El Gobierno no quiere incluir a la educación en el Pacto de Mayo y crece la polémica con las universidades

El Gobierno no está dispuesto a incluir -como pidió parte de la oposición- un compromiso con la educación dentro de los “mandamientos” del Pacto de Mayo que se firmaría el Día de la Patria en la ciudad de Córdoba. De hecho, en la Casa Rosada afirman que la invitación que hizo Javier Milei a firmar un gran acuerdo nacional es un “contrato de adhesión” con diez puntos que no están sujetos a discusión.

Aún cuando el primer mojón en la agenda política es el tratamiento de la ley Bases y el pacto fiscal, la UCR ya anunció que quiere incluir un respaldo a la educación “accesible a todos los sectores sociales y de calidad” en el Pacto de Mayo. Pero cerca de Milei se muestran intransigentes, como hacen cada vez que se avecina una instancia de negociación. “Los diez puntos del pacto no se mueven, adherís o no”, dijo un colaborador muy cercano al Presidente. Otro dirigente libertario acotó: “Los puntos son económicos, no está educación pero tampoco seguridad o salud”.

Las últimas medidas y las señales que viene dando el Gobierno dejan ver el rumbo que pretende darle Milei a la cuestión educativa. Un giro considerable respecto a lo que se hizo hasta acá, con menor intervención del Estado, una descarga de responsabilidades en las provincias y un mayor control y ajuste del gasto.

La última novedad fue la decisión de impulsar un proyecto para “penar” el “adoctrinamiento” en las escuelas. Fue un anuncio de Manuel Adorni luego de una reunión de gabinete El vocero comunicó la iniciativa sin que el secretario de Educación, Carlos Torrendell, estuviera al tanto. Según pudo saber LA NACION, durante el encuentro del Presidente con los ministros, uno de los presentes reflotó un proyecto de “vieja data” que tenían en su computadora. Y Milei; la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, y el vocero acordaron lanzarlo rápidamente en la conferencia de prensa del día. En Casa Rosada no quisieron revelar al autor de la iniciativa.

El proyecto para “garantizar una educación libre de proselitismo y adoctrinamiento” generó fuerte polémica pública porque hay quienes ven allí una posible persecución ideológica a los docentes. Se incluirá en la ley Bases que se enviará en los próximos días al Congreso y modifica los artículos 11º y 26º de la ley N° 26.206 de Educación Nacional que refieren a las garantías de los niños en el aula.

Fuentes oficiales dijeron que el nuevo texto “seguirá el espíritu” del artículo 33º de la Ley de Educación Superior, que vela por la “pluralidad” en los procesos de enseñanza.

Según pudo saber este medio, se evalúa proponer un canal de atención para que el alumno pueda concurrir si percibe “hostigamiento” de parte del docente y mecanismos para “respetar la libertad del alumno”. Lo que no está claro es cuál sería la “penalidad” para los docentes. Milei tiene este tema en la cabeza desde que Iñaki Gutiérrez, el joven que maneja su Tik Tok, le contó que una profesora lo maltrató por sus ideas.

El otro proyecto en gateras es el vinculado a la educación como “servicio esencial” para contrarrestar los paros docentes. Hace algunas semanas se especulaba con la publicación de un DNU, pero finalmente no se hizo, y ahora se evalúa incluirlo en la ley Bases. Estas y otras decisiones se toman en la Casa Rosada. Torrendell, en cambio, tiene como proyecto propio un plan de alfabetización.

Universidades

Respecto a las universidades públicas, el Gobierno ratificó la decisión de no incrementar las partidas más allá del aumento del 70% que se otorgó para “gastos de funcionamiento”. Esta medida se tomó luego de que, en marzo, las federaciones de la docencia universitaria y la Fatun (no docentes) anunciaran un paro nacional en 57 universidades debido a que la gestión de Milei pretendía replicar este año el presupuesto de 2023 pese a la inflación.

La UBA señaló en un comunicado que espera que el Gobierno “disponga de un presupuesto actualizado para el presente año que garantice la continuidad de sus funciones académicas, de investigación, salud y extensión, además de la actualización de las paritarias docente y no docente”.

Desde hace varios días, el referente de la UCR y vicerrector de esa universidad, Emiliano Yacobitti, viene denunciando mediáticamente que “gran parte” de la institución “va a cerrar en el segundo cuatrimestre” y alertó por el impacto de las tarifas. Agregó que los salarios de docentes y no docentes tuvieron una pérdida del poder adquisitivo “del 27%” en lo que va del año, mientras que las partidas para funcionamiento sufrieron un ajuste “del 60%”.

Tras esas declaraciones -y un cruce de chicanas entre Yacobitti y Adorni en torno a una invitación del primero a “boxear”- fuentes de la Casa Rosada dijeron a la nacion que la gestión de Milei tiene intenciones de implementar un mayor “control del gasto” de las universidades, que son autárquicas. “Piden plata pero no dicen a dónde va”, advirtió un funcionario en Balcarce 50.

De fondo, la mirada que tiene la cúpula libertaria es que hoy la universidad pública se financia con impuestos que pagan todos los estratos sociales aunque solo se gradúan aquellos alumnos con mejores recursos. “Los pibes pobres no llegan a la universidad. No hay razón para que alguien que no tiene recursos le pague la universidad a un rico”, dijo un colaborador muy cercano a Milei.

Todas estas polémicas se desataron cuando la gestión libertaria aún no puso en agenda el plan de los vouchers educativos. En la Casa Rosada dicen que es una reforma “de segunda generación” que todavía no verá la luz.

Por Maia Jastreblansky

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