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El fiscal Pollicita pidió enviar a juicio oral a exfuncionarios de Vialidad

Formaron la plana mayor de la Dirección General de Vialidad durante el kirchnerismo
Formaron la plana mayor de la Dirección General de Vialidad durante el kirchnerismo Crédito: Ricardo Pristupluk
Hugo Alconada Mon
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12 de marzo de 2019  • 07:48

El fiscal federal Gerardo Pollicita avanzó contra seis exfuncionarios que conformaron la plana mayor de la Dirección General de Vialidad durante el kirchnerismo y pidió que se los sume al pelotón de acusados que, junto a la expresidenta Cristina Kirchner , afrontará un juicio oral por la presunta sustracción de fondos del Estado por más de $ 46.000 millones.

La acusación alcanza también a Martín Báez, Julio Mendoza, Fernando Butti, dos de los máximos lugartenientes de Lázaro Báez -quien ya se encuentra procesado y a la espera de que comience el juicio oral-, y a Myriam Costilla, accionista y ex presidenta de la constructora Kank y Costilla.

El juez federal Julián Ercolini evaluará ahora si convalida el pedido de la fiscalía y eleva a juicio oral el tramo contra estos diez acusados, mientras que debe resolver si cita a indagatoria a otras cuarenta personas en lo que Pollicita calificó como "uno de los mayores fraudes al Estado nacional en la historia de nuestro país".

Los seis exfuncionarios de Vialidad que ahora podrían sumarse al juicio oral por el presunto direccionamiento a favor de Báez del 85% de las obras viales en la provincia de Santa Cruz son el exgerente de Administración, Sergio Passacantando; los exgerentes de Planeamiento, Investigación y Control, Gustavo Gentili y Fernando Abrate; los exgerentes de Obras y Servicios Viales, Sandro Férgola y Jorge Gregorutti; y el exnúmero dos del organismo, Carlos Alonso.

Para Passacantanto y Férgola, el pedido de Pollicita representó un nuevo traspié apenas días después de que el juez federal Claudio Bonadio ordenara su detención en la investigación que comenzó con los cuadernos del chofer del Ministerio de Planificación, Oscar Centeno, tras considerar que resultaron un eslabón clave dentro de la estructura del Estado para que decenas de empresas se cartelizaran y conformaran el "club de la obra pública" con sobornos millonarios a cambio de licitaciones arregladas.

Ahora, según Pollicita, Passacantando y Férgola, pero también Gentili, Abrate, Gregorutti y Alonso habrían resultado "imprescindibles" para el desfalco de las arcas públicas "desde el seno mismo de [.] Vialidad, direccionando las licitaciones y promoviendo la inobservancia de los controles en cada una de las contrataciones perjudiciales celebradas".

Esta presunta sintonía delictiva entre empresarios y funcionarios drenó fortunas del Tesoro público, estimó el fiscal. "El proceso de adjudicación configuró una puesta en escena orientada a simular en los papeles una supuesta competencia entre oferentes que en la realidad no existía, lo que permitía, por un lado, cumplir con el requisito de multiplicidad de ofertas y, por el otro, aumentar el costo de la obra vial a través de cotizaciones superiores al presupuesto oficial".

Trato preferencial y delictivo

Sin embargo, estos exfuncionarios de Vialidad ya en instancia oral -como el ex titular del organismo, Nelson Periotti-, otorgaron un trato preferencial y coordinado a favor de las empresas de Báez para que estas ganaran y cobraran contratos de obra pública con epicentro en la provincia de Santa Cruz por miles de millones de pesos.

A tal punto llegó ese direccionamiento, según datos oficiales que cotejó la Fiscalía, que Santa Cruz recibió el 11% del presupuesto total destinado a obras viales entre 2003 y 2015; es decir, un monto equivalente al que recibieron otras ocho provincias sumadas durante el mismo período y "un monto prácticamente igual al ejecutado en la provincia de Buenos Aires, la más poblada y extensa de nuestro país".

Así, para Pollicita nueve de los diez acusados contribuyeron de manera "esencial" con la presunta asociación ilícita que habría comandado el entonces matrimonio presidencial Kirchner, mientras que el décimo acusado, Martín Báez, sí habría integrado esa supuesta organización delictiva, con un rol preponderante en el lavado de activos.

"En definitiva, Santa Cruz lejos de ser beneficiaria de una legítima política del gobierno federal, fue el escenario escogido para el obrar mancomunado ilegal de un grupo de funcionarios que, comandados por los titulares del Poder Ejecutivo Nacional, utilizaron la propia burocracia estatal para proveer los fondos a dicha provincia, para que una vez allí llegara a manos de Lázaro Báez", argumentó la Fiscalía. "Ya fuera de la esfera pública, el dinero iniciara distintos caminos, entre ellos, un camino de retorno hacia los ex presidentes y sus hijos, quienes lo recibirían ya desde un rol privado a través de distintos mecanismos tendientes a darle apariencia legal a dichas transacciones, como la actividad hotelera e inmobiliaria", completó.

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