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El Estado, atrapado en la red de complicidades
En qué etapa se encuentra hoy la Argentina en relación con la operación del narcotráfico? Nuestro país presenta una trayectoria de más de tres décadas de actividad del narcotráfico dentro de sus fronteras. En documentos recientemente desclasificados por el gobierno de Estados Unidos, nuestro país figura junto con Brasil y Chile como exportador de cocaína a ese país en 1986. Este dato ilustra que el proceso que estamos viviendo tiene orígenes lejanos. Pero su actividad en el país se aceleró en los últimos 15 años y la Argentina dejó de ser exclusivamente un país de tránsito para transformarse en un país donde se elaboran estupefacientes debido a la abundante presencia de precursores químicos para su producción. Los niveles de consumo se encuentran entre los más altos del continente. Algunos datos para justificar esta afirmación son los siguientes: entre 2000 y 2006, según documentos de la Sedronar, se detectaron 80 laboratorios de distinta índole en la Argentina. Esta tendencia ha ido en aumento en los últimos años. Entre 2005 y 2010, de acuerdo con cifras de la ONU, las incautaciones de cocaína se incrementaron 638%. También de acuerdo con ese organismo, la Argentina es el tercer exportador mundial de cocaína. Desde 2010, el país no brinda más cifras sobre esta materia.
No contribuye a un debate serio trivializar el fenómeno. La presencia de extranjeros en casos de sicariato no debe ocultar el hecho de que todo actor extranjero cuenta con infraestructuras locales formadas en su gran mayoría por argentinos. Estas bandas son complejas en su accionar y abarcan desde actividades de tráfico en diversas escalas hasta la generación de actividades violentas que castigan mayormente a jóvenes de barrios de bajos ingresos de las grandes ciudades. Además, existen ramificaciones financieras de estas bandas destinadas a lavar el dinero procedente de su actividad ilegal con la participación de profesionales en leyes, contabilidad y finanzas, así como la búsqueda de cooptación de agentes estatales.
De manera creciente, comienzan a advertirse signos de complicidad en ámbitos estatales, en particular en muchos cuerpos policiales, así como también en la Justicia, el ministerio público fiscal y actores políticos. Existen tres factores centrales que explican la expansión de esta tendencia. El primero es la falta de resultados concretos de condena en casos de corrupción. En segundo lugar, la falta absoluta de resultados de las políticas contra el lavado de dinero del narcotráfico hace que estas organizaciones perciban la enorme debilidad del Estado para sancionarlos. El tercer factor es la falta de aplicación de sanciones a la financiación ilegal de la actividad política. Es decir, todos los incentivos institucionales están orientados hacia el aumento de casos de complicidad de actores estatales con las organizaciones de tráfico de estupefacientes.
Finalmente, las políticas orientadas a la lucha contra el narcotráfico fueron muy limitadas a la fecha. El país discute con muy pocos avances concretos desde hace 19 años la radarización de su espacio aéreo, carecemos de controles fronterizos y portuarios efectivos y las políticas contra la criminalidad organizada tienen resultados muy magros.
El crimen organizado no se expande donde quiere sino donde puede. Existen muchas políticas que dieron resultados contra el narcotráfico, es necesario actuar hoy para no tener que lamentar la pérdida de la paz y la democracia en el futuro.
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