El lunes declarará el embajador Sergio Urribarri en el juicio por supuestos casos de corrupción

PARANÁ.- El juicio contra el exgobernador de Entre Ríos y actual embajador en Israel y Chipre, Sergio Daniel Urribarri, y algunos exministros de su gestión está, técnicamente, en el tramo final. Sin embargo, debido a la magnitud de los expedientes judiciales, a la suma de causas y a la cantidad de imputados y de abogados defensores que actúan, la etapa de los alegatos será larga y demandará varias jornadas más.

A Urribarri se lo está juzgando por cinco causas. Una de ellas se inició por diversas contrataciones que la Provincia, bajo su mandato, entabló con una imprenta cuya titularidad es atribuida al cuñado del exmandatario, Juan Pablo Aguilera, quien además era secretario de la Cámara de Senadores entrerriana en momentos en que se realizaron tales operaciones.

El juicio comenzó en noviembre del año pasado, continuó durante diciembre y se retomó tras la feria judicial en el corriente mes. Para el lunes está previsto que realicen sus declaraciones defensivas Urribarri y Aguilera, lo que podrá ser seguido en vivo por la plataforma virtual del Poder Judicial.

Será la segunda vez que declare el exgobernador, quien lo hará, al igual que como lo hizo al inicio del proceso, de modo virtual desde Jerusalén, donde cumple sus funciones diplomáticas. En tanto que su cuñado estará presente en el salón de audiencias de los tribunales entrerrianos cuando le toque el momento de declarar.

El tribunal integrado por José María Chemez, Carolina Castagno y Elvio Garzón escuchará los testimonios, como paso previo a la etapa de alegatos de este juicio que es uno de los más extensos y complejos de los que tiene memoria el Poder Judicial entrerriano.

De hecho, en Paraná se habla de un megajuicio, debido a que en él confluyen varias causas, todas vinculadas a presuntos hechos de corrupción administrativa que se imputan a Urribarri y algunos de sus ex ministros y personas allegadas.

En el banquillo de los acusados se encuentran también Pedro Báez, ex ministro de Cultura y Comunicación, y Hugo Marsó, ex ministro de Turismo de la provincia. En igual situación se hallan funcionarios de segunda línea de la gestión de Urribarri, y personas vinculadas a la imprenta privada con la que operaba la provincia. La hipótesis de los fiscales sostiene que a través de gastos del gobierno de Entre Ríos durante la gestión anterior se financió la fugaz pero costosa campaña presidencial del exgobernador Urribarri.

Hay algunos publicistas que también están imputados en esta causa. Uno de ellos, Jesús Bustamante, logró quedar fuera de este mega proceso judicial al acordar un juicio abreviado por el cual aceptó una pena de 2 años y 8 meses de prisión condicional, no sin antes asumir que se vio beneficiado con algunas contrataciones con el Estado entrerriano a cambio de retornar parte del dinero a dos empresas atribuidas a Aguilera.

Como en todo juicio, en este hay posturas contradictorias entre fiscalía y defensa. Mientras estos últimos niegan responsabilidades en hechos delictivos, la parte acusadora imputa una serie de operaciones que tendrían por destino financiar la campaña de Urribarri. Así, por ejemplo, se habla de pago con fondos públicos por publicidades que no se habrían ejecutado, sobreprecios en refacciones de obras para la realización del encuentro de mandatarios del Mercosur realizado en Paraná o beneficios con adjudicaciones publicitarias a empresas que no estaban constituidas ni forman parte del registro de proveedores del Estado provincial.

Por Jorge Riani

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