregó armas y municiones a la empresa para su reacondicionamiento o canje, y que FM es responsable de lo ocurrido con el material.

Pero en los últimos días se agregó una importante prueba documental. Un comprobante indica que tres camiones de la empresa de transportes Zarandieta SRL, de Capital Federal, cargaron proyectiles de Otto Melara en el Grupo de Artillería 4 (GA 4) de La Calera, Córdoba, el 21 de diciembre de 1994, y que los transportaron directamente a la Compañía de Municiones 601, en Los Polvorines, en el conurbano, sin pasar por ninguna planta de FM. El nombre de los choferes también quedó registrado.

En la unidad del Ejército de Los Polvorines se efectuó el precintado y el despacho aduanero de esa carga, luego embarcada en Buenos Aires en el buque Rijeka Express, de la Croatia Lines, en febrero de 1995.

El 23 de diciembre del año último La Nación publicó en forma exclusiva que el precintado y el despacho aduanero de tres embarques ilegales de cañones, obuses y munición se realizaron en dos unidades del Ejército: el Batallón de Arsenales 601, en noviembre de 1993, y la Compañía de Municiones 601, en marzo de 1994 y febrero de 1995.

Según varios testimonios de ex operarios de la planta de FM de Río Tercero (Córdoba), como Omar Gaviglio, esta fábrica habría servido en la mayoría de los casos para cubrir con masilla y pintura el escudo argentino a los cañones y obuses, desarmarlos y colocarlos en contenedores para su embarque, en el puerto de Buenos Aires, en buques croatas.

En una nota que escribió para La Nación , publicada el 6 de enero último, Balza expresó que la fuerza "no participó de ninguna operación de venta de armas al exterior".

Balza, que es artillero, agregó que se entregó munición vencida a FM y que es "FM la que está en condiciones de responder qué destino se le dio a la misma".

Según el comprobante ingresado en la causa, la munición cargada en el GA 4 no fue a FM.

Cuando declaró como testigo el 24 de octubre de 1996, Balza manifestó que ignoraba que se hubieran realizado despachos de carga en la Compañía de Municiones 601.

Agregó que era la primera noticia que tenía al respecto, aunque admitió la posibilidad de que FM hubiera requerido autorización al jefe de la compañía o a la Dirección de Arsenales del Ejército para depositar allí algunos contenedores.

Consultado acerca de dónde salieron los cañones que vendió FM, Balza declaró que "del Ejército no salieron".

Decretos presidenciales

"Si bien se demostró, en principio, la responsabilidad de varios jefes y autoridades del Ejército y de FM, estos hechos no pudieron realizarse sin el consentimiento o las directivas de las máximas autoridades del Poder Ejecutivo", afirmó el diputado Horacio Viqueira (Frepaso-Córdoba), uno de los impulsores de la causa junto con el abogado Ricardo Monner Sans, autor de la denuncia que le dio origen.

En momentos en que aumentan las sospechas sobre la participación del traficante de armas sirio Monzer Al Kassar en las operaciones, algo que él negó, el empleo de material del Ejército indicaría que el contrabando habría trascendido la órbita de FM, que dependía entonces de Defensa.

Sarlenga, riojano, era un hombre de confianza del actual ministro de Trabajo, Antonio Erman González, coterráneo, cuando éste estuvo al frente de la cartera de Defensa.

Los embarques se realizaron al amparo de decretos presidenciales secretos. El diputado Viqueira ha pedido que se investigue a González, porque durante su gestión se firmó, en 1991, el primer decreto presidencial que habría servido para ocultar el verdadero destino de los embarques.

Ya se probó la falsedad del último decreto sospechoso, el 103, del 24 de enero de 1995. Su texto aprueba exportaciones de materiales nuevos a Venezuela, pero lo efectivamente transportado fueron piezas usadas rumbo a Croacia, por mar, y 5000 fusiles FAL defectuosos a Ecuador, en vuelos que partieron de Ezeiza en febrero de 1995, como informó entonces La Nación en forma exclusiva. En esos días, Ecuador estaba en guerra con Perú por un tramo de la Cordillera del Cóndor.

Una circunstancia agravante reside en el hecho de que mientras se producían los envíos, la Argentina era garante del Protocolo de Paz entre Perú y Ecuador, y un batallón del Ejército integraba en la ex Yugoslavia el cuerpo de paz de las Naciones Unidas.

Por los envíos de los fusiles se procesó a Sarlenga y al ex ministro de Defensa Oscar Camilión.

Miguel Bootello, abogado del empresario ecuatoriano Roberto Sassen van Esloo, que resultó perjudicado en la operación, solicitó anteayer que también se indague por estafa, entre otros, a Camilión, a Sarlenga y a Guillermo Etchechoury, ex secretario de Planeamiento de Defensa.

"La solución ideal"

En las páginas 27 y 28 de su libro "El peso de la verdad", Domingo Cavallo afirmó algo que ahora amenaza con cobrar consistencia en la investigación judicial.

"Cuando Erman González asumió en Defensa -escribe allí Cavallo-, decidió quitar las trabas que impedían participar más activamente en el negocio internacional de las armas "La solución ideal:

• "Se gestionarían los decretos aprobatorios de grandes ventas de material bélico que luego podría embarcarse en etapas sucesivas.
• "Los productos por vender serían idénticos a los que estaba usando el Ejército. Este debería comprometerse a poner a disposición de FM el material de sus propios arsenales para cumplir sin demoras con los embarques.
• "FM se comprometería a reponer ese material con elementos de nueva producción en los plazos que le permitiera su capacidad instalada."

Esto último no se habría cumplido en su totalidad.

Un extraño convenio

El 11 de octubre de 1994, a instancias de Balza, el Ejército firmó un extraño convenio de reposición de armas con FM.

Esta empresa, como lo reconoció Balza en su artículo, aún no habría devuelto a la fuerza todos los cañones y obuses que recibió para reparar o canjear por otros nuevos. Del artículo se desprende que al Ejército le faltarían seis obuses Otto Melara que FM no entregó debido "a la explosión de la planta de Río Tercero", aunque ex operarios de la fábrica dieron testimonio de que la explosión nada tuvo que ver y de que la causa fue la imposibilidad de continuar armando obuses mellizos con repuestos que proporcionaba el propio Ejército.

Un técnico

El ex operario Gaviglio declaró que el Ejército tuvo que enviar un suboficial armero a la fábrica de Río Tercero para ensamblar las piezas de algunos Otto Melara, pues, al ser de fabricación italiana, en FM no podían efectuar la tarea.

Balza agregó que se entregaron 16 cañones Citer de 155 milímetros y se recibieron a cambio diez. Los seis restantes, explicó, serían canjeados por cuatro CALA (cañón argentino de largo alcance), de los cuales sólo recibió dos.

"El convenio era beneficioso para el Ejército, y por eso se firmó", declaró Balza ante Urso en octubre de 1996. Más de un año después, FM seguía en deuda con la fuerza.

"El Ejército -explicó Gaviglio- nos daba los repuestos de sus Otto Melara para que reemplazáramos los que fueron a Croacia, pero por falta de repuestos no pudimos armar seis."

Los decretos presidenciales secretos

Autorizaban ventas de armas; también los firmaban los ministros de Economía, de Defensa y de Relaciones Exteriores, previo examen de una comisión de las tres carteras.

• Nº 1199, de 1989: 70.000 espoletas para proyectiles de mortero, con destino a Paquistán. La operación resultó ser una estafa, pues se envió material defectuoso.
• 1697 y 2283, de 1991: 42.000 fusiles FAL, además de pistolas, ametralladoras y munición, a Panamá.
• N° 1633, de 1992: 4500 pistolas y 3000 fusiles, a Bolivia.
• N° 47, de 1993: cuatro aviones Pucará y repuestos, a Sri Lanka.
• N° 103, de 1995: 18 cañones de 155 milímetros, 18 obuses de 105, 8000 FAL, 200 morteros de 60 milímetros y munición, a Venezuela.

Este país no recibió el material, buena parte del cual fue a Croacia y a Ecuador.

Por Por Jorge Urien Berri

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