El fiscal Pedro Simón, un abogado “exitoso” con antecedentes políticos

SANTIAGO DEL ESTERO.– Pedro Eugenio Simón nació el 14 de abril de 1965 en la localidad de Los Juríes, en el interior santiagueño, en una familia dedicada a la agricultura, con importantes extensiones de campo y muy ligada ideológicamente al peronismo.

Esta semana sorprendió con un extenso informe que describe el desvío de fondos desde la AFA a empresas ligadas a Pablo Toviggino, mano derecha de Claudio “Chiqui” Tapia. Le sumó un pedido de detención para ambos dirigentes y la inhibición de sus bienes.

Simón estudió derecho en la Universidad Católica de Santiago del Estero (UCSE), de donde egresó como abogado en 1988.

En 2005 ingresó a la Legislatura de Santiago del Estero como candidato de la lista del Partido Justicialista. Acompañaba por entonces a José “Pepé” Figueroa, el candidato “bendecido” por la intervención federal comandada por Pablo Lanusse, quien había sido enviado a la provincia por Néstor Kirchner, tras la caída del poderoso matrimonio Juárez.

Como toda figura pública, el fiscal recoge en la provincia adhesiones y críticas por su accionar.

Simón es soltero, vive en la capital santiagueña y obtuvo un magíster en Derecho Administrativo por la Universidad Austral en 1999. Entre sus pasiones están las competencias de triatlón y de Ironman.

“Es una investigación compleja que llevó cuatro meses de análisis de documentación de gran volumen y diversa, los informes de la ARCA, los bancos y ya reúne unas 10.000 fojas”, explicó Simón, acerca del expediente que involucra a los conductores de la AFA, en diálogo con LA NACION.

Los conocedores del mundo tribunalicio explican que el fiscal llegó a su cargo sin una extensa carrera judicial, pero con un “exitoso paso por el ejercicio libre de la profesión”.

Entre los casos que manejó se destacó una investigación que terminó con el descabezamiento de la brigada de la Policía Federal por el robo de diez kilos de cocaína.

El fiscal Simón mantiene una suerte de “guerra fría” con su colega en el mismo edificio, la doctora Indiana Garzón, quien estuvo en carpeta durante el kirchnerismo para ser promovida para reemplazar al procurador general interino, Eduardo Casal.

Tres años atrás, el entonces gobernador de Santiago del Estero, Gerardo Zamora, presentó una denuncia contra Silvio Robles, un estrecho colaborador del presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Horacio Rosatti. Fue a raíz de una filtración de chats sobre el reparto de fondos provinciales.

En ese momento, en pocas horas, el fiscal Simón estampó su firma digital con la petición al juez federal de esta provincia Guillermo Daniel Molinari, quien hizo lugar a todo lo requerido por el gobernador Zamora y dispuso que se le pidiera a Robles su teléfono celular, con la finalidad de peritarlo y determinar si los chats que trascendieron días atrás eran ciertos.

Robles presentó, luego, una denuncia contra el juez de Santiago que pidió su celular.

El magistrado, en tanto, envió la causa a la Justicia Federal porteña en Comodoro Py, luego de declararse incompetente para seguir investigando el caso.

Ahora, el fiscal apuntó a Toviggino, quien tiene en Gerardo Zamora -hoy senador nacional-a uno de sus principales aliados políticos.

LA NACION

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