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El inquietante debate sobre la Justicia y la impunidad
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LA NACIONCarlos Pagni
Las causas sobre corrupción en las que está siendo investigada Cristina Kirchner desataron una guerra verbal acerca de si el Poder Judicial, sobre todo los tribunales de Comodoro Py, está en condiciones de determinar la culpabilidad o la inocencia de los ciudadanos. Una incógnita demasiado relevante. Allí se tratan los casos de corrupción, terrorismo y narcotráfico.
La discusión, que lleva décadas, fue reanimada por la expresidenta en la defensa que desarrolló frente al tribunal que la juzga por la administración de la obra pública en Santa Cruz. Ella denunció que los jueces y fiscales están al servicio, en su mayoría, de un aparato de persecución política. El problema de esa afirmación no es que sea falsa. Es que está viciada de una escandalosa parcialidad. Es decir: solo se detiene en las irregularidades que la tienen a ella, ni siquiera a su grupo, como víctima. E ignora, u oculta, lo que esos jueces y fiscales han hecho para garantizar la impunidad. A este vicio en el tratamiento del problema se agrega una sorprendente frivolidad en la argumentación. Si se toman en serio muchas aseveraciones, en especial de Alberto Fernández y de su futura vicepresidenta, se llegaría a corolarios en los que ellos, sin duda, no han pensado. La impresión que queda es preocupante. No solo la sociedad no cuenta con una Justicia confiable para garantizar una convivencia civilizada. Tampoco cuenta con una clase política capaz de corregir ese problema.
El presidente electo ofreció un ejemplo de la miseria conceptual de esta polémica cuando dijo que Macri será perseguido por los mismos magistrados con los que él persiguió a la señora de Kirchner. Fernández comparte, por lo visto, la presunción de su compañera de fórmula: los tribunales obedecen al poder político. Por lo tanto, si en adelante el blanco será Macri, quiere decir que él mismo, como nuevo presidente, les hará olfatear el suéter.
Es imposible que Fernández y su vice ignoren cómo funciona el juego. Existen infinidad de indicios de que la Casa Rosada, con Macri, influyó muchísimo sobre los tribunales federales. Basta observar cómo los fiscales Federico Delgado y Sergio Rodríguez fueron imputados por abuso de autoridad por el juez Claudio Bonadio por atreverse a investigar los presuntos vínculos del jefe de la AFI, Gustavo Arribas, con un cambista procesado en el Lava Jato brasileño. O recordar el modo en que sobreseyó a la esposa y al hijo de Manuel Vázquez, el presunto testaferro de Ricardo Jaime, para que no ratifique una declaración sobre coimas que habría pagado Ángelo Calcaterra, el primo hermano de Mauricio Macri, para el soterramiento del Sarmiento. También se sabe que la AFI montó, a través de Eduardo Miragaya, una maniobra para enchastrar al juez Sebastián Casanello.
A pesar de estas evidencias, Fernández y Cristina Kirchner no ignoran que muchos jueces federales apuntaron contra el kirchnerismo motivados por otros dirigentes del PJ, mucho más cercanos a ellos que los funcionarios de Cambiemos. Otros magistrados lo hicieron siguiendo su propia agenda de resentimientos, frente a una expresidenta que los enfrentó con reformas como la de la malhadada democratización de la Justicia.
Sería infantil querer ocultar que los procedimientos sobre la inédita corrupción del ciclo kirchnerista estuvieron plagados de manipulaciones. En el expediente de los cuadernos de las coimas, el exresponsable de Obras Públicas José López detalló que cuando trasladó nueve millones de dólares y una ametralladora hasta un convento suburbano lo hizo por órdenes que recibió de la señora de Kirchner a través de su secretario privado. Un relato que difiere por completo de la reconstrucción realizada con medios electrónicos de esos mismos movimientos en la pesquisa sobre ese delito. Algo parecido se puede decir de los relatos de Claudio Uberti. El kirchnerismo sospecha, con razón, que esos imputados podrían haber sido presionados por los magistrados para que declararan en una determinada dirección.
La señora de Kirchner puso el dedo en esta llaga. Pero se encargó de ocultar otro aspecto del problema. Por ejemplo: Bonadio, implacable con la viuda de Daniel Muñoz, el secretario de Néstor Kirchner que "ahorró", por lo menos, 70 millones de dólares, es el mismo juez que el 25 de octubre de 2011 sobreseyó a Muñoz como un regalo a la entonces presidenta que, dos días antes, había sido reelegida con el 54% de los votos. Se pueden citar antecedentes de este tipo hasta el infinito. Pero hay uno relevante. La futura vicepresidenta se queja por el procedimiento que la tiene ahora en el banquillo por el manejo de Vialidad Nacional. Y señala al juez Julián Ercolini. Muchas de esas recriminaciones deberían ser investigadas. En especial, si es verdad que las auditorías más serias determinaron la inexistencia de sobreprecios. Pero Ercolini estuvo frente a este tema en dos oportunidades. La primera de ellas, derivó las actuaciones a la más comprensiva Justicia de Santa Cruz con el argumento, cierto, de que la ejecución de los contratos era responsabilidad del gobierno provincial.
¿Ercolini es implacable ahora? ¿O fue complaciente entonces? Cristina Kirchner denuncia la parcialidad de los magistrados en su contra. Pero simula desconocer que esa misma parcialidad les jugó a favor a ella y a sus funcionarios cuando estaban en el poder. La rueda está girando, ahora, de nuevo. Los mismos jueces de Casación que fijaron una regla para determinar cuándo un juez subrogante debe estar al frente de una causa cambiaron anteayer ese criterio. Esta variación hará que en la causa por Hotesur y Los Sauces, en la que está imputada Florencia Kirchner, el juez José Martínez Sobrino sea reemplazado por el juez Adrián Grünberg. Es bastante verosímil que Florencia Kirchner estuvo a años luz de lo que sucedía en esas empresas. De Martínez Sobrino, acusado por organismos de derechos humanos de regularizar la apropiación de bebés durante la dictadura, se presupone una condena. De Grünberg, que hasta comienzos de este año perteneció a Justicia Legítima, una absolución. En ambos casos se prejuzga. Lo importante es que las mutaciones procesales de los jueces federales, adaptativas a los cambios del poder, hacen que cualquier fallo resulte sospechoso. El propio Alberto Fernández tuvo oportunidad de indignarse, en las últimas horas, con un fiscal que lo consultó sobre un procedimiento que podría beneficiarlo.
La democracia sufre un agravio de primera magnitud. La restauración de la credibilidad del Poder Judicial requeriría de una operación que la dirigencia política quizá no esté dispuesta a hacer: alcanzar un consenso respecto de las reglas. No se trata de lograr la "unidad de los argentinos", como prometió Macri, ni "el fin de la grieta", como promete Fernández. Se trata de que los argentinos puedan convivir, con grieta o sin ella, porque existen procedimientos administrados con neutralidad.
Alberto Fernández ha dado un ejemplo de lo dificultoso que es emprender este camino. Un poco antes de que lo designaran candidato a presidente, denostó a cinco jueces (Gemignani, Irurzun, Hornos, Ercolini y Bonadio) por sus fallos contra la que, días más tarde, lo postularía. Anteayer dijo que no lo hizo para intimidarlos, sino porque no le gusta generalizar. El argumento merece varias objeciones. La más obvia: ¿los únicos jueces que merecen ser señalados por su inconducta son los que mortificaron a la expresidenta? Más aún: ¿por qué no está en esa lista negra, por ejemplo, el juez Lijo, que fue incapaz de mantener en secreto las conversaciones telefónicas entre Cristina Kirchner y Oscar Parrilli? ¿Por qué el juez Federico Villena, exsimpatizante de Peronismo Militante y después preferido de Silvia Majdalani, que escuchaba, y entregaba a la AFI, las conversaciones de presos kirchneristas con sus abogados o amigos, con la excusa de investigar a un narco, está excluido de la nómina del futuro presidente?
Fernández, que se precia de su conocimiento del Derecho, sabe que para evitar la arbitrariedad y, sobre todo, la intimidación existe el Consejo de la Magistratura. Es curioso: pero ni Ercolini ni Hornos ni Gemignani fueron denunciados por el kirchnerismo en esa institución. ¿Será por una distracción? ¿O porque lo que se les reprocha no es una inconducta irregular, sino el contenido de una sentencia? En tal caso, la denuncia sería rechazada, como le sucedió a Macri en el caso de los camaristas laborales. Fernández lo sabe.
Entre las irregularidades que Cristina Kirchner señaló en su defensa ante el tribunal oral está haber omitido a los jefes de Gabinete en la investigación sobre el manejo del presupuesto de Obras Públicas. Se refirió, en particular, a Alberto Fernández. El reproche está lleno de curiosidades. Ella aclaró que solo pretendía demostrar que se la estaba persiguiendo. No que Fernández era culpable. Pero la observación podría tener derivaciones complicadas. Por ejemplo, que se cite a Fernández en casos de corrupción en los que están imputados Julio De Vido, Jaime o Roberto Baratta, donde la inocencia es menos defendible. Tampoco se cita a Massa. Un detalle que hace tiempo hizo notar un tuit de la esposa de De Vido.
La omisión indicaría solo que se quiere hacer blanco nada más que en la expresidenta. Pero ella construye una explicación más inquietante. Ella habría sido sometida a una patraña, el lawfare, por la cual los sectores dominantes utilizan a la Justicia y a los medios para castigar a un líder que afectó sus intereses con una gestión igualitaria. Esta interpretación resignifica la omisión sobre Fernández. Y sobre Massa. ¿No se los complicó por un olvido? ¿O fueron resguardados porque también eran instrumentos del lawfare? La exclusión de Fernández y de Massa se produjo cuando estaban enfrentados a la expresidenta. Aparecían por TV suministrando argumentos a sus adversarios. Y la enfrentaron en el campo electoral. Massa, en particular, gritó: "Los quiero presos". Y se asoció a Margarita Stolbizer, autora de dos libros que personalizan la corrupción en la futura vicepresidenta.
Si se sigue el razonamiento de Cristina Kirchner, queda la sensación de que Fernández y Massa pueden ufanarse de no tener denuncias judiciales porque formaban parte de la supuesta conspiración que la tiene a ella en el banquillo. Seguro no fue así. Pero las afirmaciones de este debate judicial son tan acaloradas que reabren heridas que el nuevo oficialismo quiere, a toda costa, suturar.
