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El Gobierno dará curso "urgente" a la extradición de Isabel Perón
Apoya así la investigación de los jueces; llegó a Madrid la nueva orden de captura
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Si alguna presión adicional le faltaba en estos días a Isabel Perón, el gobierno de Néstor Kirchner anunció ayer, de manera explícita, que tramitará ante España con máxima celeridad los pedidos para extraditar a la ex presidenta, una vez que los dos jueces que quieren interrogarla completen la documentación formal.
La Cancillería, que se encarga de cursar los exhortos judiciales internacionales, emitió un comunicado en el que detalla todas las acciones que ya ejecutó en relación con las causas que involucran a la viuda del general Perón. Allí expresa que apenas reciba la información de los tribunales cursará los exhortos “con la urgencia del caso”.
Es lo que corresponde, según la ley. Pero al anunciarlo de esa manera, el Gobierno ratificó la voluntad política de que avancen las investigaciones que implican en violaciones de los derechos humanos al gobierno peronista derrocado por el golpe militar del 24 de marzo de 1976.
Los primeros papeles diplomáticos sobre el caso Isabel Perón ya cruzaron el Atlántico: la Cancillería envió al embajador argentino en Madrid, Carlos Bettini, la copia de un oficio en el que el juez federal Norberto Oyarbide solicita que se anticipe a las autoridades españolas que pedirá la extradición.
Oyarbide es el segundo juez que pide la detención de María Estela Martínez de Perón (“Isabelita”). Lo hizo anteayer, en una causa por los crímenes cometidos por la Triple A, la banda parapolicial que operó desde el Estado al mando de José López Rega. Hasta anoche la policía española no se había presentado en la casa de la viuda de Perón para detenerla.
La semana pasada, el juez federal de San Rafael, Raúl Acosta, había ordenado la captura de la ex presidenta por la desaparición de un joven en los días previos al golpe de Estado.
El pedido de detención de Oyarbide se cumplirá en las próximas horas, según opinó ayer el juez.
La viuda de Perón pasó la última semana en libertad provisional, sin moverse de su casa en las afueras de Madrid, luego de que un juez de la Audiencia Nacional la citara en cumplimiento de la orden de captura librada por Acosta.
Los dos jueces federales tienen pendiente la elaboración de las rogatorias correspondientes para pedir la extradición, un trámite cuyo plazo máximo de concreción es de 40 días corridos.
Con el comunicado de ayer de la Cancillería, el gobierno de Kirchner dio otra muestra de que la investigación no sufrirá demoras políticas de ninguna clase.
Ya horas antes de la detención provisional de Isabel Perón había sido el ministro del Interior, Aníbal Fernández, el ecargado de sintetizar la posición oficial: "No habrá pactos de impunidad con nadie, y eso comprende a todos, también a la señora de Perón".
Luego de eso, el oficialismo (por ende, el peronismo) se sumió en un estricto silencio público, pese a que varios dirigentes de peso reconocen su incomodidad ante una investigación que se encamina a ensombrecer la figura del fundador del justicialismo.
Máxima atención
Kirchner siguió con máxima atención en los últimos días los avances en la situación de Isabel Perón.
Y en especial se interesó por conocer datos sobre el impacto de la noticia y sus consecuencias en la estructura peronista, según relataron dos fuentes que dialogan con el Presidente.
Si bien Kirchner intenta conformar un movimiento político transversal, todavía tiene como principal sustento a los dirigentes del PJ, y las dudas en el poder tienen que ver con una eventual crisis interna en caso de que la lógica de los juicios termine por centrar el debate político en la historia violenta del peronismo de los años 70.
"Lo que corresponde es tramitar sin dilaciones los pedidos de extradición. En eso es lo mismo el caso de Isabel que el de los ex funcionarios iraníes investigados por el atentado contra la AMIA", señaló un funcionario de la Casa Rosada consultado por la decisión política de apoyar las investigaciones de Oyarbide y de Acosta.
En el Gobierno también niegan que deba interpretarse como una señal a la Justicia el testimonio que dio en la causa que instruye Oyarbide el secretario de Derechos Humanos, Eduardo Luis Duhalde.
En esa declaración, previa a la orden de captura, el funcionario kirchnerista detalló información sobre las operaciones de la Triple A y sobre las listas negras de opositores elaboradas incluso durante los últimos días de vida del general Perón. Duhalde era socio del abogado Rodolfo Ortega Peña, asesinado por la banda parapolicial en julio de 1974. El actual secretario de Estado fue también quien tomó en 1983 una declaración decisiva para conocer el funcionamiento de la Triple A al policía Rodolfo Fernández.
Ahora, tras anticipar que cursará sin dilación todos los pedidos judiciales sobre Isabel Perón, el Gobierno tomará distancia del caso, según las fuentes consultadas. Y esperan con ansiedad que el proceso de extradición en España no se convierta en un show mediático que explote en medio del año electoral.
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