
El intendente kirchnerista de Caleta Olivia, cerca de la destitución
José M. Córdoba enfrenta un juicio político por presuntos delitos en su gestión; sigue recibiendo millonarias ayudas de la Nación
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CALETA OLIVIA.- Un intendente kirchnerista enfrenta un juicio político que podría dejarlo a las puertas de la destitución. Deberá responder por 19 acusaciones sobre presuntos ilícitos durante sus tres años de gobierno. Pese a la gravedad, sigue recibiendo una asistencia mensual de 21 millones de pesos del gobierno nacional para sueldos a los empleados, mientras que no hay servicios municipales y tampoco clases en las escuelas.
José Manuel Córdoba (FPV) lleva tres años frente a la intendencia de Caleta Olivia, la segunda ciudad más poblada de Santa Cruz y centro de la actividad petrolera provincial, que supera los 70.000 habitantes, donde conviven fuertes contrastes sociales y serios problemas de infraestructura. La rotura del acueducto que une esta ciudad con Comodoro Rivadavia, Chubut, la dejó sin agua potable hace dos semanas.
Mientras los vecinos se pelean por un poco de agua que reparten camiones hidrantes, el intendente ya tiene un juicio político en marcha. De los cinco concejales, sólo uno lo defiende, y los otros cuatro (dos del PJ y FPV y dos de la UCR) ya adelantaron su voto en favor de destituirlo. Deberá responder por las 19 acusaciones documentadas en su contra.
Lo acusan de no rendir las cuentas del municipio durante tres años; de vender bienes patrimoniales municipales sin cumplir las ordenanzas; de presunta malversación de fondos al retirar 15 millones de pesos del Banco Nación y transferirlos al Banco Macro (los fondos llegaron desde el gobierno nacional para realizar obra pública). También lo señalan por presunta estafa por la venta de lotes fiscales al doble del precio establecido por ordenanza y por no realizar los aportes al gremio municipal, entre las denuncias más destacadas.
Córdoba, un intendente con perfil de caudillo, construyó su carrera política dentro del FPV de la mano de Néstor Kirchner desde que llegó a la intendencia, en 1991. Su campaña la hizo desde el sindicato petrolero, y desde entonces siempre ocupó cargos políticos: fue tres veces intendente; diputado nacional y provincial, y ministro de Gobierno.
El intendente investigado acusa al vicegobernador y ex intendente Fernando Cotillo de estar detrás de su destitución. "Es un golpe institucional, y la cara visible de esto es el vicegobernador", dijo Córdoba al diario Tiempo Sur.
El clima de violencia política se respira en el aire. La noche anterior a la sesión del inicio del juicio político, una bomba molotov estalló contra la casa de una vecina. El ataque estaba dirigido contra la madre del concejal Juan José Naves (FPV), quien responsabilizó a Córdoba. "Él me mandó este atentado, yo voy a buscar hasta el último rincón las pruebas", aseguró Naves por la FM Hora Prima.
Naves también lo responsabilizó de la quema de los respectivos autos del concejal Manuel Aybar y del periodista y sindicalista municipal José Avellaneda, hechos aún sin esclarecer.
Para el concejal Aybar (PJ), el intendente Córdoba ha incumplido con la ley, las ordenanzas y la Constitución. "En todo sentido hay un quiebre institucional en el municipio, no sólo porque no cumple, sino porque la ciudad está abandonada, sin obra pública, inundada de basura, sin controles", detalló Aybar a LA NACION.
Por su parte, el concejal Juan Acuña Kunz (UCR), que integra la cámara juzgadora, cree que Córdoba cuenta con protección del gobierno nacional. "Recibió casi 700 millones de pesos de la Nación para realizar obras, y se iniciaron viviendas, pero están sin servicio o a medio hacer, nada se ha terminado", detalla, y recuerda que denunció al intendente en la Justicia por asociación ilícita y estafa por el tendido de una red eléctrica que costó $ 15 millones.
El juicio político contra Córdoba empezó hace meses. Los concejales enviaron hace meses un pedido para su destitución, acompañado de 17.000 firmas de vecinos, al Tribunal Superior de Justicia y a la Legislatura, con mayoría kirchnerista. Esta última lo archivó y el TSJ se declaró incompetente.
Mientras la política fagocita a los candidatos a intendente para el año próximo, los ciudadanos de Caleta Olivia viven con la basura que no se recoge debido al prolongado paro de los municipales. También aquí se padece duramente la falta de agua por los fuertes problemas de infraestructura que vive la ciudad, que, según cálculos oficiales, creció un 47% en la última década. No hay controles de tránsito ni bromatología, ni tampoco hay clases en las escuelas, hasta nuevo aviso.
Jefe comunal en la mira
- José M. Córdoba
- Intendente de Caleta Olivia
Apoyo oficial
Córdoba recibe una asistencia mensual de $ 21 millones del gobierno nacional para sueldos. Lleva tres años frente a la intendencia en la segunda ciudad más poblada de Santa Cruz y centro petrolero
Denuncias
El intendente enfrenta un juicio político con 19 acusaciones sobre presuntos ilícitos durante su gestión municipal
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