El Gobierno no tiene los votos para la reforma laboral y la ley depende de una decisión de Milei
Hay en juego más de $3 billones que las provincias no quieren resignar; el peso de los gobernadores es decisivo para la suerte del proyecto; el reclamo por los fondos coparticipables
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LA NACIONGustavo Ybarra
La convicción en el Senado es casi unánime. La suerte de la reforma laboral se definirá en la Casa Rosada, con la decisión que adopte el presidente Javier Milei, en cuanto al uso de la reducción de impuestos coparticipables con las provincias como zanahoria para aumentar el empleo en blanco, supuesto objetivo primordial del proyecto que mantiene en vilo a la Cámara alta.
La propia jefa del bloque de senadores oficialistas, Patricia Bullrich, reconoció que el destino del proyecto ya no pasa de manera exclusiva por las negociaciones que encabezó la propia legisladora en la Cámara alta, cuando la semana pasada dijo que la discusión por los fondos provinciales se encontraba “bajo un paraguas” en el Poder Ejecutivo.
En un marco de menor recaudación por la caída del consumo que los viene afectando desde hace más de un año, los mandatarios provinciales no están dispuestos a ceder un peso más y piden que el Gobierno busque otros caminos para incentivar la registración laboral o, en su defecto, que les compense por otra vía la reducción en 3 puntos del impuesto a las Ganancias para las empresas.
“Nuestra voluntad, decisión y predisposición es seguir ayudando a la Nación. Ahora, el Gobierno nacional tiene que empezar a cumplir con las provincias, porque ya no tenemos margen, ya la recaudación del IVA bajó, porque el consumo no se levanta. Ahora, si se reduce la alícuota con la reforma laboral, evidentemente vamos a coparticipar menos Ganancias, entonces vamos a tener más problemas económicos y financieros”, fue la dura advertencia que lanzó Osvaldo Jaldo, gobernador de Tucumán.
En este escenario, las cuentas que se hacen en las mesas de arena libertarias, en particular en el despacho de Bullrich, muestran un escenario repartido por tercios, en el que la pelota puede caer de un lado o del otro de la red, según como se resuelva la discusión entre la Nación y las provincias.
A priori, cuando faltan menos de dos semanas para el 11 de febrero, fecha que se impuso Bullrich para llevar el proyecto al recinto del Senado, las cuentas muestran 26 votos a favor, 25 en contra y 21 legisladores que no han resuelto su voto y que, en su mayoría, responden a los mandatarios provinciales.
Los senadores referenciados en sus gobernadores son los que engrosan la columna de los que no prefieren adelantar sus votos. Es lógico, hoy la suerte del proyecto de reforma laboral libertario depende del resultado de las negociaciones entre la Casa Rosada y los mandatarios provinciales.
Aunque en el Gobierno la palabra final siempre la suelen tener Javier y Karina Milei y la discusión con los gobernadores la protagoniza el ministro del Interior, Diego Santilli, la llave para abrir la puerta que le permita a la reforma salir del Senado rumbo a la Cámara de Diputados para su tratamiento en revisión la tiene el ministro de Economía, Luis Caputo.
El papel del jefe de la cartera de Hacienda es clave porque la discusión es en torno a miles de millones de pesos de recaudación impositiva que la eventual ley les retacearía a las provincias por la reducción del 35% al 31% de la alícuota del impuesto a las Ganancias como incentivo a las empresas para que tomen nuevos empleados registrados.
Si se toma en cuenta también la eliminación de algunos impuestos internos (seguros, vehículos, objetos suntuarios, servicios de telefonía celular y satelital, entre otros), la masa de recursos coparticipables -los fondos que comparten con la Nación- y que perderían las provincias supera los $3 billones.
Esto explica que los mandatarios se hayan puesto firmes y le advirtieran al Gobierno que si no da marcha atrás o les propone una compensación de esos fondos se olvide de contar con los votos de sus legisladores para aprobar la reforma laboral.
La amenaza no es en vano. Los senadores que responden a los gobernadores, ya sea de manera directa o a través de alianzas políticas tácticas, son poco menos de una veintena, pero sumados a otros casos constituyen casi un tercio del cuerpo y se convertirán en el fiel de la balanza de esta nueva batalla legislativa que afronta la administración libertaria.
Los números
Más que nunca, en el Senado cobra relevancia la trillada frase sobe “la ancha avenida del medio”, que en este caso representa a los 21 senadores que, por el momento, aparecen como deshojando la margarita, indecisos, o no queriendo anticipar su voto.
El proyecto tiene el apoyo para su aprobación en general, eso quedó demostrado en el respaldo de los bloques dialoguistas que le permitió a la iniciativa, de más de 210 artículos, obtener dictamen de comisión en diciembre sin que se terminaran de resolver muchas de las cuestiones polémicas que tiene la reforma.
Ahora, el problema radica en el debate en particular, es decir de cada uno de los artículos que lo componen. Es ahí donde está lo que al Gobierno le interesa y lo que genera cortocircuitos con los sectores dialoguistas.
Los caciques provinciales controlan una docena de votos clave que, salvo en el oficialismo, atraviesan a todas las fuerzas políticas. Conviven en este grupo legisladores de fuerzas locales que gobiernan sus distritos, como Julieta Corroza (Neuquén) y Flavia Royón (Salta), junto con radicales, como el jefe de la bancada, Eduardo Vischi (Corrientes) y su comprovinciana Mercedes Valenzuela y con peronistas díscolos a la conducción de Cristina Kirchner como Guillermo Andrada (Catamarca).
También hay casos particulares, como las senadoras Edith Terenzi y Andrea Cristina, que son radical y de Pro, respectivamente, pero que responden al gobernador Ignacio Torres. Este extraño universo también tiene lugar para “líberos” como los santacruceños José María Carambia y Natalia Gadano, que atienden su juego más allá de los deseos del gobernador Claudio Vidal.
Además de la merma de fondos que mantiene alerta a los gobernadores hay otros ítems que están en discusión y que Bullrich y su equipo vienen, con paciencia oriental, receptando y trabajando para obtener una redacción que conforme a todos. El Fondo de Asistencia Laboral (FAL) para pagar indemnizaciones, los alcances de la caída de la ultraactividad de los convenios y la afectación de recursos para el sistema previsional son solo algunos ejemplos de cuestiones que todavía deben limarse.
En estos temas, el oficialismo no puede perder de vista a tres radicales “sin techo”, es decir sin gobernador, que suelen mostrar cierta independencia cuando los debates se tornan calientes y complejos. Son los casos de Flavio Fama (Catamarca), Maximiliano Abad (Buenos Aires) y Daniel Kroneberger (La Pampa). De todas maneras, hoy la clave pasa por la Casa Rosada y los gobernadores. Mientras no se resuelva esa puja, en el Senado todos seguirán “orejeando” sus cartas sin mostrar su juego.
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