El kirchnerismo impuso su mayoría para convertir en ley el impuesto a la riqueza
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LA NACION
El Senado convirtió anoche en ley el impuesto a las grandes fortunas, una controversial iniciativa de Máximo Kirchner que busca recaudar fondos para que el Estado haga frente a los gastos extraordinarios que ocasionó la pandemia del coronavirus. Como estaba previsto, el Frente de Todos aplicó su mayoría en la Cámara alta para aprobar la iniciativa.
Después de cuatro horas de debate, el kirchnerismo se impuso con 42 votos para aprobar Aporte Solidario y Extraordinario, mientras que 26 senadores votaron en contra. Durante la discusión se repitieron los argumentos escuchados en Diputados: los legisladores oficialistas argumentaron que la recaudación de este nuevo tributo permitirá atender los efectos de la pandemia y solo afectará a un universo acotado de contribuyentes. La oposición, en cambio, advirtió que se trata de un "impuesto confiscatorio" que obstaculizará las inversiones empresarias.
La nueva ley grava patrimonios superiores a los $200 millones para crear un fondo de ayuda que modere los efectos de la pandemia. El tributo, que pretende recaudar unos $300.000 millones, fue cuestionado por empresarios y por expertos en materia tributario al considerarlo un obstáculo para emprendedores e inversores.
"Los gastos derivados de la pandemia fueron del 20% del presupuesto en 2020 y serán el 15% en 2021. A esta fuerza política le pareció que aquellos sectores más privilegiados, a los cuáles la pandemia les ha afectado menos, podrían hacer una contribución extraordinaria al Estado, porque han vivido del Estado. No tenemos que tener ninguna duda. Si hay una situación de emergencia, aquellos privilegiados, aquellos que se enriquecieron gracias al Estado de una manera exorbitante, bueno… pongan algo", sostuvo el senador Oscar Parrilli.
El senador, hombre de confianza de Cristina Kirchner, comparó la situación actual con la campaña de San Martín del Cruce de los Andes. "En ese momento, todo el sector poderoso y rico de Cuyo se negó a hacer aportes [a San Martín] y tuvo que recurrir a créditos forzosos e incluso a confiscación de bienes. También le pasó a [Martín Miguel de] Güemes. Las familias acaudaladas del Norte argentino también se negaban a contribuir. No quiero compararlos a ellos con nosotros ni mucho menos, pero quiero mencionar a quiénes se negaban, que en la historia pasan a ser los mismos".
Del otro lado, el senador Martín Lousteau aseguró: "Cuando uno quiere un Estado más grande, el compromiso para administrarlo bien debe ser mayor. Eso es lo que hacen los países nórdicos que todos admiramos, pero lamentablemente la pandemia reveló el estado de nuestro Estado".
Y agregó: "No es con solidaridad forzada sin discutir con nadie y además la solidaridad es la adhesión circunstancial pero no queremos algo circunstancial sino algo permanente".
El nuevo gravamen afectará los patrimonios de personas humanas a partir de los $200 millones, con una alícuota progresiva se elevará al 2,25% en casos de fortunas entre 300 y 400 millones de pesos, al 2,50% entre 400 y 600 millones de pesos y al 2,75% a los patrimonios entre los 600 a 800 millones de pesos. La tasa subirá al 3% cuando los patrimonios oscilen entre 800 y 1500 millones de pesos, al 3,25% para fortunas de 1500 millones a 3000 millones de pesos, y a partir de esa cifra será del 3,5%.
El proyecto determina también que por el total de bienes en el exterior se tributará un recargo del 50% sobre la alícuota que le correspondería; pero si la persona trae el 30% de sus tenencias financieras que tienen declaradas afuera, el diferencial se elimina y paga por todo como si lo tuvieran en el país. De acuerdo a las estimaciones de la AFIP, el tributo afectará un universo de poco más de 9000 contribuyentes.
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