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El intendente de Río Gallegos decretó la emergencia económica
Héctor Roquel denuncia al justicialismo
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Corresponsal en Santa CruzMariela Arias
RIO GALLEGOS.- A diez días de asumir, el intendente Héctor Roquel (UCR) enfrenta una crisis política de envergadura desde que declaró la emergencia económica, financiera y administrativa en el municipio.
A esto se suma un decreto municipal que dejó sin efecto las recategorizaciones de más de 1000 empleados que había efectuado su antecesor en el cargo, Juan Carlos Villafañe (PJ), cinco días antes de terminar la gestión.
Hace dos días, un grupo de empleados municipales inició una quema de cubiertas frente al municipio, pero en la madrugada de ayer los incidentes se agravaron cuando el cajero automático del Banco Santa Cruz ubicado en el edificio público sufrió un incendio. Asimismo, dos inspectores de tránsito presentaron sendas denuncias judiciales por agresiones perpetradas por personas de la anterior gestión municipal.
"Lo ocurrido supera los límites, el incendio habría sido provocado en forma deliberada y lo llamativo del caso es que cuando esto ocurrió debería haber estado apostada una guardia policial", aseguró Roquel a LA NACION.
Anteayer, el gobierno provincial había realizado una presentación ante el juez Santiago Lozada para solicitar custodia policial al edificio municipal y preservar así la seguridad de quienes permanecen en su interior. Pese a ello, los desmanes ocurrieron.
La emergencia económica fue dictada porque, según el jefe comunal, "hay un alto grado de endeudamiento, faltan insumos y el equipamiento automotor está prácticamente fuera de servicio, las maquinarias están en pésimas condiciones y esto pone en riesgo la prestación de los servicios esenciales para la comunidad y para el cumplimiento con los empleados".
Roquel confirmó, además, que "existen compromisos por más de 60 millones de pesos que arrastra la gestión anterior".
La declaración de emergencia permite revisar y refinanciar todos los contratos y convenios con proveedores de obras y servicios públicos y regir un control especial del patrimonio municipal desde el 10 de diciembre de 1999, es decir, todas las actuaciones de la administración anterior.
Cargos políticos
El ex intendente Villafañe promocionó a 30 cargos políticos y fueron pasados a planta permanente más de 120 trabajadores pertenecientes al personal de Servicios Comunitarios, un plan social provincial financiado por el municipio que realiza tareas en distintas dependencias.
"Esos cargos significaban una erogación de 50 mil pesos al mes. Ahora quedaron sin efecto", aseguró el jefe comunal.
Luego de la declaración de emergencia, el actual vicegobernador, Carlos Sancho (PJ), que fue concejal de la gestión anterior, responsabilizó de los desmanes a Roquel.
"En lugar de administrar, está jugando con la gente de manera irresponsable y oscura, sin importarle las consecuencias y generando un conflicto sin razón", dijo en declaraciones a la prensa local.
El actual intendente, por su parte, apuntó contra el justicialismo.
"Era de público conocimiento que estos acontecimientos podían ocurrir. Sectores del anterior oficialismo anunciaban que nos iban a realizar piquetes, que iban a tener una actitud obstruccionista hacia mi gestión. Yo creo que debe resolverse esta situación dentro del marco de la institucionalidad", enfatizó.
Hasta anoche, el intendente no había recibido ninguna comunicación de parte del gobernador Sergio Acevedo (PJ).
Para el miércoles próximo, el Concejo Deliberante -que tiene mayoría justicialista- convocó a una sesión extraordinaria para tratar los decretos mencionados. Fuentes del gabinete municipal sostuvieron que la causa de los disturbios son los resultados electorales de septiembre último, cuando el peronismo perdió el municipio en manos del radicalismo.
