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El Gobierno suma una función a Cancillería: alinear la política exterior al reclamo por Malvinas
Ministerios, organismos y empresas estatales deberán informar sobre cualquier medida que involucre entidades extranjeras
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LA NACION
El Gobierno oficializó este viernes la creación del Sistema de Articulación de la Política Exterior, a cargo del Ministerio de Relaciones Exteriores. La medida busca regular las acciones de todos los organismos públicos que puedan incidir en las relaciones internacionales de la Argentina y reforzar la postura diplomática sobre la soberanía de las islas Malvinas.
A través del Decreto 983/2026, publicado en el Boletín Oficial, el Poder Ejecutivo estableció que todas las dependencias de la Administración Pública Nacional deberán informar al Ministerio de Relaciones Exteriores sobre cualquier reunión, comunicación, negociación o acuerdo con autoridades extranjeras u organismos internacionales.
La norma toma como sustento la Disposición Transitoria Primera de la Constitución Nacional, que ratifica la “legítima e imprescriptible soberanía” sobre el archipiélago y fija su recuperación como un objetivo “permanente e irrenunciable” del Estado.
Según expresó la Oficina del Presidente a través de un comunicado oficial previo a la formalización, el nuevo esquema busca “sostener una postura firme y coherente en el tiempo” ante la comunidad internacional.
“La recuperación del ejercicio pleno de la soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich del Sur exige una acción estatal coordinada que integre dimensiones diplomáticas, jurídicas y políticas”, remarcó el texto, difundido este jueves por la Casa Rosada.
El esquema normativo dispone que cada área estatal designe a un enlace institucional para canalizar los datos hacia Cancillería. En caso de detectar actividades que puedan afectar la política exterior, se podrán formular advertencias y recomendaciones “debidamente fundadas”.
Además, las jurisdicciones podrán pedir la asistencia de diplomáticos del Servicio Exterior de la Nación para participar en gestiones estratégicas, mientras que quedan excluidas de este control las gestiones puramente financieras ante bancos multilaterales.
La postura sobre Malvinas
La instrumentación del nuevo mecanismo se conecta con las medidas que anunció el presidente Javier Milei durante una cadena nacional emitida desde el Salón Blanco de la Casa Rosada.
En su mensaje, el mandatario advirtió sobre las operaciones de exploración petrolera en el Atlántico Sur y cuestionó la falta de acatamiento británico a las resoluciones internacionales. También denunció el proyecto petrolero Sea Lion, impulsado por las empresas Navitas Petroleum y Rockhopper Exploration en la plataforma continental argentina.
“Las Malvinas son argentinas, por historia y por derecho. En 1833, el Reino Unido ocupó las Malvinas, expulsó a las autoridades argentinas e instaló una situación colonial que se perpetúa hasta nuestros días”, declaró Milei al respecto.
En ese marco, el Gobierno anunció la ampliación de recursos para el Ministerio de Defensa, destinados a construir una Base Naval Integrada en Tierra del Fuego.
En este marco, el ministro de Defensa, Carlos Presti, y el canciller Pablo Quirno viajan este viernes a Tierra del Fuego para recorrer el predio con el objetivo de acelerar las obras de la Base Naval Integrada y el Polo Logístico en la provincia austral.
En el plano legislativo, el Ejecutivo enviará un proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional para modificar la norma 26.659 y sancionar a las firmas sin autorización. Esta iniciativa contempla también la creación de un Consejo de Seguridad Nacional y la inclusión de declaraciones juradas obligatorias en trámites de hidrocarburos y en el RIGI.
Finalmente, como parte de las acciones diplomáticas, el país envió cerca de 180 notas de desaliento a empresas y a más de 29 gobiernos involucrados en proyectos no autorizados dentro de la zona en disputa, tal como informo LA NACION.
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