El Gobierno creó por decreto una agencia de protección de testigos
El presidente de la Cámara de Casación fue invitado a presidir este organismo autárquico que estará integrado por la Procuración y la Secretaría de Seguridad
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LA NACIONHernán Cappiello
El Gobierno creó mediante un decreto de necesidad y urgencia la Agencia Nacional de Protección de testigos e Imputados, un organismo autárquico que estará a cargo del presidente de la Cámara de Casación e integrado por el procurador general de la Nación y el secretario de Seguridad,.
La intención es es que cuando asuma el nuevo presidente el antiguo Programa de Protección de Testigos e Imputados, que vela por la seguridad de los arrepentidos que declararon contra el kirchnerismo, entre otros, no quede bajo el control del nuevo gobierno.
Actualmente se encuentran bajo el programa unas 200 personas, la mayoría de ellas testigos protegidos y arrepentidos en casos de narcotráfico y secuestro extorsivo. Son personas de baja exposición y no presentaron mayores problemas.
Pero hay algunas "estrellas" en el programa, por ejemplo los exfuncionarios kirchneristas "arrepentidos" que con sus declaraciones terminaron sumando pruebas para llevar a juicio a Cristina Kirchner y Julio De Vido, y condenar a Amado Boudou. Ellos son José López, exsecretario de Obras Públicas condenado a seis años de prisión por enriquecimiento ilícito por los bolsos con nueve millones de dólares; Alejandro Vandenbroele, quien confesó haber actuado como testaferro de Amado Boudou para quedarse con la imprenta Ciccone, y su exesposa, Laura Muñoz, quien aportó pruebas como testigo para descubrir el rol de su exmarido.
Ellos siguen en el programa, pero preocupados por su futuro. Quien se retiró del plan de protección es Leonardo Fariña, el aprendiz de contador que asesoró a Lázaro Báez con sus finanzas y luego terminó declarando como arrepentido en las causas en las que está siendo juzgado por lavado de dinero y por beneficiarse de la obra pública.
Fariña dijo que se iba por razones personales, para estudiar y trabajar, pero terminó por admitir que el cambio en el escenario político fue determinante en su decisión.
Hasta ahora el Programa de Protección de Testigos e Imputados dependía del Ministerio de Justicia y ahora será un organismo externo, con intervención judicial y de la Procuración.
Según el decreto publicado hoy en el Boletín Oficial, firmado por el presidente Mauricio Macri, la Agencia Nacional de Protección de Testigos e Imputados tiene "carácter de ente autárquico" y estará " dotado de autonomía funcional.
El Consejo Consultivo de la agencia estará presidido por el presidente de la Cámara de Casación, que fue invitado a integrarlo, al igual que el procurador y el secretario de Seguridad.
El juez a cargo recibirá un informe mensual sobre los testigos e imputados en el programa. La agencia podrá dar custodia a los testigos e imputados, alojarlos temporariamente, cambiarlos de domicilio, brindarle los medios económicos para alojamiento, transporte, alimentos, comunicación, atención sanitaria, mudanza, reinserción laboral, trámites, sistemas de seguridad, acondicionamiento de vivienda y demás gastos indispensables, dentro o fuera del país, mientras la persona beneficiaria se halle imposibilitada de obtenerlos por sus propios medios. La asistencia económica podrá otorgarse por seis meses prorrogables hasta 24 o 36, a lo sumo. La agencia asistirá a los testigos e imputados en sus trámites, podrá dar asistencia para la reinserción laboral y el suministro de documentación que acredite la identidad bajo nombre supuesto para mantener en reserva su ubicación.
Hubo un primer intento hace quince días de entregar el Programa de Protección de Testigos a la Corte Suprema de Justicia y luego a la Cámara de Casación, pero los jueces de ambos organismos rechazaron esa posibilidad.
Argumentaron que sus funciones son juzgar en las causas que llegan a su conocimiento y, en todo caso, valorar las declaraciones de los testigos protegidos y de los imputados que declaran como "arrepentidos", pero entre sus tareas no está velar por la seguridad de estas personas. No convenció a los jueces ni la atractiva carga con la que venía el programa, que consistía en más de 50 contratos,
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