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El Gobierno acelera en el Congreso y designa a tres espadas para el sprint final de las negociaciones
En la Casa Rosada depositan su confianza en el jefe de Gabinete, Manuel Adorni; la senadora Patricia Bullrich y el ministro del Interior, Diego Santilli; todos son monitoreados por Karina Milei
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LA NACIONCecilia Devanna
Con la mira puesta en el comienzo de las sesiones extraordinarias en el Congreso, en Balcarce 50 definen la estrategia y la división de roles para cerrar 2025 con parte de sus objetivos cumplidos. Las tres espadas para asumir las farragosas negociaciones son el jefe de Gabinete, Manuel Adorni; la senadora Patricia Bullrich y el ministro del Interior, Diego Santilli, según pudo saber LA NACION de fuentes oficiales.
Como jefa de bloque de La Libertad Avanza (LLA) en la Cámara Alta, Bullrich visitó este lunes la Casa Rosada, donde se reunió con el asesor Santiago Caputo. Ella es la gran apuesta del Gobierno en el Senado, donde se empezará a tratar la reforma laboral, a lo que sumó en las últimas horas una escalada en el marco de la causa AFA con la denuncia a su titular, Claudio “Chiqui” Tapia y al tesorero Pablo Toviggino.
Otro que está abocado de lleno a la agenda legislativa es Santilli, el titular de la cartera política, que pasará toda la semana haciendo base en el Congreso de la Nación. “Lo hará tanto con Martín Menem como con Patricia, en línea directa con los gobernadores, diputados y senadores, para conseguir los votos”, dijeron en su entorno en referencia a los proyectos de Presupuesto, Inocencia fiscal y reforma laboral.
En reuniones a lo largo de noviembre, encabezadas por Adorni, Santilli se juntó con los 20 gobernadores que firmaron el Pacto de Mayo. No lo hicieron con los peronistas Axel Kicillof, de Buenos Aires; Gustavo Melella, Tierra del Fuego; Gildo Insfrán, Formosa; y Ricardo Quintela, La Rioja. En la Casa Rosada ya se decidió que en el futuro inmediato tampoco habrá acuerdo con los mandatarios más identificados con la oposición.
Todos los movimientos son parte de lo que se viene definiendo desde hace días en los principales despachos del poder libertario. De hecho el pasado viernes la secretaria general de Presidencia, Karina Milei, convocó a una reunión en Casa Rosada a buena parte del elenco de funcionarios involucrados en la agenda legislativa para terminar de definir los pasos a seguir en las dos semanas de sesiones extraordinarias.
A diferencia de otras oportunidades, ella no estuvo presente porque, al igual que el presidente Javier Milei, ese día viajó a Córdoba, en el marco del “tour de la gratitud”. La reunión fue encabezada por Adorni y asistieron Bullrich; Santilli; Caputo; el subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo “Lule” Menem; la secretaria Legal y Técnica, María Ibarzabal; y el secretario de Finanzas, Carlos Guberman.
Fue una reunión ampliada de lo que habitualmente suele ser la mesa política, bajo la atenta mirada de Adorni, que será un nexo fundamental entre los diferentes actores, por la confianza que le depositan los hermanos Milei. El jefe de Gabinete, a su vez, sumó en su equipo a Ignacio Devitt, que viene de trabajar en la tabacalera Philip Morris, como nuevo secretario de Asuntos Estratégicos, con amplias funciones.
Argumentos oficiales
La administración mileísta está convencida de que la reforma laboral deberá tratarse primero en el Senado, pese a que desde la oposición sostuvieron que, como el proyecto tiene contenido impositivo, por reglamento debería ir a la Cámara de Diputados en primer lugar. Desde Balcarce 50 dijeron que eso no es así y enumeraron antecedentes y jurisprudencia a favor de su decisión.
Se trata de un debate técnico en el que el oficialismo lleva las de ganar porque tiene el control de las presidencias de ambas cámaras. Pero hay diputados y senadores opositores que reclaman: “La Constitución no es un trámite formal ni un obstáculo político: son las reglas de juego que garantizan el equilibrio institucional de la República y el artículo 52 establece con claridad que las leyes relativas a impuestos deben tener origen en la Cámara de Diputados”, consignó la senadora por Jujuy Carolina Moisés.
“Cualquier intento del Poder Ejecutivo de eludir este procedimiento desnaturaliza el sistema bicameral, vulnera competencias exclusivas, y puede anularse judicialmente el procedimiento”, completó la legisladora. A la que luego se sumaron, entre otros, los diputados Guillermo Michel y Esteban Paulón.
En Balcarce 50 sostienen que eso solo debería darse cuando la ley es “netamente impositiva, que no es este caso”. Aludieron al artículo 77 de la Constitución que prevé que “las leyes pueden tener principio en cualquiera de las Cámaras del Congreso, por proyectos presentados por sus miembros o por el Poder Ejecutivo. Salvo las excepciones que establece esta Constitución”. Y que una de esas excepciones constitucionales es la dispuesta por el artículo 52, mediante el cual se establece que “a la Cámara de Diputados corresponde exclusivamente la iniciativa de las leyes sobre contribuciones”.
Detallan que ese artículo fue objeto de debate. Y que mientras algunos han considerado que todas las leyes que tengan alguna relación con lo impositivo, incluso aunque sean regímenes de fomento, deben necesariamente iniciar en Diputados, otros -entre los que en Gobierno citan al fallecido jurista Segundo Linares Quintana, con cita a Joaquín V. González, y Alberto Spota- afirman que puede iniciar en el Senado “todo proyecto que no cree o aumente contribuciones, sino que las elimine o reduzca”.
Antecedente en el Senado
En las filas libertarias destacan que este debate ya se dio en 1985 en el Senado, y que la postura mayoritaria fue la última que, agregan, “coincide con el criterio utilizado para enviar la Reforma Laboral a la Cámara alta”. En cuanto a jurisprudencia aluden a que la Corte Suprema se expresó sobre esta cuestión en un fallo de 1948 y entendió que podía ingresar por el Senado una norma que, si bien se vinculaba con contribuciones, formaba parte de un cuerpo normativo que no era esencialmente tributario.
En la Casa Rosada agregan que son muchos son los antecedentes y resaltan que en el pasado cercano existe un antecedente claro en el que se utilizó al Senado como cámara de inicio en un proyecto de ley sobre el Impuesto a los Bienes Personales. Ese proyecto se convirtió en la Ley N° 27.667 y aumentó el monto del mínimo no imponible a partir del cual se debe abonar el impuesto. Las fuentes recordaron que “en ese antecedente votaron senadores de la actual oposición tal y como Juliana Di Tullio, Anabel Fernández Sagasti, José Mayans y Mariano Recalde.
Por Cecilia Devanna
