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El DNI costará cuatro veces más de lo previsto en 1991
Cuando el Gobierno decidió privatizar su confección -un negocio de $600 millones-,el precio estimado era de $7; hoy es de $30; en marzo de l988 comienza la entrega
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En abril o en mayo próximos se firmará el contrato con el grupo empresario que tendrá a su cargo la confección de los DNI, de los padrones electorales y del control fronterizo y en marzo de 1998 comenzarán a entregarse los primeros nuevos documentos de identidad. Mientras que en 1991, cuando el plan de convertibilidad ya estaba en vigor y el Gobierno se aprestaba a cerrar la operación de los DNI, el precio de cada documento estaba previsto en 7 dólares. Hoy, el "techo" fijado en la licitación es de 25, incluida la entrega domiciliaria, que actualmente es optativa.
Todo esto se desprende de una investigación hecha por La Nación, a partir de la controversia que ha desatado el proyecto, que representa alrededor de $ 600 millones.
La abultada cifra que involucra más las denuncias reiteradas sobre la supuesta falta de transparencia en la operación y los intereses empresarios que están detrás de ella, entre otros los del grupo Yabrán, han convertido el tema de los DNI en uno de los estandartes opositores contra la corrupción.
Acerca del asunto hay una denuncia judicial de diputados del Frepaso y hasta el ex ministro Domingo Cavallo tendió un manto de sospechas sobre el caso, íntimamente relacionado con el control fronterizo. Ergo, con irregularidades migratorias, que incluyen el tráfico de drogas.
Pero el Gobierno, por medio del Ministerio delInterior, acaba de asegurar que "ésta fue una licitación abierta, pública e internacional" y que "actuó con claridad al enviar el pliego con 70 días de anticipación" al Congreso y a los organismos de control pertinentes.
Sólo en el 2003 estarán renovados todos los DNI
El Gobierno intenta poner orden en el caótico control migratorio; antecedentes
Si se cumplen los plazos anunciados por el Ministerio del Interior, el grupo empresarial que tendrá a su cargo la confección de los DNI comenzará a entregar los primeros documentos en marzo de 1998, pero sólo en el 2003 habrá renovado el sistema de identidad de todos los argentinos. En 1991, cuando el plan de convertibilidad estaba ya en vigor, el precio de cada DNI estaba previsto en 4,46 dólares cada uno, y hoy el "techo" fijado por las autoridades es de 25. Es fácil entender entonces el porqué de la diferencia de dinero en juego: una ganancia para el oferente de alrededor de 293 millones de dólares hace seis años, y los aproximadamente 600 millones que se calculan en la actualidad.
Aunque la carrera que se inició a fines del año último empezó con la compra de seis pliegos, sólo tres grupos presentaron sus ofertas (de lo que se informa por separado).
Si bien las intenciones que persigue el Gobierno con la operación son múltiples, la búsqueda de una mayor seguridad en los pasos fronterizos y la posibilidad de controlar la salida y entrada de personas del país, son los principales objetivos.
Sin dudas ni las fallas en los controles de seguridad ni la idea de una virtual privatización de la elaboración de documentos con mayor respaldo tecnológico son nuevos.
Es más, tal vez sea el recuerdo del fallido intento del ex ministro del Interior, Julio Mera Figueroa, de establecer un convenio similar al actual pero con la Sociedad de Exportación del Ministerio del Interior de Francia (Sofremi) a principios de 1991, lo que no produce buenas asociaciones en el pensamiento colectivo.
Si bien es cierto que en aquel caso la adjudicación sería directa gracias a un decreto presidencial que así lo establecía, las resistencias fueron de tal magnitud que se considera que el tema fue uno de los detonantes para la renuncia de Mera Figueroa.
José Luis Manzano ocupó entonces el Ministerio del Interior y apenas asumió sus funciones dio la orden para que "sin crear problemas entre ambos Estados" se desistiera del contrato con los franceses.
Parecido pero diferente
Al igual que lo que sucede con los actuales oferentes, la inversión inicial de Sofremi sería de alrededor de 100 millones de dólares y el contrato incluía, además de la fabricación de un documento de identidad no falsificable, el equipamiento tecnológico con soluciones informáticas para la policía, la inmigración, la preparación administrativa de las elecciones y su tratamiento estadístico. Las diferencias surgen a la hora de comparar el tipo y, como se apuntó, el precio de documento de cada una de las oportunidades.
Mientras por aquél entonces se ofrecía una "tarjeta inteligente", con un chip que almacenaría la información, en el nuevo pliego se hace referencia a una libreta similar a la actual, con la salvedad de que el papel utilizado es de seguridad y que los datos personales son guardados electrónicamente en una "página inteligente".
En el "91, la sospecha de irregularidades sobre el procedimiento hicieron que el juez en lo contencioso administrativo federal Oscar Garzón Funes declarara ilegítimo el decreto.
Pero no todo terminó allí, ya que el pliego que hoy está en cuestión tuvo su origen en 1994 cuando, algunas semanas después del atentado a la AMIA, el Gobierno consideró fundamental establecer mayores controles fronterizos.
Menem firmó el decreto 1310 por el que llamaba a licitación pública para que empresas privadas instrumentaran y operaran un sistema de control migratorio y de identificación de personas, pero nuevamente la intervención de Garzón Funes congeló la iniciativa.
El magistrado consideró que ambas atribuciones eran funciones exclusivas del Estado nacional por lo que delegarlas en empresas comerciales pondría en peligro la seguridad del país.
Ahora, reflotado el tema y en plena carrera, una presentación realizada por los diputados frepasistas Darío Alessandro y Juan Pablo Cafiero en la que sostienen que la licitación está direccionada para beneficiar a uno de los oferentes, reabrió la polémica.
Los empresarios avalan "una deuda pendiente"
Interesados: los tres oferentes de la licitación de DNI sostienen que el Gobierno busca cumplir una asignatura que faltaba. Creen que las denuncias son juego político.
Aunque cada uno pretende diferenciarse por razones obvias, los tres oferentes que luchan por ganar la licitación para la confección de los nuevos DNI, de los padrones electorales y la automatización del control fronterizo, coinciden en que con todo este proceso el Gobierno busca cumplir con "una asignatura pendiente en materia de seguridad y de fronteras". Si bien fueron seis los grupos que pagaron los 80.000 pesos que valía el pliego licitatorio, sólo tres fueron los que presentaron sus ofertas.
Así, tras el paso al costado que dieron Lockeed Unisys, IBM (que en un inicio había planeado ser "cabeza" de un grupo y finalmente participa como proveedor de uno de los grupos) y Pecom (Pérez Companc) y Nec, quedaron en pie las presentaciones de dos UTE (Unión Transitoria de Empresas) y la ofrecida por Siemens. Sin dudas, la mayor atención estuvo centrada sobre la UTE integrada por Itron (Argentina), SHL (Canadá), TRW (EE. UU.) y Malam (Israel).
Las denuncias de los legisladores frepasistas sobre la "direccionalidad" con la que se habría efectuado el acto licitatorio para beneficiar "al grupo Yabrán" -que participa como proveedor de estas empresas- provocó respuestas y aclaraciones de todas las partes intervinientes.
Un juego político
"Creemos que forma parte del juego político entre el oficialismo y la oposición y que no tiene demasiado que ver con este proyecto sino que el mismo está siendo usado como excusa para esgrimir toda esta pirotecnia política", dijeron a La Nación Roberto Celentano, de Itron, e Israel Lotersztain, de Malam. Es más, los empresarios aseguran que "se está haciendo una manipulación política de un proyecto genuino a través del cual el Gobierno está satisfaciendo una asignatura pendiente en materia de seguridad y fronteras".
Cuando se menciona el tema de la denuncia, tanto Celentano como Lotersztain, destacan que "este es un proyecto de informática y de comunicaciones en el que el 80% de la inversión está destinado a ello, y ni Ciccone ni OCA tienen ninguna experiencia en el tema". Destacan que, lejos de ser sus socios, estas empresas tienen rango de proveedores.
"Nos cuesta horrores explicarles a los extranjeros que habiendo elegido a los que de acuerdo con los antecedentes son los mejores, por eso somos los grandes pecadores", sentencian.
Quejas compartidas
Otro de los puntos que unen a los tres oferentes es la coincidencia en "la falta de garantías por parte del Estado" (en cuanto al éxito del negocio, léase renovación de los DNI) y al riesgo empresarial que ello implica. Al respecto, Claudio Ronzoni, gerente de Ivisa-TTI, la otra UTE que participa de la licitación, sostiene que "en el pliego no hay por parte del Estado un compromiso formal" para que se cumpla con la renovación de los documentos, principal vía de ingresos para las empresas.
Al igual que el resto de los oferentes, opina que a pesar de la garantía del 2% de renovación mensual de los DNI que figura en el pliego, no queda en claro de qué manera se puede asegurar algo del tipo sin una ley que obligue a la ciudadanía a renovar su documento. La cuestión reside en que la hipotética ganancia de 600 millones de dólares que el adjudicatario obtendría con esta licitación, se originan en el pago de 25 pesos más IVA (como máximo) que los ciudadanos pagarían por su nuevo documento y la preocupación de los oferentes surge a partir de la confirmación por parte del Estado de que, en caso de no alcanzarse ésa cifra mensual, no se les pagará la diferencia, a pesar de figurar "la garantía estatal en el pliego".
Más allá de reconocer su interés económico, los empresarios ensayan una justificación técnica: "Hasta que todos los ciudadanos no tengan su nuevo DNI no se tendrá seguridad en el sistema".
"Condiciones lógicas"
"Simplemente unos días antes de cerrar el período de consulta dijeron que, en su momento, el Estado dictará las medidas necesarias para garantizar el cambio del DNI", dijo, a su turno, José Ares, gerente de Siemens. Luego, explicó que "para firmar un contrato en condiciones lógicas" Siemens escribió durante el tiempo de consultas al Estado, que estaban "bajo la suposición de que, antes de la firma del contrato (con el oferente que gane la licitación), se dicten las reglamentaciones necesarias para hacer válida esa garantía" (de la renovación del 2% mensual de los DNI). Otro de los puntos conflictivos pareciera ser la relación que se establecerá entre el Estado y quien gane la licitación.
El Gobierno puso especial énfasis en que el proyecto no es una privatización, sino que se trata sólo de una tercerización, es decir que el aporte de las empresas privadas se limita a la tecnología (tanto software como hardware), a la impresión y distribución de los documentos y de los padrones, mientras que el manejo de la información estará a cargo de personal de las reparticiones oficiales correspondientes.
Para ello, el concesionario deberá entrenar a los empleados públicos, tema en el que los tres oferentes coinciden en calificar como "difícil para empresarios que, cuando hacen una inversión de esta magnitud quieren tener los recursos en sus manos".
Ahora, los tres oferentes tienen su mirada puesta en el 14 de marzo, día fijado para la apertura del sobre que contiene la oferta económica.
El oficialismo defiende su proyecto de las críticas
A pesar de la presentación judicial de los legisladores frepasistas, los funcionarios confían en la iniciativa
"El pliego de la licitación fue correcto y cumplió con todos los plazos formales para su elaboración", aseguró el subsecretario de Población, Aldo Carreras, uno de los más encendidos defensores del llamado que realizó el Gobierno el año último para la confección de los nuevos DNI, de los padrones electorales y la informatización de los puestos fronterizos. Las críticas más ácidas a la iniciativa oficial tienen como protagonistas a los diputados del Frepaso Darío Alessandro y Juan Pablo Cafiero quienes realizaron una denuncia judicial. En su primera presentación, pidieron que se investigara "la posible comisión de delitos de acción pública vinculados a la licitación" en cuestión y, sin éxito, que se intimara al PE para que se abstuviera de realizar dicho acto administrativo.
Desde aquél momento, en medio de ratificaciones, denuncias, respuestas y acusaciones cruzadas, el Gobierno salió a defender con uñas y dientes su postergado proyecto.
"El proceso licitatorio se hizo global y no fraccionado para que sea integral y homogéneo. No tiene sentido modernizar la documentación si no se cierran las fronteras", dijo a La Nación una alta fuente del Ministerio delInterior.
Por otra parte, en el oficialismo comentan que "sólo con tomar en cuenta la diversidad y el nivel de las empresas internacionales que intervienen, bastará para advertir que hemos actuado correctamente".
Y sin más vueltas viene luego la "indirecta" alusión a uno de los denunciantes. "La Comisión de Población y Recursos Humanos de la Cámara baja (de la que Cafiero es presidente) recibió los pliegos 70 días antes de la apertura de los sobres y no realizó ninguna objeción. Queda claro que la presentación de los legisladores del Frepaso es una acción política", dicen.
A continuación se detallan los principales cuestionamientos que los diputados realizaron al proyecto y las respuestas del Ministerio del Interior a cada observación:
- "Es una licitación a la medida de Yabrán": Desde la cartera política se sostiene que "fue una licitación abierta, pública e internacional -publicada en los principales diarios de los EE. UU. y de Europa. Se actuó con claridad al enviar el pliego con 70 días de anticipación a la Cámara de Diputados y también a la Secretaría de la Función Pública y a la Sindicatura General de la Nación".
- Privatización de áreas que pertenecen a "tres organismos bien diferenciados" (Registro Nacional de las Personas, Dirección Nacional de Migraciones y Dirección Nacional Electoral) mediante un único proceso: "Se colocan varios objetos del contrato en una sola oferta porque parte de la licitación (el pago de los DNI) permite financiar todo el sistema de informatización de todos los puestos fronterizos, la Dirección de Migraciones y el Registro Nacional de las Personas. A la vez posibilita que queden totalmente equipados todos los organismos y la primera base de datos de recursos humanos de todo el país que tendrá una actualización permanente".
- "Peligro que implica que todas estas actividades estén en manos de un solo particular o un consorcio de particulares": en el Gobierno aseguran que "es falsa la posibilidad de que algún empresario pueda controlar en el futuro los pasaportes, cédulas, DNI u otra documentación o información, puesto que el único responsable de ello es y será el Estado Nacional a través de los organismos competentes. Las empresas sólo tendrán a su cargo la capacitación del personal estatal, la instalación de los sistemas y su mantenimiento".
- La inclusión de la distribución domiciliaria de los DNI: "Se evita que queden en nuestras oficinas miles de documentos, como ocurre en la actualidad, y sirve para verificar el domicilio de las personas".
Además, los diputados dicen que de ganar el consorcio en el que se encuentra "el grupo Yabrán, el mismo controlará el futuro de los pasaportes, cédulas (que hoy imprime Ciccone y distribuye OCA), permisos de portación de armas, chapas patentes del automotor", entre otros.
Sospechas de Cavallo
A las denuncias hechas por el ex ministro de Economía Domingo Cavallo sobre el control que ejercería el empresario postal Alfredo Yabrán sobre la firma Ciccone Calcográfica a raíz de un crédito de 25 millones de pesos que la Banca Svizzera Italiana le habría otorgado, con fondos de Yabrán, a esa sociedad, y de las supuestas irregularidades en el manejo de la información que se realizaba en Migraciones, se suma ahora la de Cafiero y Alessandro. "Dudosamente, un funcionario, Hugo Franco, se ha venido manteniendo indefinidamente como interventor oficial (en la actualidad, director) de un organismo como la Dirección de Migraciones", dijeron los legisladores. Inmediatamente se reflotó el tema de la quema de parte de la documentación de Migraciones que en su momento originó el pedido que hizo el senador radical Antonio Berhongaray al Gobierno para aclarar la situación.
Si bien voceros de Franco aceptaron que había existido tal orden, aseguraron que los papeles quemados "son únicamente comunicaciones internas y no fichas de ingresos y egresos de personas".
