Un celular en una caja fuerte, 22 GB de pruebas y una red que sigue matando: el cerco judicial y criminal sobre Marset
El líder del Primer Comando Uruguayo negocia en Estados Unidos un acuerdo para ser colaborador. Su sombra estuvo detrás de un cargamento que llegó al norte de Santa Fe
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PARA LA NACIONGermán de los Santos
Dentro de una de las cajas fuertes que la policía boliviana encontró en la mansión donde Sebastián Marset fue capturado el 13 de marzo pasado en Santa Cruz de la Sierra había un teléfono iPhone. El dispositivo, enviado a los Estados Unidos para su peritaje, se convirtió en una de las pruebas centrales del proceso judicial que el capo narco uruguayo enfrenta en el Tribunal Federal del Distrito Este de Virginia por conspiración para cometer lavado de dinero vinculado al narcotráfico internacional.
La información extraída del celular se sumó a los 22 gigabytes de evidencia digital y documental que la fiscalía federal norteamericana reunió contra Marset, un volumen equivalente a más de cuatro millones de páginas de texto. El fiscal federal adjunto Anthony Aminoff reveló que entre las pruebas figuran comunicaciones interceptadas en varios idiomas, registros financieros internacionales y documentación obtenida mediante cooperación judicial con Uruguay, Colombia, Bélgica y Francia.
La acusación sostiene que Marset lideró una estructura criminal dedicada al envío de toneladas de cocaína desde América del Sur hacia Europa y al lavado de millones de dólares y euros por medio de operaciones financieras internacionales.
El peso de esa evidencia empuja a Marset hacia la posibilidad de sellar un acuerdo de culpabilidad. La audiencia preliminar prevista para el 20 de mayo fue suspendida y reprogramada para el 1° de julio, luego de que fiscales y abogados defensores solicitaran más tiempo para negociar.
Según documentos judiciales a los que accedió el medio uruguayo Montevideo Portal, el propio Marset firmó un escrito en el que confirma que comprende plenamente sus derechos y que revisó la solicitud de postergación junto a su defensa. Si acepta declararse culpable, deberá colaborar con información relevante sobre la estructura y operaciones de su organización a cambio de una eventual reducción de la pena de hasta 20 años de prisión que enfrenta. Su equipo legal está encabezado por el abogado uruguayo Santiago Moratorio y fue reforzado recientemente con la incorporación del exfiscal federal Gene Rossi, especialista en crimen organizado.
El hallazgo de las cajas fuertes tiene su propia historia, marcada por el hermetismo policial y las disputas institucionales en Bolivia. El ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, reveló semanas después de la captura que no fueron tres, sino cuatro las cajas fuertes que se incautaron durante los operativos en Santa Cruz. Dos fueron encontradas en la mansión del barrio Las Palmas donde dormía Marset; las otras dos, en una hacienda de su propiedad. Esas últimas fueron abiertas públicamente ante la prensa, fiscales y bomberos: estaban vacías, solo contenían tornillos.
La caja decisiva era una de las dos halladas en la casa. En su interior había dinero en dólares, euros, reales y bolivianos; joyas, relojes de alto valor, tarjetas bancarias, pasaportes falsificados —entre ellos uno español con el que Marset habría viajado por países del Golfo Pérsico, Paraguay, Uruguay y la Argentina— y el celular iPhone. La policía retuvo esa caja fuerte sin informar a la fiscalía y la trasladó a una bóveda bancaria en La Paz. Cuando intentaron entregarla al Ministerio Público, los fiscales rechazaron recibirla por considerar que la cadena de custodia ya estaba contaminada. Oviedo explicó que la retención obedeció a la necesidad de preservar el dispositivo y los pasaportes, cuya existencia no fue revelada antes porque la investigación seguía en curso.
El comandante general de la policía boliviana, Mirko Sokol, señaló que las autoridades esperan que los resultados del peritaje norteamericano permitan identificar a todos los involucrados en la red. “La información que se obtenga servirá para iniciar investigaciones en el país contra todos quienes hayan estado implicados”, dijo, y anticipó que las indagaciones alcanzarán tanto a civiles como a autoridades de distintas instancias del Estado.
Durante el operativo del 13 de marzo también fueron incautadas computadoras, tablets, documentos, joyas y dinero en efectivo, además de bienes valuados en aproximadamente 15 millones de dólares: seis viviendas, dos aeródromos, 16 aeronaves —11 operativas—, y varios vehículos de alta gama. Las autoridades bolivianas admitieron que parte del entorno de Marset logró huir durante el despliegue policial, lo que explicaría la ausencia de mayores cantidades de efectivo en los inmuebles intervenidos.
Dos meses fuera de juego
A dos meses de la captura de Marset, la violencia derivada de la disputa por los restos de su organización no cesa. El 26 de abril, en el parque de asistencia del Rally Sprint Nueva Santa Cruz, un sicario colombiano bajó de una camioneta y acribilló a José Pedro Rojas Velasco, alias Pepa, un piloto de rally de 29 años que era, según la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), el piloto de avionetas de Marset y el hombre que se perfilaba como su sucesor operativo. La Policía lo ubicaba en la “tercera línea” de la organización y sostenía que se preparaba para asumir el mando.
La fiscalía amplió la investigación por asesinato contra Erland Ivar García López, alias El Colla, señalado como presunto autor intelectual del crimen. El Colla fue durante años la mano derecha y testaferro de Marset en Bolivia, pero la relación se quebró violentamente: en octubre de 2025, García López publicó un video acusando a Marset de secuestrar a su esposa e hija, y Marset respondió con otro video, rodeado de encapuchados con insignias del PCC brasileño, llamándolo “sapo” y amenazándolo de muerte. Cuando la fiscalía fue a verificar si cumplía detención domiciliaria por un caso de tráfico de drogas, El Colla ya no estaba. Su paradero es desconocido; las autoridades sospechan que huyó a Paraguay.
El comandante departamental de la policía de Santa Cruz de la Sierra, coronel David Gómez, amplió el cuadro de sospechosos: “Existe la probabilidad de que tanto el PCC, el Comando Vermelho y El Colla estén vinculados como autores intelectuales o materiales”. La captura de un colombiano identificado como Elkin Deivi Bravo Omen, quien según la investigación cobró 27.000 bolivianos por seguir a Pepa durante más de un mes y reportar sus movimientos, fue el primer avance concreto en el caso.
La muerte de Pepa tiene ramificaciones directas en la Argentina. Un número de teléfono con característica de la localidad santafesina de Videla, al que Rojas Velasco llamaba desde Bolivia, fue el dato que la DEA proporcionó a la Policía Federal Argentina (PFA) y que derivó, el 5 de este mes, en la incautación de 442 kilos de cocaína y una avioneta Cessna en un establecimiento rural de la localidad de Vera, en el norte de Santa Fe. La investigación determinó que Pepa era el enlace entre el circuito narco boliviano y la red de Brian Bilbao, detenido en noviembre de 2025 en Rosario.
La captura de Marset desató también una cadena de asesinatos vinculados al robo de cocaína de sus depósitos en Santa Cruz de la Sierra. Tras el operativo del 13 de marzo, al menos una tonelada de droga de alta pureza fue sustraída de un inmueble en el barrio Oriental de la Radial 26 —un acopio que, según algunas fuentes, llegaba a tres toneladas— aparentemente por personas cercanas a la propia estructura, entre ellas José Ángel Castañeta Montaño, alias “Cara de Bebé”, un informante de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn).
La policía federal de Brasil aportó una pieza adicional al rompecabezas: el brasileño Elwis Arantes Tobal, con antecedentes por narcotráfico en su país, viajó por tierra desde Santa Cruz de la Sierra hasta San Pablo transportando parte de esa cocaína robada y la entregó a integrantes de una organización criminal. Cuando los compradores revisaron la mercadería, reconocieron la marca que identificaba la droga como proveniente de los depósitos de Marset. Interpretaron la operación como una traición y enviaron sicarios que alcanzaron a Arantes el 28 de abril en un restaurante de Puerto Quijarro, donde lo acribillaron junto a su pareja.
Antes de eso, el 11 de abril, dos sicarios brasileños —Alex Heleno Da Silva y Carlos Wagner Castelo Branco, miembros de una facción criminal con notificación roja de Interpol— y el boliviano Hernán Navía Martínez citaron a Cara de Bebé en la Radial 26 de Santa Cruz. Intentaron secuestrarlo para forzarlo a devolver la droga, pero la operación terminó en un tiroteo: Castañeta recibió múltiples impactos y murió al día siguiente en una clínica. La misma dupla brasileña está sindicada del triple asesinato en El Torno, donde tres hombres fueron maniatados, ejecutados de un disparo en la cabeza y calcinados dentro de una habitación, también en relación con la cocaína desaparecida.
El 10 de este mes, un operativo del Grupo de Inteligencia y Operaciones Especiales (GIOE Oriente) y el Grupo de Investigación de Casos Especiales (GICE) en la localidad de Jorochito, municipio de El Torno, reveló que la lujosa quinta “La Odisea” funcionaba como centro logístico y base armada de la organización de Marset. La propiedad —con siete habitaciones, piscina, canchas de fútbol y voleibol, cabañas con mesa de billar, churrasquera con horno de barro e incluso animales silvestres— era publicitada en redes sociales como un espacio recreativo de alquiler.
Debajo de esa fachada, los agentes encontraron un arsenal de 19 armas de fuego —fusiles de guerra y pistolas—, cargadores, municiones, chalecos tácticos, placas balísticas, indumentaria policial, cocaína, caletas ocultas con armas y droga enterradas en turriles plásticos, 27 teléfonos celulares y más de 150.000 dólares en efectivo ocultos en catres y mochilas. El viceministro de Defensa Social, Ernesto Justiniano, fue categórico: “No era una quinta cualquiera”.
Cinco personas fueron detenidas: los brasileños Felipe Anderson Pinto Sousa y Lucas D.C., y tres bolivianos. Uno de los brasileños, identificado como Francisco A., fue reconocido como el hombre armado que aparecía junto a Marset en el video de octubre de 2025 en el que el uruguayo amenazaba a El Colla.
Las armas secuestradas coincidían con las exhibidas en ese video. Ambos brasileños tenían antecedentes penales en su país por narcotráfico y formaban parte del anillo de seguridad de Marset. El fiscal Boris Herbas los imputó por tráfico de sustancias controladas, tráfico ilícito de armas, asociación delictuosa, confabulación y organización criminal. Un juez de Portachuelo dictó su detención preventiva por 180 días en Palmasola.
La Odisea fue descubierta a partir de investigaciones iniciadas en Portachuelo tras la captura de Marset, donde se detectaron las primeras “brigadas de seguridad” del uruguayo y datos sobre la existencia de la quinta en Jorochito.
La captura de Marset y su traslado a los Estados Unidos no desarticuló su organización, sino que la hizo explotar. Al menos cinco actores disputan ahora los restos de la estructura que el uruguayo construyó desde Santa Cruz: El Colla, prófugo y debilitado, pelea por los fragmentos de la red original; el PCC brasileño ofrece la infraestructura logística para sacar cocaína por los puertos brasileños; el Comando Vermelho mantiene presencia armada en el terreno; la mafia balcánica —el Clan de Kotor— intenta recuperar posiciones tras la ejecución de tres de sus operadores en agosto pasado; y Teddy, un piloto paraguayo prófugo desde 2024 tras intentar asesinar a El Colla, busca quedarse con las rutas aéreas.
En Bolivia, el ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, admitió que la organización de Marset “aún no fue desarticulada” y anunció coordinación con Paraguay, Brasil y la Argentina para neutralizar los nodos activos.
En Santa Cruz de la Sierra, al menos una docena de personas fueron asesinadas por sicarios en lo que va de 2026, incluyendo al magistrado del Tribunal Agroambiental Víctor Hugo Claure.
El proceso judicial en Estados Unidos también genera expectativa en la región: Paraguay manifestó interés en acceder a parte de la evidencia, especialmente la información de los dispositivos electrónicos, y un eventual acuerdo de colaboración podría tener repercusiones políticas en Uruguay en relación con la investigación sobre la entrega del pasaporte a Marset en 2021 durante el gobierno de Luis Lacalle Pou.
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