El juego a dos puntas de Milei y la CGT que los ubica del mismo lado

En una suerte de tregua pasajera, la relación entre el gobierno de Javier Milei y la CGT está en parte condicionada a la letra chica de la reglamentación de un artículo del capítulo laboral de la Ley Bases. Se trata del 94, que configura como “grave injuria laboral” los bloqueos. La pulseada es para definir si la valoración la realiza el empresario afectado o la Justicia. Representa un tema sensible para un sector del oficialismo que se aferró a esta norma como una cruzada a todo o nada. Lo es también para algunos gremios que apelan periódicamente a esta práctica como método de protesta y extorsión. La definición de la reglamentación se concretaría la semana próxima, a la espera del visto bueno de Federico Sturzenegger, el cerebro de las reformas, y la Secretaría Legal y Técnica de la Presidencia. Así lo estima Julio Codero, el secretario de Trabajo que tiene experiencia en desactivar este tipo de conflictos por su trayectoria como abogado laboralista del Grupo Techint.

Cordero, que está a cargo del intercambio de los borradores con las diferentes áreas estatales, empresarios y sindicalistas, les dio indicios a los gremios de que el artículo sería atenuado. El ánimo conciliador de la CGT dependerá de qué lado finalmente caiga la moneda. El funcionario ya los defraudó con otras promesas incumplidas. El sector cegetista mayoritario, encabezado por “los Gordos” y los autodenominados “independientes” que dependen del Estado, congeló por ahora el debate interno a la espera de que prosperen las negociaciones. Si logran su objetivo, creen tener argumentos para contrarrestar al ala dura, integrada por el moyanismo y el kirchnerismo, que dinamitan cualquier acercamiento con el Gobierno y empujan el tercer paro general contra la gestión de Milei. El viaje de la cúpula cegetista a Roma para reunirse el 16 de septiembre con el papa Francisco servirá para forzar una foto de unidad que en la práctica no existe.

Dividida y desarticulada, la central obrera peronista juega a dos puntas. Por un lado, los gremios más combativos trabajan en el diseño de un nuevo paro. Lo imaginan eventualmente con una movilización y en alianza con las dos vertientes de la CTA, los movimientos sociales kirchneristas y la izquierda trotskista. Lideran estas gestiones Pablo Moyano y Mario Manrique a pesar de que los jefes de sus respectivos sindicatos, el camionero Hugo Moyano y el mecánico Ricardo Pignanelli, mantienen una postura muchísimo más moderada y tienden puentes con los dialoguistas. Pablo Moyano admitió el jueves en radio Futurock que “no hay efervescencia como para ir a la calle o a un paro general”, aunque proyectó un cambio del humor social por los aumentos de las tarifas y del combustible. Su verdadero deseo es que la clase media sea el fusible que encienda la protesta, con marchas espontáneas y cacerolazos, y que releve al sindicalismo de su estigma antropófago, capaz de voltear a un gobierno que no sea peronista.

Por el otro lado, y con una agenda a contramano, se agrupa el sector mayoritario de la CGT. Es el que negocia con el Gobierno dinero para las obras sociales, hace lobby con gobernadores, senadores y empresarios para que el juez federal Ariel Lijo llegue a la Corte Suprema y hasta tolera en silencio paritarias a la baja y suspensiones en las fábricas. Hasta hubo un reciente acercamiento con funcionarios para intentar neutralizar en el Congreso el avance de los proyectos de ley de Pro, la UCR y la Coalición Cívica para limitar los mandatos sindicales y eliminar la “cuota solidaria”, un descuento salarial compulsivo a todos los trabajadores de una actividad, sean afiliados o no.

Ambas iniciativas legislativas, que estaban incluidas en la reforma laboral del decreto de necesidad y urgencia 70/23, son fuertemente resistidas por la CGT y las dos CTA porque ven amenazado como nunca antes su poder de caja y representación. La estratégica comisión de Legislación del Trabajo en Diputados, donde se discuten las propuestas, es presidida por el radical Martín Tetaz. En la CGT celebraron los cortocircuitos que se generaron entre Tetaz y Milei a partir de un controvertido mensaje de un anónimo que fue replicado por el Presidente en las redes sociales, y en el que bromeó por la altura del diputado y la de Germán Kiczka, el legislador misionero involucrado en el caso de presunta pedofilia. Hay quienes creen que la broma de Milei podría complicar el preacuerdo del oficialismo y sus aliados para impulsar estos dos proyectos, los cuales Sturzenegger ya había intentado sin éxito reglamentar por decreto. Para encontrar cambios en la legislación laboral de esta magnitud, como los que proponen ahora Pro y la UCR, hay que remontarse a 1976, en dictadura militar. En democracia, no lo consiguieron ni la ley Mucci, con Alfonsín, ni “la Banelco”, con De la Rúa. Tetaz, sin embargo, confía en que ambas iniciativas obtengan dictamen en septiembre y puedan ser debatidas en el recinto en lo que resta del año legislativo.

De la reunión de la comisión laboral, que duró el jueves casi nueve horas, surgió una voz reveladora que podría hacer peligrar el apoyo de algunos sectores que comulgan con el oficialismo. El abogado Juan José Etala, en representación de la Unión Industrial Argentina, rechazó el proyecto para regular los mandatos de los dirigentes sindicales por tratarse de “un aspecto institucional”. Etala, un abogado laboralista que asesoró al gobierno de Macri y representa a Mercado Libre en la pulseada legal con los Moyano, expuso delante de los diputados: “Somos respetuosos de la libertad y autonomía sindical. Entendemos que el sector empresario no puede involucrarse en los aspectos institucionales de dichas entidades, así como tampoco las entidades gremiales deben involucrarse en la representación de los empleadores. En tal sentido, el convenio 87 de la OIT [Organización Internacional del Trabajo] establece que las organizaciones de trabajadores como de empleadores tienen el derecho de redactar sus estatutos y de elegir libremente sus representantes”. Un mensaje corporativo para blindarse del poder político.

Los dirigentes sindicales con más llegada a la Casa Rosada se sorprendieron con el silencio y la pasividad de Guillermo Francos durante las últimas dos semanas. Con el jefe de Gabinete aparentemente corrido, el intercambio casi total quedó en manos de Santiago Caputo. El asesor de Milei cruza a diario mensajes de WhatsApp con viejos jerarcas sindicales que podrían ser sus abuelos. Detectó en el reparto de dinero a las obras sociales el punto débil para alinear a los dialoguistas y excluir a los más duros. A través del empresario de la salud Mario Lugones, que en los papeles figuraría como asesor de Francos, el Gobierno liquidó un subsidio llamado SUMA [Subsidio de Mitigación Asimétrica] para favorecer a las prestadoras médicas con mayor cantidad de afiliados.

Lugones es el interlocutor con los gremios por la caja de las obras sociales y mantuvo reuniones recientes con los dirigentes que más conocen del área. “Está saneando el sistema”, lo endulzó un sindicalista influyente. Lugones es una suerte de ministro sin cartera, con ascendencia sobre el propio ministro del área, Mario Russo, y sobre Gabriel Oriolo, el exejecutivo de Osde que encabeza la Superintendencia de Servicios de la Salud (SSS), el organismo a cargo de la regulación de las prestadoras.

“Es el zar de la salud, maneja todo: la Súper, la Anmat, PAMI y la agencia de discapacidad”, dijo un exfuncionario que conoce los movimientos del ministerio. Lugones fue presidente hasta hace poco de la Fundación Sanatorio Güemes, una clínica en cuyo paquete accionario coinciden el sindicato de gastronómicos, es decir, Luis Barrionuevo, y Julio Comparada, un empresario del seguro que le debe parte de su fortuna a Julio Humberto Grondona, el expresidente de la Asociación del Fútbol Argentino. En alguna charla, Lugones se refirió a Barrionuevo y al operador Enrique “Coti” Nosiglia como “mis socios”, según reconstruyó LA NACION de tres fuentes del rubro sanitario.

“¿No es raro que negociemos con un empresario de salud, que además es socio de Barrionuevo, los reintegros que el Gobierno nos debe pagar?”, se preguntó incrédulo el director de una de las obras sociales más grandes del país. ¿Conflicto de interés? Lugones es, además, padre de Rodrigo, socio y amigo íntimo Santiago Caputo en sus emprendimientos de consultoría y comunicación política.

En privado, cuando lo consultan al ministro de Salud sobre Lugones, intenta desmarcarse con el argumento de que es asesor de la Jefatura de Gabinete. Russo sufre de alguna manera la intromisión de diferentes personajes de peso que responden a uno de los vértices del triángulo de poder que conforman Milei y su hermana Karina con Caputo. Sucede algo parecido con Cordero en la Secretaría de Trabajo, donde la familia Menem y los gremios dialoguistas lograron ubicar gente de confianza. Son los casos de Héctor Daniel Montes de Oca, un exfuncionario vinculado a Daniel Scioli, y del abogado Martín Aguirre, defensor de Omar “Caballo” Suárez, quienes tallan en la dirección de Asociaciones Sindicales, un área que regula la vida interna de los gremios.

Otro punto de encuentro entre el Gobierno y los gremios es Ariel Lijo. Las 62 Organizaciones Peronistas, el histórico brazo político de la CGT que está hoy desarticulado y dividido, presentó en el Ministerio de Justicia una adhesión a la postulación del juez a la Corte Suprema. Las “62″, que agruparía a unos 50 gremios, son hoy lideradas por el taxista José Antonio Ibarra, uno de los impulsores del sindicalismo macrista en tiempos de Cambiemos y que es hoy aliado de Facundo Moyano. Además de este apoyo, Julio Piumato, referente de la Unión de Empleados Judiciales de la Nación, habría sido el nexo de un encuentro secreto entre el juez y un grupo de sindicalistas de peso de la CGT, según comentaron fuentes sindicales. También hubo conversaciones con gobernadores y senadores peronistas.

En uno de sus fallos más conocidos, Lijo resolvió en 2012 que el asesinato del exjefe de la CGT José Ignacio Rucci, en 1973, no fue un delito de lesa humanidad, por lo tanto, no quedó sujeto a la cláusula de imprescriptibilidad. Este es uno de los motivos del fuerte rechazo de la vicepresidenta Victoria Villarruel a su candidatura a la Corte y por el que esta semana reclamó la reapertura de esta y otras causas.

La violencia política de los 70, en una suerte de reivindicación contemporánea de la teoría de los dos demonios, también fue eje de una polémica en la comisión de Legislación del Trabajo. El diputado de Pro Fernando Iglesias acusó al gremio de mecánicos del Smata de colaborar con la normalización de los sindicatos en tiempos de dictadura. La exposición terminó en un escándalo, con Mario Manrique, diputado kirchnerista y número dos del Smata, invitando a pelear a Iglesias. Hay una denuncia judicial en curso.

Los sindicalistas suelen tener un termómetro especial para detectar los momentos de crisis. A ese don, adquirido por la experiencia de estar en sillones de mando en los que el recambio no se produce con frecuencia, algunos dirigentes lo conservan para definir los pasos a seguir.

“No hay clima para un paro”, coincidieron tres dirigentes del sector mayoritario, en el que convergen “gordos”, “independientes” y el barrionuevismo. Puertas adentro de la central obrera, se impone por ahora un posicionamiento prudente y cauteloso después de haber activado ya dos paros generales (24 de enero y 9 de mayo) contra Milei.

Incluso hay cada vez más dirigentes que se apartan del esquema de protestas a repetición. Primero lo fue Gerardo Martínez, jefe de la Uocra, después Sergio Sasia, de la Unión Ferroviaria y ahora se sumó Sergio Romero, de los docentes. “Hay que dialogar. No podemos estar en pie de guerra de manera sistemática, con acciones permanentes”, planteó Romero, que se reunió dos veces en 15 días con la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello.

“El conflicto será inevitable si la recesión se mantiene”, aventuró un jerárquico que oscila entre el moyanismo y “los Gordos”. Un dirigente aeronáutico cuestionó “el silencio y la pasividad de la CGT” en medio de la pulseada que mantienen los gremios del sector con Aerolíneas Argentinas. La empresa estatal se mantiene firme con su política de “paritaria cero”. Mientras tanto, desde el Ministerio de Economía le sugirieron a Cordero moderar en 2% los aumentos mensuales para el sector privado.

A la caída de la actividad económica y a la puja salarial, se suma otra señal alarmante. En la Secretaría de Trabajo de la Nación hay 98 Procedimientos Preventivos de Crisis (PPC) activos. El PPC, establecido en la década del 90 en la denominada ley de empleo, permite a las empresas concretar suspensiones y pagar menos por las indemnizaciones. Es un atajo al que suelen recurrir empresas que incluso no están en crisis.

Por Nicolás Balinotti

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