El ministro Mahiques y el juez Lijo comparten un viaje a París para exponer ante el GAFI las políticas contra el lavado de dinero
Integran una comitiva que defenderá la posición de la Argentina ante el organismo evaluador internacional
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LA NACIONHernán Cappiello
El ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, viajará la semana próxima a París con una comitiva integrada, entre otros, por el juez federal Ariel Lijo, para defender ante el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) las políticas de Estado de la Argentina en materia de lavado de dinero.
El viaje tendrá lugar entre el 15 y el 19 de junio y se trasladarán a París, además, el juez federal Sebastián Casanello y el titular de la Dajudeco, Tomás Rodríguez Ponte, especializado en peritajes de casos complejos, que trabajó muchos años con Lijo.
La delegación de jueces y del funcionario que depende de la Corte irá en representación del Poder Judicial para explicar los avances de las causas por lavado de dinero, como parte de la política de Estado de la Argentina.
El GAFI es un organismo internacional que evalúa anualmente las políticas argentinas en materia de lavado y, en esta ocasión, la delegación rendirá cuentas sobre los avances.
Además participarán de la delegación el titular de la Unidad de Información Financiera (UIF), Matías Álvarez; el coordinador nacional antilavado Agustín Flah; un especialista internacional en políticas contra el lavado de dinero; funcionarios del Banco Central y de ARCA, entre otros.
El viaje de Lijo en la misma comitiva que Mahiques despertó suspicacias políticas, pues el ministro de Justicia está alineado con Karina Milei en el seno del Gobierno. Y se asocia al juez Lijo como cercano al asesor presidencial Santiago Caputo, enfrentado con Karina Milei. Cada uno representa a un sector distinto de Comodoro Py, y quedaron en tensión por los últimos pliegos enviados al Congreso.
Lijo además tiene en sus manos las causas judiciales más sensibles para el Gobierno, como el supuesto enriquecimiento ilícito de Manuel Adorni, jefe de Gabinete, y las coimas de la Andis, donde está procesado Diego Spagnuolo, entre otros. Es decir, las suspicacias en torno al viaje son múltiples.
Pero integrantes de la comitiva consultados por LA NACION explicaron que es una misión técnica, donde la Argentina va a exponer sus avances en esta política de Estado y vincular el viaje con asuntos políticos domésticos es “desacertado y erróneo”.
Indicaron que los jueces viajan comisionados por la Corte y que expondrán los avances de sus causas. Los viajes de este tenor ya ocurrieron en el pasado, con intervención de otros magistrados, por ejemplo, Mariano Borinsky, o de fiscales, o del propio Casanello.
De hecho, esta semana Mahiques presidió la reunión del Comité de Coordinación contra el Lavado de Activos del Gobierno para preparar este viaje.
La agenda abordó el estado de avance de la actualización de la Evaluación Nacional de Riesgos de Lavado de Activos, proceso en curso desde 2025 que se organiza en torno a cinco mesas de trabajo temáticas.
Los organismos participantes informaron sobre la producción de información en cada área y se acordó un cronograma para las próximas reuniones.
Cada mesa analiza una dimensión específica del análisis: amenazas y tipologías delictivas; vulnerabilidades generales, con foco en economía informal, control fronterizo, corrupción y personas jurídicas; vulnerabilidades del sector financiero y no financiero; el ciclo de inteligencia financiera; y aspectos específicos del financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas.
El objetivo es que el Estado cuente con un diagnóstico actualizado que oriente las políticas públicas de prevención y combate en cada área.
Asimismo, se evaluó el estado de situación del segundo informe de seguimiento intensificado ante el GAFI, que Argentina deberá presentar en diciembre de 2026.
El primer informe, presentado en diciembre de 2025, fue aprobado por el pleno del organismo en febrero de 2026, que tomó nota de los avances del país y lo instó a continuar con las medidas orientadas a corregir las deficiencias identificadas durante la evaluación mutua de octubre de 2024.
Tras la evaluación mutua de 2024, Argentina quedó bajo un régimen de seguimiento intensificado que implica reportar anualmente sus avances.
El país tiene un plazo de tres años para demostrar mejoras sustanciales, por lo que las reuniones del Comité y la actualización de la Evaluación Nacional de Riesgos son parte central de ese proceso.
Del encuentro con Mahiques participaron el pasado miércoles los titulares de la Unidad de Información Financiera (UIF), Matías Álvarez, y de la Comisión Nacional de Valores (CNV), Roberto Silva; el superintendente de Seguros de la Nación, Guillermo Plate; los subsecretarios de Política Criminal, Emiliano Méndez Ortiz y de Asuntos Registrales del Ministerio de Justicia, Gonzalo Estevez; y representantes del Banco Central de la República Argentina, la Oficina Anticorrupción, el Ministerio de Seguridad, la Cancillería, el Ministerio Público Fiscal, el Inaes y ARCA, entre otros organismos del Estado con competencia en la materia.
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