El fiscal Stornelli abrió la investigación tras la denuncia del Gobierno por espionaje ilegal
Dijo que no violará las fuentes de los periodistas ni los allanará, y avaló la postura oficial sobre una maniobra ilícita
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LA NACIONHernán Cappiello
El fiscal federal Carlos Stornelli impulsó la denuncia del Gobierno por supuesto espionaje ilegal aunque aclaró que en su investigación no violará el secreto de las fuentes de los periodistas ni sus domicilios con allanamientos.
La pesquisa se abre a partir de la denuncia que hizo ayer el Ministerio de Seguridad por la filtración de grabaciones de Karina Milei, secretaria general de la Presidencia.
A partir de ahora, el juez federal Julián Ercolini determinará los próximos pasos de la investigación.
En el dictamen de Stornelli, al que accedió LA NACION, el fiscal dijo que “no puede descartarse si no más bien presumirse la ilegitimidad de los audios quizás ardidosamente y de manera equívoca puestos por algunos actores dolosamente a consideración de la opinión pública”.
“Estamos frente a una operación de inteligencia ilegal, de factura indudablemente clandestina, elaborada en consabidos y oscuros sótanos, lo que debe ser materia incansable de investigación, lo que así postulo”, afirmó el fiscal, en línea con el argumento del Gobierno.
Stornelli señaló que la investigación “no podrá hurgar en las fuentes de algún periodista, merezca el concepto que merezca por parte de quien lo analice, ello por mandato constitucional y sin perjuicio de que alguno quiera voluntariamente, en ese sentido, aportar datos que considere puedan servir al descubrimiento de la verdad”.
Y advirtió que “esto incluye la inviolabilidad del domicilio, salvo orden fundada de juez competente”.
El Gobierno planteó dos acciones judiciales tras el escándalo generado por la publicidad de los audios del extitular de la Agencia de Discapacidad Diego Spagnuolo, donde admitiría que se repartían coimas por la compra de medicamentos, y por la difusión de conversaciones de Karina Milei.
Por un lado, presentó una denuncia penal que recayó en el jugado de Julián Ercolini con intervención del fiscal Stornelli, donde, además de plantear que se estaba frente a un complot para perjudicar al Gobierno antes de las elecciones, pidió que se impidiera la difusión de los audios.
Por otro lado, en relación con los audios de Karina Milei, pidió el viernes pasado que se frenara la difusión de esas grabaciones, que se había anunciado que se harían públicas esa noche.
En ese expediente intervino el juez Alejandro Patricio Maraniello, que impidió la difusión de los audios de Karina Milei que hayan sigo registrados en la Casa Rosada de manera subrepticia, lo que motivó la crítica unánime de juristas y constitucionalistas.
En la causa penal por el supuesto complot de espionaje ilegal contra Milei, el fiscal Stornelli pareció compartir la mirada del Gobierno sobre la existencia de una maniobra destinada a perjudicarlo.
Escribió Stornelli que en la denuncia del Ministerio de Seguridad, firmada por Fernando Oscar Soto, se habló de "la existencia de presuntas acciones delictivas llevadas adelante por una organización criminal, mediante el desarrollo de actividades prohibidas y penadas por la Ley Nacional de Inteligencia".
El Ministerio de Seguridad afirmó que esas acciones consistieron en “la captación y obtención ilegal de supuestos audios de conversaciones y/o comunicaciones privadas que corresponderían a la Secretario General de la Presidencia, Licenciada Karina Milei, mediante prácticas de espionaje ilegal, para luego procederse a su edición, manipulación, tergiversación y difusión clandestina, amplificándose a través de redes sociales y de ciertos medios de prensa que habrían sido elegidos deliberadamente, algunos intencionalmente y otros sorprendidos en su buena fe”.
El fiscal recordó que la denuncia había sostenido que esto tenía el propósito de “desacreditar la imagen del Gobierno en ejercicio influyendo ilegítimamente en la opinión pública e instalando posibles falsas acusaciones, y también con el posible fin de alarmar y desinformar a la población”.
También citó el argumento de que se buscó “desestabilizar los principales indicadores de la política económica, influenciar en el proceso electoral en las próximas elecciones legislativas -tanto a nivel nacional como provincial-, provocar una crisis de naturaleza política e interferir indebidamente en el funcionamiento de uno de los Poderes del Estado Nacional”.
El Ministerio de Seguridad incluso indicó que los que hacían estas conductas tenían “un posible ánimo destituyente, entre otros designios posibles”. Pues según el Gobierno “lo ocurrido formaría parte de una trama más amplia, que involucra a la oposición kirchnerista en una campaña de desinformación para derrocar al gobierno”.
Stornelli citó además la parte de la denuncia del Ministerio de Seguridad que sostiene que estas acciones forman parte de “una trama mas amplia” y que “algunos de los periodistas de los que señala se animan a chantajear a funcionarios espiados ilegalmente”.
Por eso, el fiscal escribió que la maniobra que será objeto de estudio no debe limitarse a los audios mencionados de Karina Milei sino llegar a la presunta génesis de la operación, “que encuentra su puntapié inicial en supuestas grabaciones del mismo tenor efectuadas sobre otro entonces funcionario público”, en alusión a Diego Spagnuolo.
“Se infiere que todas o parte de esas grabaciones habrían ocurrido no solo respecto de funcionarios federales de alto rango sino en lugares donde el Gobierno tiene absoluta y exclusiva jurisdicción, lo que deja habilitada sin más la competencia” federal, señaló el fiscal.
“La maniobra delictiva a investigar encontrará su espacio temporal al menos, desde que puedan datarse las primeras grabaciones publicadas y, yendo un poco más allá, sus actos preparatorios” -dijo Stornelli-. Afirmó que los delitos a investigar incluirían asociación ilícita, pero también una perturbación del orden en el ejercicio de la función pública y violación a la ley de inteligencia.
En la denuncia del Gobierno, la cartera que dirige Patricia Bullrich solicitó allanar el canal de streaming Carnaval, el primero que pasó los audios, y también los domicilios de los periodistas Jorge Rial y Mauro Federico, de Pablo Toviggino -principal accionista de Carnaval- y del abogado Franco Bindi, pareja de la diputada Marcela Pagano, acusado de haber sido el supuesto responsable de la difusión de los audios.
La denuncia del Gobierno habla de una supuesta influencia extranjera en esta “campaña de desestabilización” y se refiere expresamente a Venezuela y a Rusia, sin que queden claros los motivos de esta asociación.
Solo menciona que Venezuela es un país que está enfrentado a la Argentina y que hubo actividades de ciudadanos rusos denunciados por el Gobierno.
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