El Gobierno niega una intervención a Clarín

Para evitar un mayor desgaste político, la presidenta Cristina Kirchner buscó ayer sepultar las versiones de una intervención del Estado al Grupo Clarín y envió a sus principales funcionarios a asegurar que no existirá una toma compulsiva del multimedios por 180 días.

También desde la Casa Rosada se trató de desacreditar todos los rumores que se habían esparcido desde la semana última y que nunca habían sido desmentidos en relación con la idea de intervenir Clarín.

"El costo político hubiera sido difícil de asumir para el Gobierno en un momento de caída de imagen en las encuestas", aseguró a LA NACION un alto funcionario de la Casa Rosada. De todos modos, varias fuentes admitieron que "las intenciones de algunos existieron en el Gobierno".

Es por ello que nadie puede descartar que la Comisión Nacional de Valores, que dirige Alejandro Vanoli y que hizo 13 pedidos de informes a Clarín en la última semana, vuelva a la carga en el mediano plazo si la jefa del Estado cambia de parecer.

En rigor, la apuesta real de Cristina Kirchner sería lograr que el Congreso disponga por ley la expropiación de un 24% de las acciones de Papel Prensa para poder controlar el 51% de la empresa, que hoy es compartida por LA NACION, Clarín y el Estado. De esta manera se buscaría regular la producción y distribución de papel para diarios. "Esta sí es la jugada de la Presidenta", señaló una destacada fuente oficial.

"Es una empresa papelera y para la gente es menos impactante que tomar Clarín. Por lo menos, en este tema tendríamos un discurso político más creíble", confió un funcionario a este diario.

De todos modos, algunos ministros presienten que la expropiación podría ser impugnada en la Justicia por inconstitucional por parte de los accionistas de la empresa papelera, es decir por los diarios Clarín y LA NACION. En la Casa Rosada descuentan que ello desencadenaría una disputa que puede demorar varios años en los tribunales, tal como ocurrió con la ley de medios audiovisuales.

Los encargados fijar la postura de Cristina Kirchner de no intervenir Clarín ayer fueron el ministro del Interior y Transporte, Florencio Randazzo; el titular del Afsca, Martín Sabbatella; el diputado ultrakirchnerista Carlos Kunkel y el senador Aníbal Fernández.

En parte, la reacción oficial obedeció al inesperado decreto de necesidad y urgencia del jefe del gobierno porteño, Mauricio Macri, que dispuso que en la Ciudad de Buenos Aires se impedirán los ataques, intervenciones o avances sobre medios de prensa. Y creó un fuero especial para la protección de periodistas y medios de comunicación.

Fue la primera vez que una medida de Macri preocupó a los funcionarios por temor al desgaste político que pudiera significar a futuro.

"Si interveníamos Clarín iba a ser leído que lo hacíamos por las denuncias de Jorge Lanata por lavado de dinero", confió un asesor de alto nivel de la Presidenta. "Quedaba demasiado expuesta la represalia. Ese costo no lo podíamos bancar", agregó. "Está muy instalado que las denuncias de lavado, la reforma judicial y el blanqueo de capitales está todo vinculado", confió la fuente.

En ese contexto, Randazzo señaló que las versiones del desembarco del Gobierno en Clarín eran una "chantada". Kunkel agregó que "de ninguna manera" el Gobierno iba a "avanzar contra la libertad de expresión".

Aníbal Fernández descalificó el DNU de Macri como un "alcahueterismo clarinesco llamativo" y señaló que "después de Cañito, Firulete y Piñón Fijo es lo más gracioso que he visto en los últimos años". Fernández negó la intervención a Clarín: "Es torpe pensar que uno pueda cometer semejante cosa", dijo. "Dígame cuántos medios hemos intervenido desde el 25 de mayo de 2003", desafió.

En declaraciones a Radio Del Plata consignadas por la agencia DyN, Kunkel tildó de "disparates" las versiones y aseguró que "en ningún momento se pensó" la intervención. Sabbatella agregó: "La verdad, no tengo idea. Para mí hoy son versiones periodísticas sin fundamentación", dijo.

Por Mariano Obarrio

• Medios y política

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