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El juez pidió nuevos desafueros
Reclamó que les quiten la inmunidad a los radicales Galván y López y al justicialista Alasino
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El juez Carlos Liporaci, que investiga los supuestos sobornos pagados en el Senado, pidió el desafuero de los senadores radicales Raúl Galván y Alcides López y del justicialista Augusto Alasino, y citó a declarar a los responsables contables de la SIDE, el Ministerio de Defensa, el Ejército y la Policía Federal, los cuatro organismos que manejan fondos reservados.
Galván (UCR-La Rioja) y Alasino (PJ-Entre Ríos) se vieron obligados a renunciar a la jefatura de sus bloques, en medio de la presión del Gobierno para que se produzca una renovación de la Cámara alta. Alcides López (UCR-Entre Ríos) preside la comisión laboral de esa cámara.
Con éstos, los trámites de desafuero solicitados por Liporaci suman once. El viernes último había pedido el de los peronistas Ramón Ortega (Tucumán), Angel Pardo (Corrientes), Eduardo Bauzá (Mendoza), Emilio Cantarero (Salta), Remo Constanzo (Río Negro), Alberto Tell (Jujuy) y Ricardo Branda (Formosa) y el del radical Javier Meneghini (Santiago del Estero). El juez tiene sospechas de que todos ellos podrían haber cobrado coimas en la aprobación de la reforma laboral.
"Si el Senado no dispone los desafueros no puedo indagar", explicó Liporaci a sus colaboradores.
Fuentes judiciales dijeron que, con esto, el magistrado quiere reservarse la posibilidad de que la indagatoria a los legisladores derive en un eventual procesamiento o, incluso, en una detención. Todo indica que por lo menos dos de los senadores podrían ser procesados por cohecho luego de su indagatoria.
La posición de Liporaci se contrapone con la de senadores justicialistas que sostienen que no es necesario el desafuero de los legisladores para que el juez los interrogue. Consideran que los fueros impiden el arresto de los legisladores, pero no su interrogatorio o procesamiento.
El tema es controvertido y podría empantanar el avance de la causa hasta tanto se resuelva el conflicto.
Los fiscales de la causa, Eduardo Freiller y Federico Delgado, pidieron al juez que requiera informes a Walter Ceballos, secretario de Provincias del Ministerio del Interior, sobre la distribución de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN). También le solicitaron que requiera a la AFIP y a la Superintendencia de Seguridad Social informes sobre dos fondos específicos para las obras sociales, que totalizan 360 millones de pesos.
Cafiero
El senador Antonio Cafiero (PJ-Buenos Aires) tiene, pasado mañana, una nueva cita con Liporaci para ampliar su declaración indagatoria. El magistrado está convencido de que Cafiero "sabe más de lo que dijo" en su primera presentación ante el juez, afirmaron fuentes judiciales. El senador ya se presentó el lunes último ante el juzgado y habría involucrado a Bauzá, Ortega y Pardo en el escándalo.
La Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado postergó anoche sin fecha los pedidos de desafuero. Ante esta indefinición, el juez se resistía a tomar declaración indagatoria a los senadores mientras éstos mantengan los fueros que les garantizan inmunidad.
Alasino dijo ayer que el expediente que Liporaci envió al Senado con los fundamentos de los pedidos de desafuero llegó anteanoche a la Cámara en una situación "no habitual" y sin "resguardo" del contenido.
La inclusión de Alasino y de Galván en el pedido de desafuero se debe a que, según fuentes de la causa, ellos dos, como titulares de las bancadas mayoritarias, tenían control sobre todo lo que ocurría en el Senado. Así lo comprobaron luego de analizar la transcripción de los debates parlamentarios por la reforma laboral y las declaraciones testimoniales que recibieron la semana última.
"Eran la Aduana", graficó uno de los investigadores.
Sólo testigos
Hasta ahora, Liporaci sólo tomó declaraciones testimoniales, ya que los once senadores imputados bajo el cargo de cohecho están protegidos por sus fueros.
Meneghini presentó ayer un escrito ante el juzgado asegurando que desistía de sus fueros y se ponía a disposición del juez para ser interrogado. Fuentes cercanas a Liporaci consignaron que el escrito era un gesto político carente de validez jurídica.
"Los fueros no son atribución del legislador sino de la Cámara y por lo tanto ésta es la única que los puede quitar", dijeron.
Fondos reservados
Las citas para los responsables contables de la Secretaría de Inteligencia, el Ejército, la Policía Federal y el Ministerio de Defensa son porque esos organismos son los únicos que manejan fondos reservados, según había informado al juez el secretario de Hacienda, Mario Vicens, en su declaración de anteayer.
Las partidas secretas son, según una de las hipótesis que manejan en el juzgado, el mecanismo que podría haberse utilizado para financiar las coimas pagadas a los senadores.
Ayer también declaró el sindicalista Juan Manuel Palacios, quien ratificó la denuncia del secretario general de la CGT disidente, Hugo Moyano, acerca de que el ministro de Trabajo, Alberto Flamarique, se jactó de que iba a utilizar "la Banelco" para convencer a los senadores para que votaran la ley laboral.
