El Gobierno planea relocalizar villas en terrenos del Estado

El gobierno de Cristina Kirchner prepara un ambicioso plan para destinar tierras fiscales a la construcción de nuevas viviendas sociales, con el fin de relocalizar familias de bajos recursos que viven en villas de emergencia y asentamientos precarios. El proyecto, que se instrumentará en el camino hacia las elecciones legislativas del próximo año, contempla además la posterior urbanización de las villas beneficiadas, una vez que los habitantes se hayan trasladado.

El Estado se haría cargo de las nuevas construcciones y concedería la escritura a cambio de un pago muy bajo extendido en un plazo prolongado. También planean construir escuelas y hospitales públicos, según confiaron altas fuentes oficiales a la nacion.

Se cubrirían así dos necesidades del Gobierno: por un lado, frenar el crecimiento exponencial de las villas en los últimos años. Por el otro, jugar una carta ganadora para las elecciones del año próximo, vitales para el oficialismo en el objetivo de mantener vigente la idea de la reforma de la Constitución, con la re-reelección de la Presidenta incluida.

"Preocupa mucho la presión de las villas. Por eso se conformará un gran banco de tierras fiscales para barrios de viviendas sociales", confió a la nacion un allegado al jefe del Gabinete, Juan Manuel Abal Medina, que dirige el ahora denominado "plan de reordenamiento territorial". El jefe de los ministros no respondió las consultas de la nacion por este tema.

Cristina Kirchner firmó el 9 del mes pasado el decreto 1382/12, por el cual creó la Agencia de Administración de Bienes del Estado. Se trata de una "superagencia" a la cual todos los ministerios y organismos de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial le deberán informar sobre los inmuebles que poseen, para conformar en 90 días un registro único de bienes del Estado. Ése será "un gran banco de tierras fiscales" que se distribuirán entre los más necesitados.

Todavía no está definido el criterio de reparto. La Agencia administrará todos los inmuebles de la Presidencia, del Parlamento y de la Justicia, de los ministerios, entes autárquicos, ferrocarriles, Fuerzas Armadas y de seguridad, y del viejo Organismo Nacional de Administración de Bienes (ex Onabe), que quedó disuelto en ese decreto.

El ex Onabe sólo administraba 1800 inmuebles, los que estaban desafectados a ministerios u organismos públicos. Aun así, la Auditoría General de la Nación hizo un informe en 2006 que determinó falta de registros, inventarios, control, y caos administrativo.

Lo llamativo es que la nueva "superagencia" conservará las autoridades del ex Onabe -de hecho seguirá funcionando en el mismo edificio de Retiro, con fuerte influencia de La Cámpora- y pasará a gestionar inmuebles, tierras y edificios cuya cifra no está calculada.

Muchos bienes ni siquiera tienen títulos ni escritura y están en situaciones jurídicas complejas: desocupados, subutilizados, cedidos o alquilados por segunda o tercera vez, a préstamo o bajo ocupación de intrusos. Para este plan se está pensando en destinar terrenos lindantes a las villas por dos razones. En primer lugar, para que no haya problemas de desarraigo que desalienten la mudanza. Y en segundo término para que ese traslado permita urbanizar las villas con mayor nivel de población por metro cuadrado, con el ensanchamiento de las calles y el establecimiento de espacios públicos.

No está en análisis la hipótesis de una erradicación de las villas, ya que expondría al Gobierno a fuertes tensiones sociales.

El presidente de la Agencia, Antonio Vulcano, responde al secretario general de la Presidencia, Oscar Parrilli. Su vicepresidente, Martín Reibel Maier, es el verdadero cerebro del ente y milita en La Cámpora.

El decreto 1382 estableció que la Agencia definirá el uso y destino de los bienes para lograr "inclusión social", "políticas redistributivas para la población", la "incorporación del valor social" y "la afectación de esos inmuebles a políticas públicas como salud, educación, medio ambiente, producción, administración y vivienda, entre otros".

También buscará la "preservación del patrimonio inmobiliario", la "puesta en valor de los inmuebles" y "proyectos de desarrollo local y regional".

Cristina Kirchner tiene en la mira muchos predios de las Fuerzas Armadas o de seguridad que considera en desuso u ociosos.

Pero no sólo recurrirá a tierras fiscales. El plan se complementará con el anteproyecto de ley que se analiza en el Ministerio de Planificación, que habilitaría la expropiación de tierras privadas al declararlas de utilidad pública y privilegiar su fin social y el interés colectivo, sobre el cual informó LA NACION el domingo 26 de agosto último.

Si bien se escriturarían a precios simbólicos para los sectores más vulnerables, también una parte de las tierras fiscales se utilizará para el programa de créditos baratos para vivienda Procrear. Otros terrenos se usarán para el Polo Audiovisual, anunciado el miércoles último.

La fase del modelo de la redistribución de la tierra se exhibirá como la natural continuidad de la etapa de redistribución del ingreso. De hecho, el Gobierno no descarta restituir el artículo 38 de la Constitución de 1949, que reivindicaba la función social de la propiedad privada, en un eventual debate sobre una reforma constitucional. Y en el Congreso analiza regular la propiedad privada en la próxima reforma del Código Civil.

La "superagencia" abrirá discusiones con ministerios y organismos. Podrían entrar en conflicto inmuebles que éstos usen y que la Agencia considere que están ociosos o cuyo personal pueda ser reubicado.

Los bienes deberán identificarse, se cuantificarán, se pondrán en valor, se evaluará su situación catastral y jurídica, se loteará y se zonificará, según las fuentes oficiales. Luego de ello se los deberá dotar de infraestructura básica que muchos no tienen: agua, luz, gas y cloacas.

Por Mariano Obarrio

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