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El Gobierno aumentó por decreto el presupuesto para inteligencia y amplió los gastos reservados
En el Boletín Oficial dispuso de un aumento adicional de $7100 millones, de los cuales $1650 millones son fondos reservados sin obligación de rendición de cuentas
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LA NACIONJaime Rosemberg
Mientras la protesta por el ajuste a los haberes de los jubilados convertía al Congreso y sus adyacencias en un verdadero infierno de violencia, el gobierno de Javier Milei daba los últimos retoques al decreto de necesidad y urgencia (DNU), con el que amplió el presupuesto 2025 y le destinó más de $7000 millones de pesos al área de inteligencia.
Luego de recordar que el presupuesto enviado por el Poder Ejecutivo al Congreso no pudo ser aprobado el año pasado, y considerando que “dada la emergencia, es necesario que el Gobierno Nacional pueda asegurar una distribución razonable de sus recursos con el fin de poder cumplir con sus obligaciones”, el Gobierno dispuso un amplio abanico de aportes adicionales a áreas como las empresas de energía, pago de créditos a organismos internacionales o al Poder Legislativo. También aparece una ampliación de algo más de $7000 millones en los gastos para la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), entre ellos $1650 millones en gastos reservados [no requiere de informar en qué se utilizaron], según lo publicado hoy en el Boletín Oficial.
El Gobierno tampoco tuvo ánimo de debatir el proyecto de presupuesto en el Congreso ya que no lo incluyó en el paquete de temas de las sesiones extraordinarias del verano.
En el anexo 1 del decreto-firmado por el Presidente y la totalidad de sus ministros-se establecen los aportes adicionales para la SIDE, comandada por Sergio Neifert y donde tiene una gran influencia el asesor presidencial todoterreno Santiago Caputo.
El total previsto es de 7.366.286.591, de los cuales 6.344.120.048 corresponden a gastos corrientes y el resto a gastos de personal. El rubro “gastos reservados” aparece en el final del listado de erogaciones presupuestadas, y alcanza los $1.625 millones.
Altas fuentes del Gobierno, consultadas por LA NACION, justificaron el aumento en las partidas, y afirmaron que “lo necesario” serían “mil millones de dólares”, sin precisar en qué se invertiría tamaña cantidad de dinero. Otras fuentes prefirieron no responder sobre el asunto, y hasta afirmaron que desconocían los detalles del decreto.
En agosto pasado, y con el voto de distintos partidos opositores y el Pro de Mauricio Macri, el Congreso rechazó el DNU que asignaba $100.000 millones adicionales al presupuesto de la SIDE, en concepto de gastos reservados. Se trató de un duro golpe al Gobierno, en el primer rechazo a un DNU enviado por el Poder Ejecutivo desde la reforma constitucional de 1994, aunque los fondos habían sido gastados casi en su totalidad en el mes que medió entre la salida del decreto (19 de julio) y su rechazo parlamentario. En diciembre, el Gobierno aceptó la decisión del Congreso y devolvió los $88.000 millones que ya habían sido utilizados.
En aquel momento, desde el Gobierno se justificaba la necesidad de aumentar las partidas para la SIDE, con el argumento de hacer más eficaz la lucha contra el crimen y los denominados ciberataques. Para la oposición, en la voz del diputado Maximiliano Ferraro (CC-ARI), “el presupuesto de gastos reservados de $3.194 millones, fue aumentado en $100.000 millones, lo que representa un incremento del 3.131%, el equivalente a más de 350.000 jubilaciones mínimas. La SIDE pasa de tener un presupuesto donde los gastos reservados eran el 8.6% del total, a un presupuesto con 75% de gastos reservados, discrecionales y sin control. 100.000 millones de pesos para espionaje. Para algunas cosas sí hay plata”, se quejaba el legislador, que impulsó el rechazo por nulidad del decreto.
El actual DNU presidencial, que lleva el número 186/2025, también establece el envío de fondos adicionales al Congreso ($1726 millones, la mayoría para gastos en personal); la jefatura de gabinete ($2500 millones, previstos para el mismo propósito); el Ministerio de Justicia (poco menos de $1000 millones); el Ministerio de Seguridad ($8.860 millones, la mitad en personal, y unos $200 millones en gastos reservados); Salud ($30.000 millones), entre otros rubros.
En el anexo 2, el DNU del Gobierno dispone el otorgamiento de avales a distintas provincias para que tomen créditos en dólares para obras. Santa Fe (con tres préstamos por un total de US$ 600 millones), Córdoba (dos préstamos por cerca de US$ 400 millones) y la ciudad de Buenos Aires ( US$ 300 millones) son las administraciones con los montos más elevados.
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