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El director general de la AFA se negó a responder preguntas
La acusación es por apropiarse de los aportes previsionales de empleados del organismo: Tapia y Toviggino declaran la próxima semana
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LA NACIONHernán Cappiello
Mientras el mundo del fútbol fue arrastrado a una protesta en defensa de Claudio Tapia y Pablo Toviggino, las máximas autoridades de la Asociación del Futbol Argentino (AFA) comenzaron hoy su ronda de indagatorias en los tribunales, donde deben responder por las acusaciones de haberse apropiado ilegalmente de aportes previsionales de los empleados y por evadir unos 19.000 millones de pesos.
El paro afecta todas las categorías, desde las juveniles a las profesionales, y se extenderá todo el fin de semana en rechazo a las citaciones a declarar por evasión a las autoridades de la AFA.
Quien arrancó los interrogatorios fue Gustavo Lorenzo, director general de la AFA.
Lorenzo compareció ante el juez en lo penal económico Diego Amarante. Pero el directivo presentó un escrito y no respondió las preguntas del juez ni del fiscal Claudio Naval Rial.
Lorenzo llegó al mediodía al edificio judicial de Retiro de Avenida de los Inmigrantes 1950. El lunes de la semana próxima será el turno del secretario general de la AFA, Cristian Malaspina a las 11 y a continuación declarará Víctor Blanco, exsecretario general de la entidad.
El jueves y viernes está previsto que declaren el tesorero Pablo Toviggino y el presidente de la AFA, Claudio Tapia.
Lorenzo presentó un escrito en el que señala que por su función en la comisión directiva de la AFA era ajena a las cuestiones impositivas. Además, negó vinculación con la falta de pago.
La denuncia de la agencia tributaria ARCA señala que hubo una apropiación de aportes y retenciones impositivas por $ 19.353.546.843.
La ARCA puntualiza una omisión del depósito de las retenciones del Impuesto al Valor Agregado (IVA) y del Impuesto a las Ganancias.
Según la denuncia, esto ocurrió en 19 ocasiones, entre marzo de 2024 y septiembre de 2025.
La Justicia analiza 69 hechos.
El juez Amarante dictó la prohibición de salida del país para todos los involucrados, incluidos Claudio Tapia y Pablo Toviggino.
Luego Tapia tuvo un permiso puntual para asistir a actividades de la Conmebol en Colombia y Brasil, pero se le negó otro para viajar a Venezuela y acompañar el regreso del gendarme Nahuel Gallo, que había estado secuestrado por el régimen de Nicolás Maduro durante 15 meses. Tapia no pudo estar allí.
La defensa de Tapia y Toviggino había planteado la nulidad de la indagatoria con el argumento de que aún resta que la Cámara de Apelaciones resuelva si hay delito o no.
Hoy, la Cámara rechazó un pedido de nulidad de Toviggino, es declr, la obligación de presentarse para ser interrogado sigue vigente.
El juez Amarante ya está en condiciones de resolver sobre el pedido de nulidad de Tapia, pues tanto la fiscalía como la querella de la ARCA ya expusieron sus argumentos.
El Gobierno, a través de la ARCA, hizo primero una denuncia en esta causa y luego una ampliación. Primero habló de que el monto evadido era de $7500 millones y luego sumó otros $11.000 millones.
La ARCA amplió los períodos por los que se reclama la deuda, incorporó nuevos conceptos impositivos y previsionales y presentó un cuadro global sobre el supuesto delito.
Tanto en la denuncia original como en su ampliación, se acusó a la AFA de incurrir en la retención de tributos y contribuciones a la Seguridad Social que no fueron depositados dentro del plazo, conducta que encuadra en los artículos 4° y 7° del Régimen Penal Tributario (Ley 27.430).
El documento asegura que la entidad actuó como agente de retención —descontando impuestos y cargas sociales a terceros— y se financió con esos fondos.
Para la Agencia de Recaudación y Control Aduanero, como expone en la denuncia original, existió dolo (intención) por parte de la AFA “conocía su calidad de agente de retención de impuestos y de los recursos de la seguridad social (habiendo efectivamente practicado tales retenciones) y podía cumplir con dichas obligaciones”.
La ARCA encuadró la conducta en la Ley Penal Tributaria, que prevé penas de prisión de dos a seis años para quien no depositare los tributos retenidos dentro de los 10 días hábiles.
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