El juez Ercolini delegó en el fiscal Stornelli la denuncia de espionaje ilegal que hizo el Gobierno
El fiscal dio crédito a la hipótesis de que se busca perjudicar a Milei antes de las elecciones; ordenará medidas de prueba
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LA NACIONHernán Cappiello
El juez federal Julián Ercolini delegó en el fiscal Carlos Stornelli la investigación de la denuncia del Gobierno acerca de la existencia de un supuesto plan de espionaje ilegal para perjudicar al oficialismo antes de las elecciones del domingo próximo.
Así, Stornelli podrá avanzar con la investigación y solo precisará de la intervención de Ercolini cuando pida allanamientos, escuchas telefónicas, indagatorias o detenciones, por ejemplo.
La delegación de la causa es una medida que le da al fiscal amplias facultades de investigación para reunir la prueba por sí mismo y construir un caso.
En el dictamen en el que impulsó la investigación, Stornelli le dio crédito a la versión del Gobierno acerca de que las grabaciones de Karina Milei -y también las de Diego Spagnuolo, extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis)- son producto de maniobras de espionaje ilegal.
Los audios fueron difundidos en el canal de streaming Carnaval por los periodistas Jorge Rial y Mauro Federico.
El fiscal dijo que “no puede descartarse sino más bien presumirse la ilegitimidad de los audios, quizás ardidosamente y de manera equívoca puestos por algunos actores dolosamente a consideración de la opinión pública”.
El fiscal afirmó, en línea con el Gobierno: “Estamos frente a una operación de inteligencia ilegal, de factura indudablemente clandestina, elaborada en consabidos y oscuros sótanos, lo que debe ser materia incansable de investigación, lo que así postulo”.
Stornelli sostuvo: “Podemos afirmar que la maniobra que será objeto de estudio no debe limitarse a los audios mencionados a Karina Milei sino en la génesis de la operación que encuentra su puntapié inicial en supuestas grabaciones del mismo tenor efectuada sobre otro entonces funcionario público”.
Se cuidó el fiscal de aclarar que no iba tras los periodistas. Dijo que la investigación “no podrá hurgar en las fuentes de algún periodista, merezca el concepto que merezca por parte de quien lo analice, ello por mandato constitucional y sin perjuicio de que alguno quiera voluntariamente, en ese sentido, aportar datos que considere puedan servir al descubrimiento de la verdad”. Y advirtió que “esto incluye la inviolabilidad del domicilio, salvo orden fundada de juez competente”.
No obstante, pidió realizar medidas de prueba, como requerir al Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) que informe respecto de toda licencia y habilitación del canal Carnaval Stream y que “se requiera a la Inspección General de Justicia la remisión de la copia de los legajos societarios completos vinculados a la o las personas jurídicas vinculadas a Carnaval Stream”, adjudicado al tesorero de la AFA Pablo Toviggino, enfrentado con al Gobierno.
El fiscal pidió además que se levante el secreto fiscal para que ARCA proporcione información sobre facturación, contratos publicitarios, declaraciones impositivas y nómina de personal de Carnaval Stream y de Data clave y averiguar si recibieron aportes de algún partido político como pauta publicitaria.
La consolidación de esta causa puede aparecer como una contradenuncia de la causa de corrupción paralela inspirada en los audios de Spagnuolo que hacen referencia a que Eduardo “Lule” Menem y Karina Milei cobraban un porcentaje de las compras de medicamentos para discapacitados.
La Justicia analiza el encuadre que tendrá la denuncia del Gobierno al final del día. Si bien Stornelli dijo que se estaría ante los delitos de asociación ilícita, de perturbación del orden en el ejercicio de funciones públicas y de violación de la ley de inteligencia, aún es prematuro para determinar un encuadre.
Por ejemplo, si se comprueba que se trató de la captación de una comunicación realizada mediante un dispositivo oculto en la Casa Rosada, o una escucha a distancia, o mediante la pinchadura ilícita de una comunicación telefónica, se estaría frente a un caso de espionaje ilegal.
Ahora, si se corrobora que se trata de una grabación realizada por una de las dos personas que participan de una conversación, ya no cabe la figura del espionaje ilegal.
“Si se graban entre ellos es más una interna política que una maniobra de espionaje, no es delito”, explicó a LA NACION una fuente de los tribunales.
El caso iniciado por el Gobierno, donde denuncia una maniobra de espionaje ilegal con raíces rusas o venezolanas y el objetivo de debilitar al Gobierno, parece ser una contradenuncia de la causa por presuntos hechos de corrupción en el área de Discapacidad, caso que impulsan el juez Sebastián Casanello y el fiscal Franco Picardi.
Una puede tener impacto en la otra, por lo que en los tribunales siguen de cerca la evolución de ambos expedientes.
Si se corrobora que hubo una maniobra de espionaje ilegal, como pretende el Gobierno en la causa a cargo de Stornelli, esto puede ser utilizado para buscar la nulidad del expediente por presunta corrupción a cargo de Casanello y Picardi.
Ya ensayaron esta estrategia los dueños de la droguería Suizo Argentina. Argumentaron que no puede prosperar una investigación fundada en una prueba que se origina a partir de una actividad ilícita.
Ambas causas recién comienzan y marchan en paralelo. Aunque una podrá tener efectos sobre la otra. O al menos eso es lo que pretenden los abogados del Gobierno.
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